El Consejo de Transparencia pide una reforma profunda de la ley para operar al margen del Consell

VALÈNCIA, (EFE). El presidente del Consell de Transparència, Ricardo García Macho, ha defendido este martes la necesidad de una reforma "en profundidad" de la ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno para que tenga independencia orgánica, pues es "un error" que dependa de la Conselleria de Transparencia.

García Macho ha entregado a Les Corts el informe elaborado por este órgano encargado de garantizar los derechos de acceso de la ciudadanía a la información pública, correspondiente a 2016, un ejercicio durante el que han tratado 118 asuntos.

El presidente del Consell de Transparència, quien ya el año pasado cuando entregó el anterior informe denunció la "precariedad" de medios con la que trabajaban, ha asegurado que "los problemas básicos están todavía por resolver", y ha admitido incluso que los integrantes de este órgano se han planteado dimitir por ello.

Ha insistido en que este Consell debe dejar de depender de la Conselleria de Transparencia y convertirse en un órgano estatutario, o bien en una administración independiente, y ha considerado que sus integrantes deberían recibir "algún tipo de gratificación" o de "emolumento" por su labor, pues ahora trabajan "gratuitamente".

También ha cuestionado que los aspectos referidos al buen gobierno figuren en la ley de Transparencia, y ha considerado que se podría debatir si debe ser un órgano unipersonal o colegiado, y si todo lo referente a la protección de datos debe pasar a depender de este Consell, como ocurre en otras autonomías y países.

Asimismo, ha afirmado que sus integrantes se deberían dedicar en exclusiva a esta responsabilidad, pues ahora cada uno trabaja en otro lugar y las resoluciones que han dictado han sido "con gran sacrificio personal de todos".

Además, ha considerado que sus integrantes deberían recibir "algún tipo de gratificación" o de "emolumento" por su labor, pues ahora trabajan "gratuitamente", lo que en su opinión "es algo insólito".

El presidente de este órgano ha explicado que en 2016 no contaron con ningún presupuesto y que este año disponen de 90.000 euros para los trabajos de un Consell que está formado por cinco miembros y que cuenta con una oficina de apoyo con tres personas, pero sin especialistas en derecho de acceso a la información.

Ha admitido que "las cosas han mejorado" respecto a los inicios de este Consell, cuando tuvieron que hacer el trabajo "muy en solitario", pero ha considerado que la precipitación con la que se aprobó la ley de Transparencia a finales de la anterior legislatura conllevó problemas estructurales que no se han resuelto, mientras que las reformas de la ley no han sido "las adecuadas".

García Macho ha destacado que, pese a todo, en lo que va de este año han tratado 54 asuntos y el año pasado fueron 118, entre ellos la petición de un investigador de Navarra de poder acceder a la tesis doctoral elaborada por Francisco Camps en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde dieron la razón al investigador.

Ha explicado que también han reclamado que haya "total transparencia" cuando un ciudadano haga una hipoteca, y que casi la mitad de las resoluciones que han dictado se referían a Administraciones locales, frente al 22 % relacionadas con la Generalitat.

A su juicio, un Consell de Transparència "bien organizado coadyuva a una mejora de la calidad democrática", ya que cualquier ciudadano puede presentar ante este órgano una reclamación sin tener que motivarla "lo más mínimo".