El Congreso retoma el debate para multar la morosidad empresarial por Ley

VALÈNCIA (EFE). El Congreso de los Diputados retoma la ley contra la morosidad comercial con la inclusión de sanciones y multas más duras por el incumplimiento en los plazos legales de pago, que podrían llegar hasta el millón de euros, después de que la morosidad de las Administraciones públicas ha llegado hasta los 70 días en 2019.

La ley contra la morosidad comercial fue una de las normas que decayeron en la XII Legislatura cuando se disolvieron las Cortes Generales por el adelanto electoral en abril de 2019.

La iniciativa había surgido tras la tramitación conjunta de dos proposiciones de ley, de Ciudadanos y del PDeCAT, muy similares, y se encontraba ya en la fase de ponencia y enmiendas.

Con el arranque de la nueva legislatura JxCAT ha rescatado su propuesta mientras que Ciudadanos también ha anunciado que registrará próximamente la suya y ERC ha avanzado que propondrá seguir con los trabajos ya adelantados en fase de enmiendas.

La nueva ley de morosidad contemplará sanciones y multas, en principio tanto a empresas como a administraciones, así como la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad que emita un informe anual sobre los plazos medios de pago.

El diputado de JxCAT Ferran Bel ha señalado a EFE que es urgente un régimen sancionador que desincentive el incumplimiento del periodo legal de pagos a los proveedores (60 días para las operaciones entre empresas y 30 días para las administraciones) y ha incidido en que hay que volver a lo "mayoritariamente pactado" con el resto de partidos.

JxCAT retoma multas que van desde los 3.000 euros para las infracciones leves, hasta 100.000 euros para las graves y el millón de euros para las muy graves.

No obstante la iniciativa del partido independentista catalán ha dejado fuera la creación de un sistema arbitral ante el riesgo de que éste pudiera invadir competencias autonómicas.

Su proposición de ley también modifica la legislación vigente para que no se pueda pactar entre las partes un plazo superior al legal.

"Las empresas más morosas son las grandes, ya que solo un 19 % de ellas paga a tiempo", dice el texto de esta iniciativa toda vez que en 2019 se ha conocido que en el sector privado, el plazo medio de pago alcanzó los 73 días, 13 más de lo que estipula la ley.

La morosidad aumentó en 2019

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reveló esta semana que el sector público aumentó su morosidad en 2019, con un plazo medio de pago a proveedores que subió hasta los 70 días, muy alejado de los 30 días establecidos por ley.

Y es que los partidos políticos que negociaron hace dos años una nueva ley de lucha contra la morosidad estaban de acuerdo con penalizar también a las administraciones que incumplan con la legalidad.

"En Ciudadanos somos muy conscientes del problema que supone para los autónomos y pymes que la Administración no pague sus facturas en plazo. Las conclusiones del último informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) son demoledoras y ponen de manifiesto que las Administraciones locales, que son para las que trabajan la mayoría de los autónomos, duplican el plazo legal", afirman técnicos de la formación naranja a EFE.

Tanto la iniciativa del PDeCAT en la XII Legislatura, como la de la Cs, abogaban por que las multas, según su grado de infracción, las impusieran órganos que designaran las comunidades autónomas.

Enmiendas

La ley recibió entonces 114 enmiendas y entre ellas se contemplaba que fuera infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de 20 días y muy grave, que dicho plazo excediera en más de 60 días.

Sólo el grupo parlamentario del PNV se mostró entonces en contra de este nuevo código sancionador al considerar que se trasladaba a las administraciones la responsabilidad de sancionar, cuando tendría más sentido presentar denuncias en los tribunales, además de que dudaba de su eventual eficiencia.

Ciudadanos además planteaba sanciones para que las multas se pagaran en un plazo máximo de 30 días, incluidos los intereses de demora y abogaba, al igual que JxCAT por que, en caso de reincidir en infracción muy grave, la empresa no pueda contratar con el sector público.

Plazos de prescripción

La nueva ley, no obstante, también contemplaba plazos de prescripción de las multas así como porcentajes de reducción según los días de demora.

El diputado de ERC Joan Capdevila ha destacado a EFE la urgencia de acordar esta ley cuanto antes y ha avanzado que registrará la próxima semana otra proposición de ley con los principales puntos ya pactados, entre los que destaca que la Administración pueda abonar directamente las deudas de los subcontratistas.

"Vetar el pago de facturas más allá de 2 meses, con multas disuasorias", pidió recientemente Capdevila en el Pleno del Congreso a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se comprometió a desarrollar un régimen sancionador contra la morosidad comercial en el marco del Consejo Estatal de la Pyme.

Por otro lado, Ciudadanos y JxCAt también coinciden en que la ley debe contemplar que las empresas acreedoras no tengan que pagar el IVA repercutido en las facturas no cobradas.