MADRID (EP). El Congreso de los Diputados aprobará y enviará al Senado este martes la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, con sanciones a la morosidad en el transporte de mercancías por carretera, pero también obligaciones más restrictivas para los servicios de VTC (vehículos de turismo con conductor), como Uber o Cabify. Así, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dará carpetazo esta semana a la tramitación de los dos proyectos de ley, aprobados en diferentes fases por el Gobierno de coalición, y que modificaban puntualmente esta norma. Todo ello tras una sesión de la ponencia en la que los grupos introdujeron las propuestas del PSOE y Unidas Podemos para las licencias VTC, pero también pactaron cambios en la propuesta del Gobierno en lo relativo al régimen sancionador al transporte de mercancías.
Estos cambios, pactados con el PP y el PDeCAT, modulan en graves y muy graves las sanciones, introduciendo una mayor proporcionalidad al planteamiento inicial del Ejecutivo, y previendo tres tramos de cuantía en la multa en función de la cantidad adeudada. También se prevé un endurecimiento de la sanción en caso de reincidencia, con una mayor cuantía atendiendo al especial perjuicio del transportista afectado. La propuesta, impulsada por Cs y que rondaría los 30.000 euros, está pendiente de concretarse con el PSOE y queda 'viva' con el resto de enmiendas no aceptadas para su votación el martes en Comisión. Junto al régimen sancionador en el transporte, la norma que aprobará el Congreso incluye cambios propuestos por el Gobierno para completar las infracciones previstas a los servicios de los VTC (vehículos de turismo con conductor), como Uber o Cabify, que saldrán hacia el Senado con mayores restricciones.
Así, según han informado a Europa Press distintas fuerzas parlamentarias, la ponencia ha incorporado las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que abundan en las infracciones relativas a la precontratación, definiendo como infracción muy grave la búsqueda de clientes que no hayan precontratado el servicio y endureciendo la posible revocación de licencia, en línea de las reivindicaciones del sector del taxi Concretamente, los cambios introducidos relativos a las VTC contemplan que la imposición de tres sanciones en un período de dos años a partir de la imposición de la primera de ellas pueda dar lugar a la revocación de una licencia. Inicialmente, el proyecto aprobado por el Gobierno pasaba por la retirada de la misma si se imponían cinco sanciones en un año.
Además, se va más lejos en lo previsto por el Gobierno en materia de infracciones. Según la enmienda introducida por la ponencia de la ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, será infracción muy grave que un servicio VTC conduzca para buscar, recoger o propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente en un tiempo previsto el servicio. También se concreta como infracción muy grave iniciar un servicio y recoger clientes sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, entendiendo para esta un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio. Asimismo, la reforma tipificará como infracción muy grave la salida de vehículos VTC del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio, al igual que no facilitarlas a los servicios de inspección. Todas estas infracciones, en caso de arrastrar previamente una sanción, acarrearán una multa de entre 2.001 a 6.000 euros.
Finalmente, la reforma impulsada por el Congreso modifica la habilitación a las comunidades autónomas competentes en la regulación de VTC, contenida en el decreto ley aprobado por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2018. Así, se concreta la definición de precontratación a regular por las comunidades, entendida "como el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio". La enmienda incluida en la nueva ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, elimina también la mención a "captación de clientes" dentro de las posibilidades regulatorias de las comunidades, pero sí contempla la regulación de "medidas destinadas a minimizar los recorridos en vacío".
Además de la morosidad entre transportistas y las obligaciones de las VTC, la reforma ha incorporado cambios impulsados desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y registradas por el PSOE en solitario, en materia ferroviaria, aérea y portuaria, en este caso unas modificaciones sobre el régimen jurídico de Senasa (Sociedad Mercantil Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica). En la Ley del Sector Ferroviario, el PSOE ha logrado una modificación para evitar que entre las causas para revocar de forma automática una licencia concedida a una empresa esté la imposición de dos sanciones por infracciones muy graves en el plazo de un año, una modificación sustancial de cara a la liberalización de este sector y la entrada de competidores privados.
En el caso de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los cambios impulsados por el departamento que dirige José Luis Ábalos van en la línea de clarificar la competencia para imponer sanciones por infracciones graves por contaminación desde buques o plataformas en espacios marítimos, que recae en el Director General de la Marina Mercante. La introducción de estas enmiendas, 'coladas' por el Gobierno en una iniciativa ajena a estas normas, ha despertado el rechazo de grupos como el PP o Ciudadanos, que se pronunciaron reacios a introducir estos cambios. Sin embargo, las enmiendas fueron incluidas en la reforma con la única oposición de Vox, que había fijado su oposición a la práctica totalidad de cambios planteados por el Gobierno.
Hasta el martes, fecha en la que está previsto votar las enmiendas 'vivas' y el texto definitivo de la ley, los grupos están estudiando también cómo salvar durante el próximo año la posibilidad de que en los dos próximos cursos escolares puedan prestarse servicios de transporte con autobuses de entre 10 y 18 años. Esta enmienda, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos con el fin de aliviar la viabilidad de las empresas de transporte escolar, y atendiendo a que este servicio no se prestó durante gran parte del curso anterior por la pandemia, está pendiente aún de incluirse, a expensas de una transaccional que los grupos del Gobierno negocian con el PP. Es precisamente por esta enmienda, que afectaría a las licitaciones del transporte escolar para el próximo curso, la que ha condicionado la tramitación de la norma, ya que el Gobierno, y buena parte de los grupos, coinciden en dar salida a la norma y agilizar su paso por el Senado. Así, diferentes fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que la intención de los grupos del Gobierno, y el respaldo de otras fuerzas, incluido el PP, es tramitar la norma de forma urgente en la Cámara Alta para que pueda estar en vigor este mismo mes o a principios de julio.