VALÈNCIA. (EP). El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha vuelto a aprobar este miércoles otorgar a las comunidades autónomas un mayor margen de déficit y de deuda para los próximos ejercicios, tras la reunión telemática mantenida por los representantes de las administraciones autonómicas y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet.
La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno ha sido la misma que llevó al CPFF del pasado mes de julio, la cual eleva dos décimas el déficit público para 2019, del 0,1% vigente al 0,3%, y fijando como objetivos el 0,1% en 2020 y el cero déficit en 2021. Por otro lado, los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el trienio 2019-2021 son del 23,7% para 2019, 23% para 2020 y 22,2% para 2021.
Esta propuesta ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP además de Canarias, mientras que a favor han votado la Administración central, que también emite su voto, Cantabria y las siete comunidades socialistas, incluida la Comunitat Valenciana.
El Ejecutivo gobernado por Ximo Puig, en coalición con Compromís, se ha movido desde la abstención al apoyo tras alcanzar con el Gobierno un acuerdo que contempla medidas por 850 millones adicionales, incluyendo la asunción de la deuda del Consorcio Valencia 2007, de unos 350 millones, por parte del Estado.
La reunión de este miércoles se produce por la necesidad del Gobierno de aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, tras el rechazo del Congreso el pasado mes de julio a la senda propuesta, exactamente la misma a la fijada este miércoles con las comunidades.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan estos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes para volver a aprobar estos objetivos, que deben someterse de nuevo a votación en ambas cámaras.
A partir de ahora, el Gobierno aprobará la nueva senda de estabilidad presupuestaria, previsiblemente el viernes en Consejo de Ministros, incluido el límite de gasto no financiero, en el conocido acuerdo de techo de gasto. Este deberá trasladarse nuevamente a las Cortes Generales para su debate y posterior votación de los objetivos de estabilidad.
El pasado mes de julio el Gobierno de Pedro Sánchez obtuvo únicamente el respaldo de su partido, el PSOE, y del PNV. Por contra, PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, EH-Bildu y Coalición Canaria los rechazaron, mientras que Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, todas ellas formaciones que auparon a Pedro Sánchez a La Moncloa en la moción de censura contra Mariano Rajoy, optaron por abstenerse.
A partir de ahora, el Gobierno tratará de convencer a sus socios de investidura. Primero, el Ejecutivo buscará el apoyo de Unidos Podemos, formación con la que esperan reunirse este mismo miércoles para negociar su apoyo al techo de gasto.
Todo ello después de que la coalición de izquierdas manifestara este lunes que "difícilmente" podrían alcanzar un acuerdo tras el rechazo explícito del Gobierno de Sánchez a renegociar la senda de reducción de déficit con la Comisión Europea o derogar la Ley de estabilidad presupuestaria.
Por otro lado, el cambio de posición del Ejecutivo valenciano puede provocar un nuevo apoyo al Gobierno, ya que en julio Compromís vinculó la abstención de sus cuatro diputados en el sentido del voto del gobierno regional, del que forman parte.
En todo caso, aun viendo aprobados estos objetivos en el Congreso, el Gobierno sigue estando en manos del PP para que puedan servir de base para la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Y es que también deben ser votados en el Senado, donde los 'populares' gozan de una cómoda mayoría absoluta.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
