El Consell Jurídic Consultiu concluye que la reversión a la administración de servicios públicos privatizados debe acompañarse de informes de viabilidad económica y alerta del "conflicto jurídico" que puede abrirse con la regulación de los 'falsos funcionarios'
VALÈNCIA. La regulación que el Consell para el personal a extinguir, aquel que se incorpora a la administración tras la reversión de un servicio público privatizado, ha recibido el varapalo del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El dictamen del órgano consultivo sobre la Ley de Acompañamiento a los Prespuestos de 2019, en la que el Consell trató de fijar un marco legal para los trabajadores que se integran en esas públicas con esa condición, contiene varias observaciones "esenciales" en las que el CJC insta a modificar o directamente suprimir los puntos más importantes que regulan a este personal.
El texto alerta de que la figura del personal 'a extinguir', que pese a entrar a una sociedad pública sin superar ninguna prueba puede agotar allí su vida laboral porque su plaza no puede salir a concurso, genera una "distorsión" en la forma de acceso al sector público. Por ello, el CJC advierte al Consell de que los expedientes de reversión de un servicio público deberían justificarse con informes "con datos y parámetros objetivos", por lo que le insta a contemplarlo en la ley.
El dictamen, del que el Consell tuvo conocimiento este jueves, reconoce la potestad de la Administración de optar por la gestión directa o la indirecta de los servicios públicos, pero avisa de que la ausencia de una "adecuada y objetiva" justificación de la reversión de los mismos –si se procede a ella de manera "generalizada"– "puede dar lugar a una vía alternativa de selección de personal de la Generalitat (a través de su sector público) prescindiendo no solo de los procesos selectivos, sino de los principios básicos constitucionales de igualdad y publicidad en el acceso al empleo" en las Administraciones Públicas.
También considera el Jurídic que los acuerdos de reversión deberían acompañarse de informes que acrediten la "viabilidad económica" de la incorporación de ese personal en el sector público, así como el cumplimiento de la normativa estatal sobre deuda y déficit y el control del gasto público.
LOS ACUERDOS DE REVERSIÓN DEBERÍAN ACOMPAÑARSE DE INFORMES QUE ACREDITEN LA "VIABILIDAD ECONÓMICA" DE LA INCORPORACIÓN DE ESE PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLICO
Aunque reconoce la complejidad de regular a este tipo de personal y lo atribuye al "vacío normativo" que existe en la legislación estatal, el CJC considera que la fórmula escogida por el Consell dista de ser ideal y puede dar lugar a problemas legales en el futuro. Tal y como viene relatando Valencia Plaza, la Abogacía de la Generalitat ya alertó al Consell de que las plazas del personal a extinguir no puede salir a concurso, lo que en la práctica implica que cientos de empleados de empresas privadas, como los bomberos de Tragsa o el personal de las residencias de diversidad funcional que asumiría el IVASS, podrán permanecer en una empresa pública como una suerte de falsos funcionarios; a saber, en condiciones similares a las de los trabajadores que sí superaron pruebas de acceso hasta jubilarse.
El dictamen llama la atención con carácter general sobre este hecho y destaca que, mientras el personal laboral fijo procedente de una subrogación (personal a extinguir) no puede verse afectado en su plaza, el funcionario interino (contratado en los términos del Estatuto Básico del Empleado Público, incluso el de larga duración) "puede ver como su plaza es objeto de convocatoria pública, con el riesgo de ser privado de su empleo si no supera el proceso selectivo establecido al efecto.
Sin ir más lejos, es lo que puede ocurrir en el Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS), adscrito a la vicepresidenta Mónica Oltra, entre el personal de las residencias concertadas que está asumiendo como a extinguir y los cerca de 700 trabajadores interinos con los que ya cuenta el ente y que siguen pendientes de que se convoquen plazas para poder consolidar su empleo.
Por ello, el CJC insta a suprimir todo un apartado de la ley con el que el Consell quería aclarar que el personal de las empresas privadas contratistas de la Generalitat solo podría adquirir la condición de empleado público si superase las "pruebas objetivas" que se convocaran en la empresa en la que se integran. En concreto, considera que esta redacción resulta "confusa" porque ese eventual proceso selectivo "ha de referirse a otras plazas de la entidad, sin que el personal a extinguir esté obligado a presentarse a dichos procesos, pues ya ocupa su plaza"
EL DICTAMEN INSTA A OLTRA A ELIMINAR EL NUEVO ARTÍCULO SOBRE LA REVERSIÓN DE RESIDENCIAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL
Con todo, los expertos del CJC reconocen la dificultad de compaginar la normativa laboral, que protege al trabajador de la empresa privada en el caso de una sucesión de empresa, con la normativa administrativa y constitucional, que protege el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Ello provoca que la subrogación de de este personal en empresas públicas de la Generalitat "no esté exenta de conflicto jurídico".
Tras el revés del CJC, el proyecto de la Ley de Acompañamiento de 2019 no pasará por el pleno del Consell de este viernes y será tratada en una reunión del Gobierno valenciano convocada para el próximo miércoles 31 de octubre, el último día que marca la ley para aprobar los presupuestos.
Hasta entonces, el Consell deberá decidir de qué forma subsana las deficiencias de las que alerta el CJC en la norma. El dictamen, que es preceptivo pero no vinculante, centra sus objeciones en la referida regulación marco del personal a extinguir de las empresas públicas y también específicamente sobre las modificaciones que la Conselleria de Igualdad ha introducido para blindar la reversión de las residencias de diversidad funcional.
En concreto, el dictamen plantea una observación esencial sobre un nuevo artículo introducido por el departamento de Mónica Oltra para asegurar la reversión de las residencias de diversidad funcional en el IVASS a medida que vayan venciendo los conciertos en vigor y la integración de su personal como a extinguir.
El nuevo punto decía específicamente que, finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, "el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, entendiendo por tal el correspondiente al momento del comienzo del contrato, al desgaste sufrido por su uso y al mantenimiento
Pues bien, para el tema de los trabajadores, el CJC mantiene el criterio ya expresado con carácter general para el personal a extinguir, mientras que en el caso del servicio, los expertos advierten de que la regulación compete al contrato, a los pliegos que rigen la contratación y a la normativa sobre contratación pública, pero en ningún caso a la legislación autonómica.
"No puede utilizarse la ley proyectada como instrumento para recoger aspectos concretos y singulares de una relación contractual con determinadas empresas privadas, al no ser contenido propio de una norma legal, ni siquiera con la justificación de dotar de una mayor garantía la extinción dela relación contractual, pues la norma proyectada no puede ir más allá de lo previsto en los contratos ni en la normativa sobre contratación pública", censura el ente consultivo.
Por ello, el CJC insta a eliminar todo ese punto introducido en la Ley de Medidas de 2019, en la línea de lo que la patronal de las residencias, Aerte, ha venido reclamando a la Conselleria de Igualdad en las últimas semanas.
Por otro lado, la reunión previa al pleno del Consell de este viernes volvió a estar marcada por la tensión evidente entre el PSPV y Compromís, enfrascados en cuadrar el proyecto de Prespuestos de 2019, por cuestiones que también tienen que ver con la regulación del personal de empresas privadas que pasa a depender de la administración.
Este enfrentamiento entre los socios del Consell hará que la solución definitiva a la crisis de los bomberos forestales vuelva a retrasarse. El decreto que Presidencia tiene listo para crear una mercantil que se subrogará a los bomberos que ahora dependen de la firma pública estatal Tragsa tampoco se aprobará este viernes por falta de acuerdo entre PSPV y Compromís.
Tal y como informó Valencia Plaza, Compromís forzó la salida de ese decreto del orden del día del pleno del Consell tras enfrentarse con su socio de Gobierno por la fórmula escogida para asumir a los bomberos forestales y hacer efectiva la subida salarial que llevan semanas reclamando. Mientras la Conselleria de Hacienda, controlada por el PSPV, proponía crear una nueva sociedad mercantil de carácter público, la coalición defendía su entrada como personal 'a extinguir' en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASRE) tras pasar de manera transitoria por una entidad pública empresarial.
Entre otros argumentos, el partido de Oltra se apoyaba en la falta de apoyo sindical al decreto de Ximo Puig para justificar su contrapropuesta. Sin embargo, el director de la Agencia, José María Ángel, firmó el pasado miércoles y acuerdo con UGT-PV y CCOO-PV que bendecía la fórmula para la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), la empresa 100% que asumirá a los bomberos.
COMPROMÍS APOYARÁ EL DECRETO DE PUIG PARA LOS BOMBEROS SI HACIENDA VALIDA EL DE OLTRA PARA SUBIR SALARIOS EN EL IVASS
Superado el escollo, Compromís accedió este jueves a respaldar la solución que propone Presidencia pero con condiciones. Según explican a este periódico fuentes de la negociación, la coalición no pondrá objeciones a ese decreto –que entre otras cosas allana la subida salarial del 30% que los bomberos llevan semanas reclamando– si la Conselleria de Hacienda da el visto bueno a un decreto que Oltra lleva meses intentando sacar adelante: el de la subida salarial del IVASS.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la vicepresidenta Mónica Oltra se enfrentaron hace meses por la forma de homologar los salarios en el IVASS, cuya plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres y donde existen grandes diferencias salariales porque coexisten varios convenios colectivos.
La Conselleria de Hacienda tumbó un decreto-ley diseñado por la Conselleria de Igualdad para acabar con esa brecha salarial ante as reservas manifestadas por la Abogacía de la Generalitat sobre la legalidad del texto elaborado por Oltra para la "adecuación retributiva" de las empleadas encargadas de atender a personas con diversidad funcional.
Ante ello, el conseller de Hacienda suscribió por su lado un acuerdo con los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV para la homologación de los puestos de trabajo del IVASS a los del resto del personal de la Generalitat en el plazo de tres años. Este acuerdo, del que Oltra se desmarcó públicamente en la siguiente rueda de prensa como portavoz del Consell, no satisfacía las aspiraciones de Igualdad porque estaba condicionado a la aprobación de los PGE. La homologación, en cualquier caso, sigue sin hacerse efectiva.
Fuentes de Compromís aseguran haber pactado con el PSPV una suerte de 'intercambio de cromos' aprobar en el mismo pleno del Consell tanto el decreto para la subida salarial de los bomberos como el del personal del IVASS. No obstante, aunque sostienen que ambos entrarán en el orden del día de la próxima reunión, el decreto de Igualdad aún tienen que recabar informes preceptivos como el de Abogacía de la Generalitat o el de Presupuestos.
Este mismo viernes, las trabajadoras del IVASS han convocado protestas coincidiendo con a reunión del pleno del Consell para reclamar que se cumpla el acuerdo de homologación al que llegaron con Hacienda. Paradójicamente, los empleados lamentaban que su problema fuera utilizado como arma arrojadiza entre los dos socios del Consell.