VALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó este viernes el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2021. Unas cuentas que vuelven a dar 600.000 euros al Consell del Audiovisual, órgano que debe velar por la calidad de la información que se emita en À Punt para que sea imparcial cuya ley fue aprobada en mayo de 2018 sin que desde entonces se haya constituido el citado organismo.
De hecho, esta es la tercera ocasión en la que el Ejecutivo valenciano destina fondos al inédito ente: 600.000 euros que nunca llegan a ejecutarse porque dos años y medio después, tanto el Parlamento como el Consell siguen sin nombrar a nadie para dar vida al órgano que, además, también tiene competencias para "intervenir en el proceso de adjudicación de licencias" de radio y de TDT. Un conflicto que lleva años sin resolverse. Si bien no determina el grado de participación que tendría en la toma de decisiones, la ley sí regula que participará en dichos procesos.
En varias ocasiones algún socio del Botànic ha intentado retomar esta tarea que lleva pendiente desde el mandato anterior, pero por diversas vicisitudes siempre termina guardada en un cajón. Así, conviene remontarse al momento en que PSPV, Compromís y Podem aprobaron la ley que debía dar vida al citado organismo para comprender el viacrucis que ha transitado el inédito Consell.
Su ley de creación ya nació con un tropiezo: pocos minutos después de validarla, en la misma sesión plenaria, Podem solicitó modificarla para cambiar el método de elección de los consejeros. La formación morada, entonces fuera del Consell, planteaba como condición sine qua non para dar su apoyo a esta normativa del Ejecutivo valenciano que todos los consejeros que integraran el órgano (un total de siete) fueran designados por Les Corts. También reclamaban que el presidente del mismo fuera elegido por la Cámara y no por el president de la Generalitat, Ximo Puig, para garantizar su neutralidad y evitar así que el organismo estuviera mediatizado por el Consell.
PSPV y Compromís, sin embargo, no estaban dispuestos a aceptar este ultimátum y la validación de la norma peligró porque los morados amenazaron con no apoyarla si no eran atendidas sus peticiones. Si éstos la rechazaban, la normativa no conseguiría la mayoría de dos tercios requerida para salir adelante y debería comenzar con su tramitación desde el inicio.
No obstante, para evitar el colapso, los tres partidos pactaron durante un receso celebrado en aquel pleno un texto intermedio en el que quedó plasmado que cinco consejeros serían nombrados por Les Corts y otros dos por el Consell, pero superando previamente un "examen de idoneidad". El presidente del Consejo del Audiovisual sería nombrado por el president de la Generalitat, pero también debería pasar previamente dicho control. Aún así, esa enmienda no llegó a votarse porque el PP se negó a firmarla a efectos de tramitación, por lo que Podemos cedió a votar a favor de la ley conforme estaba registrada desde el inicio con la condición de presentar esta propuesta de modificación al día siguiente.
Sin embargo, el "día siguiente" se convirtió en diez meses de retraso. Sus señorías no retomaron su reforma a tiempo durante casi un año -a pesar de que tan solo se debía modificar un artículo- y esa laxitud tuvo como repercusión que el adelanto electoral decretado por Ximo Puig terminara enterrándola.
Con estos mimbres, la intención de los morados era que su nuevo grupo parlamentario, Unides Podem, retomara este compromiso en la actual legislatura. Algo que tampoco ocurrió finalmente porque éstos consideraban que lo que se debía hacer era poner "cuanto antes" en marcha el órgano. Ese "cuanto antes" lo pronunciaron en noviembre de 2019. O lo que es lo mismo: hace un año. Y desde entonces no ha ocurrido nada.
Compromís, por su parte, deslizó en marzo su intención de acelerar la creación del Consell Audiovisual. Pero la mala fortuna que acompaña a este organismo hizo que la propuesta de la coalición coincidiera con el estallido de la pandemia y su pretensión, por tanto, quedara aparcada. Otra vez. Ahora, por tercer año consecutivo el Consell vuelve a reservarle 600.000 euros. El Parlamento y el Gobierno valenciano tendrán otro ejercicio por delante para decidir si nombran a alguien que lo integre y ejecutar esta partida, o vivir de nuevo este dejá vù hasta el infinito.
