La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El pacto del Botànic formado por PSPV, Compromís y Unides Podem vuelve a atravesar turbulencias por la relación entre los dos socios mayoritarios. El último conflicto se ha desatado a raíz del desacuerdo respecto a la Ley de Función Pública y, en concreto, el requisito lingüístico -dominio del valenciano- que debe aplicarse sobre los empleados de la Administración.
Una crisis que protagonizan los máximos responsables de las áreas afectadas: la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, independiente elegida por los socialistas, y el titular de Educación, Vicent Marzà (Compromís), que cuenta además con el apoyo de la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra.
Un problema que ha tenido como consecuencia la retirada de la iniciativa para su aprobación en el Pleno del Consell de este viernes pese a que así estaba previsto. Esta falta de acuerdo, más allá del contenido de las desavenencias, ha revivido una práctica dentro del Botànic que regresa recurrentemente en los momentos de máxima tensión: la batalla por ganar el relato mediático.
Llamadas telefónicas, filtraciones selectivas y, en definitiva, el alejamiento del diálogo entre los actores decisivos en la gestión para concentrar los esfuerzos en convencer a los medios de comunicación de quién es el bueno (y el malo) de la historia.
Una tradición que ya comenzó en los albores del Botànic I. Una de las claves del primer acuerdo entre las fuerzas de izquierdas allá por 2015 se centró en derribar la posición de Mónica Oltra, quien inicialmente decidió no regalar públicamente su apoyo al socialista Ximo Puig -el más votado- para ser presidente de la Generalitat.
En aquel momento, se produjo una batalla capitaneada por la formación socialista por el control de las versiones mediáticas dirigida a socavar la posición de la líder de Compromís. De hecho, el PSPV llegó a plantear la posibilidad ficticia -los números no daban- de un acuerdo con Ciudadanos -hubo incluso reunión con la portavoz naranja, Carolina Punset- como amenaza para elevar la presión sobre la coalición valencianista.
Oltra cedió -no sin expresar sus quejas amargas por el trato recibido- a los pocos días, pero aquellos días evidenciaron -o así lo entendieron muchos- la importancia de ganar la batalla del relato en los medios de comunicación. Aunque fuera a costa, en aquel caso, de los futuros y probables socios.
De esta manera, aquello que funcionó en el momento clave de 2015, se ha seguido utilizando durante estos años cuando se han producido asuntos relevantes en los que las posiciones eran difícilmente conciliables. Un ejemplo de ello fue el adelanto electoral impuesto por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciado -e incluso apoyado- por periodistas y medios antes de ser siquiera comunicado a Compromís.
El Consell retira del pleno la Ley de Función Pública por discrepancias con el requisito lingüístico
Una hábil maniobra para conseguir el viento de cola de una decisión que contradecía el principio de respeto a los socios que hasta entonces había mantenido el presidente de la Generalitat y que causó, al confirmarse, un fuerte malestar en la coalición valencianista y, en especial, en la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien acudió a una reunión de hechos consumados en la que solo pudo mostrar su desacuerdo.
No obstante, la preparación mediática apuntalada por 'pesos pesados' socialistas había allanado el terreno lo suficiente para que la decisión -adelantar un mes las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales- pasara por la de un jefe del Consell preocupado por la visibilidad de la Comunitat Valenciana y no por la de un mero estratega en apuros.
Son un par de ejemplos relevantes de cómo funciona un gobierno de coalición, aunque hay muchos otros. Cada vez que salta a la palestra algún asunto polémico o de posiciones encontradas, se sucede la pelea por llegar con una apariencia más razonable a la opinión pública: sea la ampliación del Puerto, las reclamaciones al Gobierno de España -aquí es donde Compromís aprieta más- o, en este caso, el requisito lingüístico de la Ley de Función Pública.
Una manera de convivir -especialmente entre PSPV y Compromís- que promueve la discusión a través de los medios de comunicación y fabrica una cantidad de bilis que, progresivamente, se hace más difícil de digerir para los actores implicados. En este caso, los máximos responsables del Gobierno de la Comunitat Valenciana.
