Vicent Soler y Mónica Oltra. Foto: GVAVALÈNCIA. Este sábado el Consell anunció unos recortes de 364,7 millones de euros sobre el Presupuesto de la Generalitat, aproximadamente 80 millones menos de los esperados. Un paso que debía resolverse entre las tres fuerzas del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- cuanto antes para remitir el Plan Económico-Financiero (PEF) al Ministerio de Hacienda con la intención de que éste desbloqueara el FLA extraordinario de 250 millones al que se comprometió la ministra María Jesús Montero tras la reunión con el jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig.
La resolución de esta tarea que socialistas, valencianistas y morados tenían pendiente para que la Comunitat Valenciana reciba el extraFLA antes del 9 d'Octubre se presuponía tensa, pero parecía haberse saldado este sábado finalmente sin estridencias y con una llamativa discreción. Sin embargo, pocos minutos después de conocerse que el Consell había pactado este plan de ajuste, comenzaron a aflorar las críticas al Gobierno central de Pedro Sánchez desde las filas valencianistas.
La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, criticó que el Ejecutivo de Sánchez hubiera "obviado la singularidad de la infrafinanciación valenciana" y "aumentado el maltrato" hacia la Comunitat al obligar al Consell del Botànic II a realizar recortes. "A la vergonzosa parálisis de su gobierno en la consecución de un nuevo modelo de financiación, se debe sumar ahora que no haya hecho caso a la demanda de un trato singular hacia la comunidad autónoma más infrafinanciada del Estado", censuró Mas.
"Es lamentable que el cambio en el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro (PP) a María Jesús Montero (PSOE) no haya supuesto ninguna mejora para nuestro territorio en el trato por parte de la administración central. No solo no solucionan la discriminación que sufrimos, sino que la aumentan", añadió la exdirectora general de Transparencia en la legislatura pasada.
El envite no tardó en tener réplica por parte del PSPV. El portavoz socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, le apuntó que los valencianistas "tienen 1.325 razones para alabar la gestión del Gobierno de Sánchez". "En una acción conjunta, de la que parece que Compromís ahora se desmarca, decidimos en su día hacer constar en nuestros presupuestos una partida de 1.325 millones vinculados a la financiación -los conocidos como millones ficticios-. El Ministerio de Hacienda nunca nos ha recriminado por esa cuestión", reprobó el también vicesecretario de los socialistas en la autonomía.
En esta línea, invitó a la UTE electoral integrada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo a "realizar una reflexión porque no puede estar atacando a los socialistas sistemáticamente".
De momento, estos recortes -retenciones de crédito para el Consell- suponen el 1,5% del Presupuesto Consolidado de la Generalitat y, según el comunicado emitido por la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler, no tienen impacto efectivo en los servicios públicos fundamentales porque se han producido sobre partidas "inejecutables a estas alturas del ejercicio que no se iban a gastar".
En concreto, las retenciones de crédito se reparten de la siguiente manera en el presupuesto: Capítulo I de personal, 20 millones; Capítulo II de gastos de funcionamiento, 42,4 millones; Capítulo III de intereses, 1 millón; Capítulo IV de transferencias corrientes, 38,9 millones; Capítulo VI de inversiones, 118,6 millones; Capítulo VII de transferencias de capital, 133,4 millones; y Capítulo VIII de activos financieros, 10,4 millones.
Conviene apuntar que una de las condiciones de Compromís a la hora de negociar estos ajustes era tratar de realizar concesiones en el apartado de Personal (Capítulo I) que permitieran a la Generalitat realizar contrataciones de empleados públicos en los próximos meses, lo que contribuiría decisivamente a mejorar la ejecución presupuestaria e incluso a la recaudación de fondos europeos en determinadas áreas como Agricultura y Medio Ambiente.
Una condición que los valencianistas habían puesto encima de la mesa para negociar el PEF y sobre la que, según fuentes consultadas por este diario, se ha llegado a un acuerdo entre Compromís y PSPV. Aseguran que la retención de los 20 millones en el capítulo de personal corresponden a partidas que no se iban a poder gastar, pero que habrá luz verde para realizar contrataciones de empleados públicos tanto en las consellerias dirigidas por los valencianistas como por los socialistas.
Tras la negativa del Gobierno central en manos de los socialistas a realizar entregas a cuenta por encontrarse en funciones, Compromís advirtió que no realizaría ningún ajuste en las cuentas de la Generalitat si antes el Ejecutivo valenciano no exigía "los Ingresos que legalmente corresponden a la Comunitat Valenciana". En las filas valencianistas criticaban la falta de contundencia los socialistas valencianos en el Consell frente a sus homólogos en Castilla-La Mancha, "mucho más reivindicativos" a la hora de reclamar la falta de ingresos al Estado.
Días más tarde, la propia vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, mantuvo una reunión con el conseller Soler en la que le aseguró que Compromís no negociaría los ajustes exigidos por el Gobierno de Pedro Sánchez si antes los socialistas no solicitaban la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar "las posibles soluciones a la asfixia financiera a la que el Gobierno de España en funciones tiene sometidas a las comunidades autónomas".
El enfado de la coalición valencianista no solo venía motivado por el retraso de los 450 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de 2019. También por la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno central adeuda a la Comunitat, cifrada en 280 millones de euros.
La reunión de Puig con Montero unos días más tarde, tampoco alivió en exceso la tensión entre Compromís y PSPV. No en vano, el jefe del Consell apenas logró un préstamo; el adelanto del extraFLA de 250 millones de euros. El dudoso éxito de este encuentro derivó en que las declaraciones de miembros de la coalición valencianista como Fran Ferri cuestionando los recortes que el Gobierno valenciano debía acometer se siguieran sucediendo. Incluso, a pesar de que la elaboración de este PEF es una condición previa como establece la normativa actual para que el Ministerio de Hacienda desbloquee el FLA extraordinario del que dependen los pagos a proveedores.
Por su parte, Unides Podem (UP) también había expresado su deseo de que estos recortes no llegaran a producirse. Un escenario que se confirmó como inevitable y ante el que la síndica de UP en Les Corts, Naiara Davó, defendió la necesidad de que los fondos de la Conselleria de Vivienda -dirigida por Podem- no se vieran mermados.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
