SAN VICENTE DEL RASPEIG. La población de San Vicente del Raspeig tendrá que pagar 50 céntimos más al mes en la factura del agua. No por orden del Ayuntamiento, sino debido a la procedencia del agua que llega a la localidad, suministrada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, "cuya agua es más cara", aclara el concejal de Contratación, Jesús Arenas (PSOE).
Para ayudar a que la población pueda hacer frente al pago de la factura del agua, el Ayuntamiento de San Vicente y Aguas de Alicante presentaron, en noviembre de 2020, la creación de un fondo social compuesto por 193.000, de los cuales 117.000 euros se destinarán a favorecer y dar soporte económico a las personas y unidades familiares con escasos recursos económicos y en riesgo de pobreza, 41.000 euros a la actividad empresarial y alojamiento y 35.000 euros para el resto de actividades relacionadas.
El 80% de agua que llega a San Vicente procede de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, mientras que el 20% restante llegan de los acuíferos del Vinalopó en Villena, "a través de una concesión que tiene Aguas de Alicante para dar suministro a todos los municipios que gestiona". Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar publicó unos informes sobre el uso de los acuíferos del Vinalopó que "reflejan el preocupante descenso de los niveles de agua en los acuíferos. Es decir, se quedan secos porque están sobreexplotados", interpreta el edil.
Para comenzar a solucionar esta situación, "la Confederación requirió, en marzo de 2020, que se redujeran los aportes del Vinalopó", explica Arenas, "instando a todos los municipios que se nutren de esta agua a que reduzcan su consumo y busquen una fuente alternativa". Por ello, el Consistorio sanvicentero escogió ampliar el suministro que recibe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, lo que repercutirá en una subida de 50 céntimos al mes en la factura de un usuario medio en este municipio de L'Alacantí.
También en marzo de 2020 la Confederación pidió que se pusiera en marcha la desaladora de Mutxamel como alternativa, pero debido a la situación sobrevenida por la pandemia, los municipios a los que se propuso -entre los que se encontraba San Vicente- "firmaron un escrito alegando que no era el momento de este cambio, por lo que la Confederación dio una prórroga de unos meses y es en junio cuando instó a la puesta en marcha de la desaladora", cuenta el concejal de Contratación.
Cuando se estudió de dónde podía provenir el agua en un futuro, San Vicente se encontraba entre los potenciales usuarios de la desaladora de Mutxamel. Una realidad que no se ha llegado a dar por la decisión de la localidad de aumentar el consumo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Por esta decisión, Arenas comunica que "San Vicente no está conectado a la desaladora y no deberá pagar nada por ella, al no tener conexiones ni infraestructuras físicas para podernos suministrar". Esto significa que no tendrá que abonar parte del coste de la planta, entre el 50% y el 65% de 90 millones de euros, como sí lo harán otros ayuntamientos de la comarca.