Miembros de la corporación municipal durante el pleno telemático de febreroSAN VICENTE DEL RASPEIG. El equipo de gobierno de San Vicente del Raspeig (PSOE y EU) se ha visto obligado a anular dos acuerdos que adoptó en el pleno de noviembre, hace tan solo tres meses, para evitar que el Ayuntamiento acabe en los tribunales. En este sentido, la concejala de Ciudadanos Mariela Torregrosa ha explicado que "en aquel pleno ya les advertimos de las consecuencias judiciales que podría tener aprobar ambos asuntos que ahora han tenido que anular para evitar males mayores".
Por un lado, el equipo de gobierno ha aprobado en el pleno la anulación parcial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aprobó en la sesión plenaria de noviembre y que contaba ya entonces con el informe en contra de la Secretaría. La Subdelegación del Gobierno ha obligado al Ayuntamiento a anular parcialmente el acuerdo en el plazo de un mes y bajo la amenaza de que, de no hacerlo, puede impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Torregrosa ha recordado que "Ciudadanos votó en contra de la modificación de la RPT ante la negativa del concejal de Recursos Humanos, José Manuel Ferrándiz, de retirar el acuerdo que contaba con un informe en contra de la Secretaría municipal, que es precisamente uno de los argumentos en los que se basa la Subdelegación del Gobierno para requerir que se anule este acuerdo".
La concejala de Cs ha afirmado que "en aquel pleno ya les advertimos de que aprobar este punto con informes desfavorables era una irresponsabilidad que podría tener consecuencias como la anulación del acuerdo, además de que era otro parche más que en ningún caso iba a ser la solución definitiva que los trabajadores están esperando y que solo ven cómo se generan falsas expectativas que luego acaban en nada".
Por otro lado, el equipo de gobierno ha aprobado también la suspensión de otro acuerdo adoptado en la sesión plenaria de noviembre. En este caso, el Ayuntamiento ha estimado el recurso presentado por Enrique Ortiz e Hijos contra el acuerdo que tomó el equipo de Gobierno en aquel pleno por el que le liquidaba a la empresa el pago de 1,9 millones tras la renuncia unilateral a la concesión del parking situado bajo el Consistorio.
El gobierno municipal ya se vio obligado a anular dicha liquidación cuando la realizó a través de la Junta de Gobierno Local después de que una sentencia declarara nulo el acuerdo por no ser el órgano competente para hacerlo. Fue entonces cuando, en el pleno del mes de noviembre, anularon aquel acuerdo y decidieron realizar la liquidación de nuevo a través de este órgano, decisión que ahora se han visto obligados a suspender ante el recurso presentado por el contratista y el riesgo de que este acuda a los tribunales.
La concejala de Ciudadanos ha explicado que "en aquel pleno ya cuestionamos si era procedente llevar a cabo en este momento la liquidación del ingreso debido a las consecuencias judiciales que podría tener para el Ayuntamiento dado que la sentencia en la que se sustenta está recurrida por la empresa en casación ante el Tribunal Supremo y, por tanto, todavía no existe un fallo judicial firme que nos permita tomar esta decisión".
Torregrosa ha añadido que "estamos hablando de cuestiones complejas y que pueden tener una repercusión económica muy importante para el Ayuntamiento de San Vicente y, por tanto, para los vecinos, por lo que exigimos al equipo de gobierno que actué con el máximo rigor y prudencia para no seguir dando pasos en falso que puedan suponer un problema a corto y medio plazo".
