EL CAMPELLO. Un grupo de residentes afectados por los ruidos de una casa en el barrio del Tracho y la formación municipal de Podemos en El Campello han llevado a cabo una recogida de firmas que han entregado durante la mañana del 13 de enero para instar al Ayuntamiento a actuar. En total, un centenar de personas ha apoyado la queja para que la tranquilidad vuelva a este barrio, que se ha visto alterado, desde hace alrededor de un año, por el comportamiento incívico de unos inquilinos.
Fuentes vecinales explicaron a Alicante Plaza que los alquilados estarían presuntamente relacionados con temas de prostitución, además de montar fiestas que se prolongan hasta la madrugada, conectarse a un generador eléctrico que produce humo, olor a gasolina y ruidos e incumplir las medidas de seguridad frente a la covid-19 al reunirse más de seis personas en la casa. Por todo ello, y tras presentar múltiples quejas en el Ayuntamiento, los vecinos y vecinas recurrieron al Síndic de Greuges en octubre exponiendo la situación y trasladando la inacción del Consistorio al respecto. Es ahora cuando el defensor del pueblo valenciano ha remitido una respuesta, dando la razón a la parte afectada e instando a la administración municipal a actuar.
A través de este escrito, la institución recomienda al Consistorio de El Campello que, "en situaciones como la analizada, adopte las medidas que resulten precisas para investigar las denuncias que por ruidos le transmitan los ciudadanos, así como las medidas que sean precisas para paliar las molestias que sean efectivamente constatadas", además de adoptar medidas para "dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos".
En este sentido, expone que "han sido numerosas las visitas por parte del servicio de Policía Local a la vivienda causante de las molestias, a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, atendiendo de esta forma las llamadas recibidas, denunciando estos hechos". Y es que, según el registro de julio a septiembre, la Policía Local ha tomado parte en el asunto hasta en once ocasiones, cuando vecinos y vecinas de la zona han llamado notificando los ruidos.
Pese a que "las molestias denunciadas fueron constatadas por los agentes en reiteradas ocasiones", el Síndic advierte que el Consistorio no notificó el problema a los servicios municipales competentes en materia medioambiental para que adoptasen medidas investigadoras y correctoras". Ante esta inacción, el defensor del pueblo establece que el Ayuntamiento "debió dictar una resolución y notificar la respuesta alcanzada". Y entiende que, al no informar sobre "el resultado de las actuaciones, la administración no cumple adecuadamente con los nuevos estándares de calidad que imponen las normas".
A su vez, el Síndic traslada en su escrito que, según el informe remitido por el Ayuntamiento con respecto al generador eléctrico, "se aprecia que el problema medioambiental denunciado se encuentra solucionado, al informarse que la vivienda dispone fluida eléctrico y que, por lo tanto, ya no precisa del uso del citado grupo electrógeno".
Por su parte, también parece haber cierta desconfianza alrededor del empadronamiento en el municipio de estos inquilinos. Así lo considera el representante vecinal del asunto, que comunica haber interpuesto otra queja ante la falta de información: "Hemos pedido al departamento de Estadística que nos informe sobre el tema, porque en el pleno de octubre se mencionó que se había empadronado a estas personas de forma irregular, con un contrato que tenía pinta de ser falso o, al menos, dudoso".
Para conocer con más detalles esta inscripción en el censo, el representante vecinal solicitó en noviembre el expediente correspondiente y, aunque el Ayuntamiento sí respondió a esta petición, dos meses más tarde sigue sin tener acceso al documento. "He solicitado información para conocer las supuestas irregularidades del empadronamiento y el contrato; me han remitido un escrito, pero ni resuelve nada ni me da copia del expediente que, por la ley de transparencia, están obligados a darme", traslada.
En dicha respuesta, el Consistorio únicamente explica los requisitos de empadronamiento para personas sin domicilio o en infraviviendas, alegando que "se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos" y que debe "recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y es conocida de los Servicios Sociales correspondientes".
En cuanto al pleno de octubre al que se hace referencia, el Ayuntamiento expone que los concejales "no hacen referencias a un contrato falso de arrendamiento, sino a un contrato de alquiler con dudas", además de notificar que el expediente que solicita "no se menciona en ningún momento durante la sesión plenaria". Lo que lleva a la administración a pensar que el representante vecinal "puede tener un conocimiento previo del contenido del expediente, por lo que esta Alcaldía desearía conocer si ha tenido conocimiento previo del mismo en algún momento y a través de qué medio lo ha obtenido".
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