SAN VICENTE DEL RASPEIG. El pasado lunes 3 de agosto la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. Un plan que finalmente salió adelante por 12 votos a favor (PSOE), pero que se encontró con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns, y con las negativas de Partido Popular, Junts per Catalunya y Ciudadanos.
La luz verde por parte de la FEMP, la cual preside el también alcalde de Vigo, Abel Caballero -quien aportó el desempate como voto de calidad- se traduce en que el gobierno central pueda utilizar los remanentes de las administraciones públicas municipales (ayuntamientos) y provinciales (diputaciones).
Es por esta nueva propuesta que el Partido Popular en San Vicente del Raspeig pedirá al equipo de gobierno municipal (más concretamente al alcalde, Jesús Villar, y al PSOE) que se posicione ante el destino de los 25 millones de euros que atesora el Ayuntamiento sanvicentero. Una petición que los populares presentarán como uno de los puntos del orden del día dentro del pleno extraordinario que se celebrará a principios de septiembre, si la formación socialista no se pronuncia antes.
"Es una decisión importante, pues nos estamos jugando el futuro de nuestros ahorros municipales y entregárselos al Gobierno central no inspira mucha confianza a tenor de lo ocurrido con el propio acuerdo, en el que se comprometían a la devolución del dinero en un máximo de 10 años, y al publicarlo en el BOE ya lo cambiaban a 15 años. Es asumir un riesgo", insiste Óscar Lillo, portavoz del PP en San Vicente. Un riesgo que se incrementa, según el edil, porque "los socialistas están demostrando a lo largo de toda su gestión que pueden decir una cosa, hacer todo lo contrario, y plasmar sobre el papel una tercera muy distinta. No es nada fiable".
La formación opositora propone someter a votación de la corporación municipal si el Ayuntamiento debería o no adherirse a la propuesta relativa al remanente de los municipios y diputaciones. Además, también solicitan el voto para pedir al Gobierno que se suprima la regla de gasto y se amplíen los plazos de ejecución de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), así como a respetar el principio constitucional de autonomía financiera de las entidades locales.
"Son muchos los ayuntamientos de gobierno socialista que ya se han posicionado en contra de la propuesta central y a favor de sus vecinos", informa Lillo. Y añade que el objetivo es conocer "cuál es la postura del alcalde, del grupo municipal socialista y del resto de grupos del Ayuntamiento de San Vicente. Queremos saber si Jesús Villar y su grupo municipal están más dispuestos a defender los intereses de los sanvicenteros o los de su propio partido, el PSOE".
En este sentido, el PP se posiciona a favor de que estos 25 millones de euros se dediquen a San Vicente: "Es un ahorro que se ha obtenido con el sacrificio en determinados períodos de la población de San Vicente, porque resultaba necesario. Ahora es de justicia que sean empleados en la propia población, en unos momentos en que es primordial ayudar a la ciudadanía a superar la crisis provocada por el coronavirus, a mejorar los servicios que están en precario, a infraestructuras necesarias y, en definitiva, a destinar estos recursos a la recuperación económica de nuestra ciudad", se reafirma Lillo.
