SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Partido Popular de San Vicente del Raspeig evidencia que la situación en materia de seguridad en el Ayuntamiento continúa igual, un año después de la agresión que se produjo en uno de los despachos municipales. La respuesta del concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz (PSOE), a la pregunta sobre este tema planteada en el pleno de febrero fue que “no se ha llegado a ninguna conclusión”, a pesar del año transcurrido.
“No es sorprendente, sino verdaderamente preocupante, la respuesta del concejal de Seguridad y, a su vez, responsable del personal municipal como concejal de Recursos Humanos”, señala Óscar Lillo, portavoz popular, quien expone que “no solo no ha llegado a una conclusión en el transcurso de un año desde la agresión, sino que no parece tener intención de solucionarlo”.
Los populares recuerdan que el año pasado por estas fechas se produjo una agresión en uno de los despachos del consistorio. En aquel momento, desde esta última Concejalía y desde la de Seguridad -de la que depende la Policía Local-, afirmaron que estaban buscando soluciones, especialmente por parte de los trabajadores de Servicios Sociales, de contar con medidas de seguridad.
“Trasladar el mostrador a la puerta con un auxiliar de servicio es toda la solución que se ha dado, no siendo la seguridad una competencia de este puesto”, afirma Lillo, “cuando además se ha incrementado considerablemente la carga de trabajo en estos puestos con las restricciones de aforo motivadas por la pandemia y la implantación de la sede electrónica desde el mes de junio por la falta de planificación y previsión a la hora de dotar de personal para atender al público en el CIVIC”.
Además, el portavoz popular añade que “el edificio consistorial es grande y con un gran número de departamentos y despachos, con tránsito importante, movimiento de entradas y salidas en los que tanto los trabajadores municipales como los visitantes deben sentirse seguros. De ahí la necesidad de personal de seguridad, bien público o privado, a quien poder acudir de forma inmediata en caso de necesidad. Es algo que podemos encontrar en los edificios de otras administraciones de similares características, donde además se lleva un exhaustivo control de acceso de entradas y salidas”.
"En la prensa de hace un año se podían leer las declaraciones de la concejala de Bienestar Social, Isabel Candela (PSOE), que afirmaba que se necesita seguridad en el Ayuntamiento y en ello estamos. Estamos estudiando las posibilidades que tenemos y qué tipo de seguridad. Esto es sí o sí. O las del concejal de seguridad, quien señalaba que estamos viendo de qué manera podemos hacer una redistribución de efectivos para dotar de más seguridad al ayuntamiento”.
Lillo insiste en que “la realidad es que 365 días después, las instalaciones siguen en la misma situación de desprotección, rogando para que no se repita un incidente de estas características que ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores o los vecinos que acuden a realizar sus trámites al ayuntamiento”.
