EL CAMPELLO. Con el objetivo puesto en redactar y aprobar una ordenanza específica, el Ayuntamiento de El Campello ha comenzado los trabajos para elaborar un registro de solares y edificios a rehabilitar en el municipio, para lo que en primer lugar se activa una encuesta ciudadana para recabar la opinión de los vecinos y organizaciones potencialmente afectados por la futura norma. Se puede responder a la consulta a través de https://forms.gle/Tbq3bg6dkDE1dHR2A de la web municipal, en formato PDF rellenable, en el que constan las preguntas.
La legislación actual obliga a los propietarios de edificaciones de más de 50 años de antigüedad a elaborar un informe de evaluación que diagnostique su estado de conservación y las obras que necesita para mantenerlo en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. En el caso de que necesiten obras para alcanzar ese objetivo, el Ayuntamiento puede tomar medidas para obligar a dichas actuaciones, pudiendo imponer multas de 600 a 6.000 euros.
El departamento municipal de Gestión Urbanística, cuya gestión recae directamente en el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), plantea la encuesta para conocer la opinión de los vecinos y vecinas acerca de cuestiones varias, como la valoración general del estado de las edificaciones existentes en el núcleo urbano, qué solares creen que debería dar prioridad el Ayuntamiento a la hora de impulsar su edificación o rehabilitación o qué zonas considera que deben ser prioritarias en cuanto a vigilancia de solares y conservación de edificios.
También se pregunta sobre la conveniencia de impulsar nuevos sectores de desarrollo mientras quede suelo vacante por edificar y recaba opinión sobre los casos de nuevas áreas urbanizadas en los que durante años permanecen solares vacantes por desarrollar.
El cuestionario plantea igualmente conocer qué imagen resulta más molesta a la población: solares vacíos sin edificación, edificaciones en obra sin concluir y abandonadas o edificaciones deterioradas o abandonadas ruinosas. Eso da pie a preguntar si los vecinos creen que el Ayuntamiento debería proceder a la expropiación o venta forzosa prevista en la legislación valenciana en casos en que los propietarios incumplan con sus obligaciones.