Marzà garantiza que encontrarán una solución, pero recuerda que están obligados a cumplir la ley. El conseller lanza una llamada a la tranquilidad a los profesores
VALÈNCIA. “Tenemos que cumplir la legalidad”. El conseller de Educación, Vicent Marzà, se encuentra en una encrucijada. La negativa de la Intervención de la Generalitat a permitir los contratos de interinos, y la asunción de esa orden por parte de la Conselleria, ha provocado la indignación en algunas de las universidades públicas valencianas y entre los sindicatos, especialmente en el STEPV, el más representativo del sector. Una indignación que Marzà comprende.
El problema, explica, es que están atrapados. Por un lado Intervención les ha advertido que no pueden autorizarse más contratos cómo hasta ahora al colectivo de contratados doctores, porque se está incumpliendo la legalidad ya que no se producen por concurso público. Por el otro, el Ministerio de Hacienda sigue sin resolver el espinoso tema de la tasa de reposición y asegura que esos contratos deben contabilizar dentro de la temida tasa. “La misma Intervención nos ha dicho que no podemos; algo que no sucedió con los gobiernos anteriores a los que no se les dijo nada”, comentaba a Valencia Plaza.
Desde el STEPV no quieren que el departamento de Campanar mire a otro lado. Así, recuerdan que “las universidades públicas valencianas y su personal laboral son competencia de la Conselleria de Educación”. Igualmente, su representante en las universidades, Vanessa Campos, recuerda a Marzà que, en este conflicto, “deben solucionar [el problema] entre ellos sin perjudicar a la ciudadanía”.
Y, sobre todo, recuerdan que “en todo caso se trata de una decisión política del Consell”, porque la decisión que han adoptado al no autorizar los contratos de interinos, insisten, no se ha tomado “en ninguna otra comunidad autónoma del Estado”; al menos no en los términos anunciados en la Mesa Negociadora del pasado 14 de febrero de 2017.
Marzà no rehúye la cuestión y, “estando de acuerdo con las demandas” de los profesores, se compromete a buscar una solución en el caso de que no se pueda seguir con las dinámicas actuales. “Lo que queremos es que todo continúe, que todos puedan seguir trabajando y que se puedan sacar los concursos”.
Por eso, el conseller lanzó una “llamada a la tranquilidad” e insistió en que su hoja de ruta está previsto primero ejercer presión sobre el departamento de Cristóbal Montoro; en segundo lugar, lograr que esos contratos no cuenten en la tasa de reposición; en tercer lugar, que sigan los trabajadores y, por último, “buscar alternativas” en el caso de que no se pudiera repetir el sistema empleado hasta ahora.
En cualquier caso, el conseller insistió en la premisa de que desde su departamento cumplirán “siempre” la legalidad, sin buscar subterfugios. E hizo ver que esta coyuntura, incómoda, desasosegante para una parte del profesorado, es un ejemplo más de la herencia recibida. “Esto demuestra la precariedad que nos hemos encontrado al llegar aquí con contratos que durante años se han permitido y que ahora no se permiten”, concluí