Puig y Oltra en la investidura de 2019. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Este miércoles se cumplirán dos años de las elecciones autonómicas de 2019. Se sobrepasará así el ecuador de una legislatura que ha venido marcada por la irrupción de la pandemia en febrero del año pasado: un colapso sanitario, económico y de agenda mediática que ha enmascarado, aunque no por completo, el deterioro de las relaciones dentro del Gobierno valenciano así como los problemas internos de la oposición.
PSPV y Compromís, los dos socios mayoritarios del Botànic, han reflejado una montaña rusa de emociones en estos dos años marcada, especialmente, por la disminución de las conexiones entre referentes de ambos partido y también por la pérdida de confianza entre el líder socialista y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la 'número dos' del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.
Cierto es que desde el estallido de la tercera ola en enero la tensión ha disminuido y, en general, la coincidencia entre ambas patas del Ejecutivo en la gestión de la pandemia ha sido la norma general. Ahora bien, conviene no olvidar el último gran enfrentamiento entre estas dos fuerzas políticas en Navidad respecto a dureza de las restricciones; unas diferencias que pueden reaparecer en cualquier momento como ya ha venido ocurriendo cíclicamente en el último año.
Y es que antes hubo otros conflictos. Por las discrepancias presupuestarias a finales de octubre; porque Oltra reclamaba sin éxito una reunión con Puig en noviembre, por los coqueteos del presidente con Ciudadanos, por las citadas diferencias en la gestión de la pandemia, por la tensión en las relaciones en consellerias tan sensibles como Sanidad...
A todo ello hay que sumar la difícil situación atravesada por la vicepresidenta por la condena de cinco años de prisión a su exmarido por abuso sexual a una menor. Un asunto que durante más de un año y medio ha contribuido a deteriorar la convivencia por la sospecha en Compromís de que en determinados momentos la cuestión fue azuzada en los medios por dirigentes socialistas, ya no solo para debilitar a la máxima referente de la coalición valencianista, sino también para contrarrestar las informaciones vinculadas a las ayudas y subvenciones públicas recibidas por las empresas del hermano del presidente, Francis Puig. Una situación que evidencia cómo desde ambos partidos predomina la mirada de reojo frente a la relación de lealtad ciega.
Con este escenario, es fácil de imaginar el peso que van a ir adquiriendo, especialmente conforme se vaya superando la pandemia, asuntos en las que las posturas de ambos partidos difieren como es el caso de la ampliación del Puerto de València o la manera de proceder en la relación con el Valencia CF y el inacabable nuevo Mestalla. Casos que emanan de la capital, donde las relaciones entre ambos partidos, donde también comparten gobierno, tampoco atraviesan un momento boyante.
Mientras, en la Generalitat, la tercera pata del Ejecutivo formada por Unides Podem también ha tenido dos años complejos. En 2020, con un cambio de liderazgo vía primarias a cara de perro que les hizo pasar inadvertidos durante el pasado año en la gestión y, en general, en la acción política. Ahora, con Pilar Lima al frente, tratan de mostrarse más activos y marcar agenda política, si bien la sensación es la dependencia excesiva a todo lo que emane desde Madrid y, especialmente, de su líder, Pablo Iglesias.
En cualquier caso, la principal asignatura pendiente de las tres formaciones sigue siendo la prometida reforma de la financiación autonómica. Su último acuerdo -no sin pelea- en el Congreso, envío la presentación del primer informe a finales de año, con lo que en el mejor de los casos no habrá remodelación hasta 2022. Un año en el que, sin embargo, pueden empezar a plantearse adelantos electorales tanto en España como en la Comunitat Valenciana.
La pandemia tampoco ha servido para ocultar la debilidad de los partidos de la oposición. Ciudadanos atraviesa una grave crisis nacional y, especialmente, valenciana: no en vano, uno de los principales protagonistas del terremoto naranja ha sido Toni Cantó, quien se lanzó a los brazos de Isabel Díaz Ayuso y que incluso apunta a regresar bajo las siglas del PP para alguna candidatura en la Comunitat. Hasta ahora, desde la dirección nacional que encabeza Inés Arrimadas tampoco ha buscado sustituto para el partido en el ámbito autonómico.
Mientras, el PPCV que todavía lidera Isabel Bonig continúa ofreciendo la sensación de interinidad que ya arrojaba tras las elecciones de 2019. Ahora sí, parece que puede afrontarse un congreso regional en el que se ejecute el relevo de la actual presidenta regional. El máximo responsable del partido en Alicante, Carlos Mazón, ya calienta en la banda con la bendición de Génova y a la espera de recibir luz verde de la militancia. Por tanto, la formación popular apunta a enfrentarse a unos meses de rediseño antes de ganar en estabilidad.
Por último, Vox, sigue manteniendo un perfil bajo salvo algún zarpazo de su portavoz parlamentaria, Ana Vega. Estos dos años han constatado que el partido que dirige Santiago Abascal parece ser una formación diseñada únicamente -y siempre con centro neurálgico en Madrid- para las campañas, sin que la laboriosa tarea de oposición se convierta en un punto fuerte para un partido que sigue viviendo las siglas y de los premeditados escándalos que emanan desde la capital de España y son apresuradamente amplificados -ya se hacía antes de que tuvieran representación parlamentaria- por tierra, mar y aire, por medios de derechas e izquierdas. Un escenario que permite a las delegaciones autonómicas dejarse llevar por el viento de tormenta que insufla su particular mesías.
