Dos sindicatos de València y Alicante impugnan el decreto de los bomberos forestales

VALÈNCIA. El pasado mes de septiembre, el Consell aprobó el Reglamento de Bomberos Forestales mediante el cual fijaba, entre otras cosas, las nuevas funciones que estaba atendiendo este cuerpo autonómico desde principios de 2018 y que motivaban el aumento salarial que exigían al Gobierno central. Aprobado vía decreto, casi seis meses después este cuerpo está en proceso de subrogación por parte de la administración valenciana desde la empresa pública estatal Tragsa. Ahora, se integrarán dentro de la empresa pública autonómica creada ad hoc para ellos, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE).

Sin embargo, hay un contratiempo. Dos sindicatos, uno del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y otro del de Valencia, han impugnado dicho decreto por considerar que otorga al cuerpo autonómico unas funciones que les son propias a los consorcios provinciales y locales, según su normativa reguladora, como son por ejemplo las actuaciones de emergencia en localidades rurales, por lo que se estaría incurriendo en "usurpación de funciones", según palabras de los representantes sindicales.

El primero fue CGT, de Alicante, y más tarde, STAS, de València, si bien el segundo está todavía ultimando el recurso para presentarlo en los juzgados. "Entendemos que el decreto no se ajusta a derecho", explica Javier Miñano, representante sindical de CGT, porque "hay una invasión de competencias y posiblemente intrusismo". "La Generalitat no puede dotar al servicio [autonómico] de funciones que son nuestras", insiste. "Todo lo que no sean extinción de incendios forestales, que sí que es una competencia de la Generalitat Valenciana", arguye, no se le puede atribuir al cuerpo que ahora dirigirá la SGISE. El recurso presentado fue ratificado por los bomberos del consorcio de Alicante reunidos en asamblea.

A estas reservas se ha sumado también el sindicato STAS-Intersindical de la provincia de Valencia, cuyos servicios jurídicos están todavía preparando la impugnación. "Al permitir a los bomberos forestales ir a todo tipo de rescates y a todo tipo de incendios", opina Ian García, delegado del mencionado sindicato, "puede venir más tarde otra persona y decidir contratar a más bomberos forestales en lugar de contratar funcionarios para que se encarguen de las zonas rurales, que es lo que permite el reglamento". Es por ello que García lo considera una "privatización" encubierta, "aunque no se esté haciendo adrede". Y subraya que no es algo que ocurra únicamente en la Comunidad Valenciana, sino que está planteándose en otras zonas de España.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la CGT y ha reclamado a la Generalitat Valenciana el expediente de tramitación del decreto de septiembre en el que se aprobaba el reglamento de Bomberos Forestales. Más tarde se dirimirá si, en efecto, se incurre en una usurpación de funciones.