VALÈNCIA (*). Un 2017 trepidante, con las operaciones vinculadas al sector inmobiliario como grandes protagonistas, deja paso a un nuevo año en el que deberán resolverse algunos procesos no resueltos que incumben a muchas de las grandes empresas de la Comunitat. No habrá que esperar mucho para comprobar si el ministro Íñigo de la Serna traslada a la realidad presupuestaria las sucesivas promesas que ha lanzado en sus últimas quince visitas a la Comunitat. En el primer tercio de 2018 se producirá la reversión del Hospital de Alzira que ahora explota en régimen de concesión Ribera Salud, toda una prueba de fuego para el Consell del Botànic.
A principios de año comenzará a aplicarse, salvo sorpresa, el nuevo calendario de aperturas del comercio en festivos, cerrado hace apenas una semana tras años de desencuentros entre grandes operadores y pequeños comerciantes. Tanto la patronal autonómica CEV como las Cámaras de Comercio de Valencia y Alicante celebrarán elecciones en la primer semestre, aunque no parece que vaya a haber grandes revoluciones. En 2018 volverá a ponerse probablemente sobre la mesa la aprobación de tasas a las pernoctaciones o a los productos azucarados, dos asuntos que ya el año pasado tensaron la relación entre la administración y los empresarios. Y salvo que se produzcan sobresaltos judiciales, uno de las principales noticias empresariales de los próximos meses será el regreso de las emisiones de la televisión pública valenciana.
Una de las incógnitas que pronto empezará a desvelarse será el grado de compromiso del Ministerio de Fomento con la Comunitat, en concreto cuando haya un nuevo Presupuesto General del Estado. El ministro Íñigo de la Serna, en poco más de un año en el cargo, ha echado el resto en promesas para la autonomía. Las principales: en respuesta a las reivindicaciones de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) sobre la ejecución del tan reclamado Corredor Mediterráneo. "No va a haber un solo metro que se retrase por falta de financiación", aseguró a los empresarios en el gran acto celebrado en Madrid para reclamar la infraestructura, al que no dudó en apuntarse pese a que iba contra su departamento.
El dirigente usó la misma frase para prometer más de 1.400 millones de euros para mejorar la red de trenes de cercanías de la Comunitat, un gran proyecto que precisamente fue abandonado tras prometerse por el Ministerio de Fomento de la era de Zapatero. De momento ha seducido con su talante a alcaldes, consellers y hasta el presidente de la Generalitat. Dedicación no le ha faltado: 15 visitas hasta la fecha a tierras valencianas. Está por ver si ahora plasma toda esa dedicación en partidas presupuestarias y, lo que es más importante, en su posterior ejecución.
2018 comienza con un escenario bien distinto al del pasado 2017 para el PAI del Grao, una de las bolsas de suelo más atractivas de València todavía por urbanizar y construir. Las firmas Atitlan y Martinavarro, respaldadas por un fondo de inversión, adquirieron un tercio de los terrenos del PAI, que alberga el abandonado circuito urbano de Fórmula 1. Como no podía ser de otra manera, los nuevos dueños quieren desarrollarlo.
Será un proceso largo, pero ya han puesto en marcha la maquinaria. El Ayuntamiento de València, como reveló este diario, está dispuesto a rebajar la extravagante carga inmobiliaria que pesa sobre el espacio: costear las obras del circuito abandonado -más de 40 millones-. Está por ver si en el ejercicio que ahora comienza se aceleran estos trámites para dilucidar un próximo desarrollo urbanístico en la privilegiada zona de la ciudad.
Tras dos décadas de enfrentamiento, pequeños y grandes comerciantes -sin la participación de los sindicatos CCOO y UGT ni de los centros comerciales- firmaron un acuerdo para restringir la apertura en domingos y festivos en la Comunitat, tal y como era deseo del Consell. En la práctica, las zonas como València, que contaban con una liberalización de todo el año (más de 60 festivos con las tiendas abiertas en domingo) pasarán a abrir alrededor de 40, concentrados en Semana Santa y en el largo periodo comprendido entre el 15 de junio y el final de las rebajas de enero. En Alicante, en la que ya regía una regulación estacional vinculada al verano (15 de junio al 15 de septiembre) se roza el doble de jornadas festivas de apertura: de 22 a 39, en ese mismo periodo que media entre el 15 de junio y el primer domingo después de Reyes, al margen de la Semana Santa.
El acuerdo está claro como el agua, pero los malos precedentes que arrastra esta cuestión mantienen en alerta al más optimista. Pese a que el pacto incluye el cese de las acciones judiciales existentes por esta cuestión, los no firmantes tendrían opción a litigar, y uno de ellos, el centro comercial MN4 de Alfafar, ya ha manifestado su voluntad de hacerlo. El pacto tampoco cuenta con el respaldo de las asociaciones representativas del pequeño comercio de la provincia de Alicante, pese a que sí lo respaldaron las agrupaciones autonómicas.
El estor inmobiliario aguarda expectante para ver que ocurre con Grupo Siso, la firma del empresario Miguel Ángel Santos y sus expropiaciones legales. Su peculiar modus operandi para adquirir consiste en acogerse a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de 2014 para instar a los ayuntamientos a que expropien a su favor solares que lleven al menos 6 años parados y que, en consecuencia, incumplan el denominado "deber de edificar".
La sociedad recurrió a este procedimiento en la ciudad de València para tratar de hacerse con solares de las calles Ruzafa, San Vicente, Cádiz, Jesús y Guillem de Castro, así como otros dos ubicados en la costa alicantina -en las playas de Calp y Dénia-. La previsión es que en el presente 2018 comiencen a resolverse expedientes, bien sea a favor de Grupo Siso o del de los dueños originales (si han reaccionado a tiempo para abanderar la promoción en su activo). En cualquier caso todo apunta a que la irrupción de esta firma servirá para dinamizar el sector.
El 31 de marzo de 2018 finaliza el contrato la más antigua concesión de las áreas de salud públicas valencianas, la de La Ribera, lo que significa que el 1 de abril está área, con el hospital de Alzira, pasará a estar gestionada por la Conselleria de Sanidad. El recurso contencioso-administrativo de Ribera Salud contra la decisión de no prorrogar cinco años la concesión -la prórroga la contemplaba el contrato pero dependía de la voluntad de la Conselleria- no se ha resuelto, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó la suspensión cautelar de la orden de reversión, por lo que todo indica que, si no hay sentencia en contra antes, será un hecho el 1 de abril.
El proceso no ha sido nada pacífico, con una guerra abierta entre la Conselleria y Ribera Salud, personificada en la consellera Carmen Montón y el consejero delegado de la empresa, Alberto de Rosa. A tres meses de la reversión, todavía hay dudas sobre el futuro de los 1.600 trabajadores de Ribera Salud que pasarán a ser considerados "personal a extinguir" de la Conselleria pero a los que Montón ha prometido, sin ninguna garantía, que seguirán en sus puestos hasta la jubilación.
A pesar de los sucesivos retrasos, todo indica que 2018 será definitivamente el año del regreso de televisión pública valenciana. À Punt ya ha iniciado sus emisiones en pruebas con una parrilla de diez programas sin informativos y ha puesto en marcha su página web con series de animación y algunas emisiones como el discurso de Año Nuevo del presidente de la Generalitat.
La última fecha que se maneja para el regreso a las pantallas es el primer trimestre del año que acaba de comenzar. La CVMC ha acelerado los procesos de contratación para cumplir con ese plazo y acaba de publicar la bolsa definitiva de periodistas que arrancarán la nueva etapa del ente público, compuesta sobre todo por exempleados de Canal 9. El capitulo de personal es precisamente uno de los que más dudas suscitan en el futuro inmediato de la nueva televisión, ya que la Unió de Periodistes ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el baremo de las bolsas y ha pedido la suspensión cautelar del proceso de selección de personal, lo que podría retrasar el regreso de las emisiones.
Cuando 2017 enfilaba su recta final, el FROB aprovechó el repunte en la cotización de Bankia para deshacerse de un 7% del banco por 818 millones de euros. Los planes del Gobierno para deshacer la posición del Estado en la entidad se han visto perjudicados por la situación política en Cataluña, aún no resuelta. No obstante, el Frob tendrá que encontrar el mejor momento para continuar reduciendo la participación del 60% que aún controla en Bankia, ya que debe salir del accionariado antes de 2019. Hasta ahora, el Estado ha recuperado 1.838 millones de euros de las ayudas públicas que se inyectaron en la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.
Otras cuestiones a resolver relacionadas con el banco, que acaba de renovar a su director en València, será la integración tras la fusión con BMN, que obligará a cerrar oficinas y a ajustar la plantilla. El año que comienza también será el del regreso de la entidad al negocio promotor, una vez terminadas las restricciones de Bruselas por el proceso de recapitalización de 2012.
La próxima primavera se celebrarán por fin las elecciones en las cámaras de comercio de la Comunitat, pendientes desde 2015. La falta de leyes autonómicas en varias comunidades ha impedido que el Gobierno central diera por abierto el proceso para renovar los mandatos. El presidente de la Cámara de València, José Vicente Morata, ya anunció hace meses su intención de presentarse para un segundo mandato. Por el momento no han surgido alternativas dispuestas a disputarle el puesto, aunque el proceso aún no ha arrancado formalmente.
En el caso de la Cámara de Alicante se vive una situación hasta cierto punto similar. Su presidente en funciones actual, Juan Riera, ha manifestado su intención de revalidar en el cargo, heredado tras la marcha de José Enrique Garrigós. Con todo, como ha contado este diario, podía tener que disputar el puesto a otros aspirantes como Armando Sala hijo, Rafael Regalado y Perfecto Palacio.
La Comunitat no ha estado nunca tan cerca como hasta ahora de tener una tasa turística a las pernoctaciones como ya tienen otras comunidades como Baleares. La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, llegó a tener muy definido el diseño de esa tasa, mientras que Podemos ha presionado hasta el final en la negociación de su apoyo a los presupuestos del Consell para conseguir su implantación en 2018.
No obstante, la división sobre este asunto en el seno del Consell entre Compromís y el PSPV, con el secretario autonómico de Turismo radicalmente en contra de la medida, unida a la presión que han ejercido los hoteleros alicantinos de Hosbec para frenarla han hecho que la tasa quedase en nada. Podemos acabó cediendo, pero es muy probable que este asunto vuelva a centrar el debate en la negociación de los presupuestos de 2019, los últimos de la legislatura. Habrá que ver entonces si la influencia del lobby hotelero supera a la necesidad de sacar adelante las cuentas.
En septiembre de 2018 finaliza el concierto del servicio de resonancias magnéticas en una veintena de hospitales públicos valencianos, que presta la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa. La Conselleria de Sanidad anunció en su día que el servicio pasaría a gestionarse con medios y personal público. Sin embargo, lo ocurrido en el Hospital General de València abre una incógnita sobre si la consellera Carmen Montón, que no muestra ante Eresa la firmeza que exhibe ante Ribera Salud por la concesión de Alzira, cumplirá su compromiso.
En el Hospital General no lo ha cumplido. El próximo 8 de enero vence el contrato trienal de 40 millones de euros -declarado "nulo de pleno derecho" por la Intervención de la Generalitat- que Sergio Blasco le renovó a Eresa poco antes de que Montón asumiera el cargo de consellera, hace dos años y medio. Montón, que prometió hacer público el servicio, dice ahora que no ha tenido tiempo de preparar la reversión y acuerda mantener a Eresa sin contrato, en principio hasta el mes de julio -cuando vence el contrato de PET-TAC, también en manos del grupo que preside Lorena Saus-, aunque el último informe de la Sindicatura de Comptes revela que el Hospital ha planteado mantener a Eresa más allá de julio.
Si 2017 fue el año de la metamorfosis de la CEV en patronal de ámbito autonómico tras la desaparición de Cierval, este año debería ser el de la consolidación del proyecto empresarial de vertebración que aspira a liderar Salvador Navarro. Tras aprobar sus estatutos a finales del pasado año, la organización definirá sus órganos de gobierno en los primeros meses de este año y celebrará unas elecciones en las que, salvo sorpresa, no habrá contestación al actual presidente.
La principal incógnita será comprobar si se pacifica la situación con la cúpula de la patronal alicantina Coepa, que hasta ahora ha visto el proyecto de la CEV como una amenaza. Navarro ha invitado a los socios de Coepa a sumarse a su proyecto, sobre todo a raíz de la liquidación de la patronal alicantina, pero los exjefes de Coepa aún aspiran a mantener su influencia provincial desde la recién creada Cepal, que también lucha por lograr una representatividad autonómica. Sus impulsores harán todo lo posible para consolidar esa propuesta para defender la cuota territorial de Alicante. También será interesante comprobar cómo evoluciona la relación entre la nueva patronal autonómica y la líder del PPCV, Isabel Bonig, que quiere dejar sin subvenciones directas a los agentes sociales más representativos.
Ni mucho menos ha alcanzado el nivel de polémica que suscitó la tasa turística o el polémico plan de depósito de envases, pero la simple posibilidad de que la Comunitat siga los pasos de Cataluña e implante un gravamen a las bebidas azucaradas o a los alimentos con elevado contenido en grasa ha puesto en guardia a los empresarios del sector.
Compromís, partido que lidera la propuesta, tiene muy definido su diseño. La formación ha accedido a suavizar algunos de sus planteamientos para intentar salvar la oposición empresarial, pero el choque se recrudecerá cuando la coalición vuelva a la carga para ponerla en marcha antes de que acabe la legislatura.
*Información elaborada por Xavi Moret, Dani Valero y Javier Alfonso.