VALÈNCIA (EFE/Carlos Bazarra). La cúpula del PP de la Comunitat Valenciana actual ofrece en 2018 una imagen totalmente distinta de la que exhibía hace justo diez años, cuando el partido dominaba el poder autonómico y municipal y sus líderes provinciales, ahora uno de ellos condenado y los otros dos investigados, eran intocables.
Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2008 se concentraron los respectivos congresos provinciales del partido que lideraba entonces Francisco Camps -investigado actualmente en tres causas distintas-: Carlos Fabra era reelegido presidente en Castellón con casi el 99 % de los votos, Alfonso Rus en Valencia con el 97% y José Joaquín Ripoll en Alicante con un raspado y polémico 51%.
El primer cónclave fue, en Peñíscola, un nuevo paseo para Fabra -aunque anunció que sería su último mandato- y durante la votación de los compromisarios actuó el grupo Presuntos Implicados, todo ello en un ambiente de euforia y defensa cerrada del líder pese a las sospechas que se cernían sobre él desde 2003 por el caso Naranjax.
Y Rus, al día siguiente, había fichado a Antonio Carmona (Ketama) para amenizar su congreso provincial, donde consolidó su liderazgo como barón del partido y uno de los rostros más populares del PP, siempre con su verborrea a pie de calle y muchas veces polémica que ejercía, también, siendo alcalde de Xàtiva y -como Fabra y Ripoll en las de Castellón y Alicante- presidente de la Diputación provincial.
El último congreso de esa semana de gloria para el PPCV fue, sin embargo, el más controvertido, pues el hombre fuerte de Alicante y mano derecha de Eduardo Zaplana -actualmente en prisión provisional por el caso Erial- ante Camps, José Joaquín Ripoll, salió reelegido con solo cinco votos de diferencia sobre el otro candidato y entonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll.
Era la época más dulce para el PP valenciano, referente para la dirección nacional del partido por el volumen de votos que le aportaba en las elecciones generales y la imagen que daban sus dos puntales, Camps -entonces un posible "delfín" de Mariano Rajoy- y Rita Barberá, ensalzada como "alcaldesa de España".
Esos fueron también los años de aquellos "grandes eventos" de alcance nacional e internacional que el PPCV se enorgullecía de traer a la Comunitat (deportivos, culturales, ambientales, religiosos o económicos), algunos de los cuales son investigados ahora por los tribunales.
Sin embargo, la sensación de que su poder no tenía fecha cercana de caducidad comenzó a torcerse pocos meses después -sobre todo por el caso Gürtel, en febrero de 2009-, aunque a Fabra le perseguían sombras desde justo cinco años antes, cuando un empresario que había sido amigo y socio suyo se querelló contra él y permitió que la Justicia comenzara a investigarle.
El caso Naranjax se prolongó durante diez años y en 2013, la Audiencia de Castellón le condenó a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales y le absolvió de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Entró en la cárcel en diciembre de 2014 y menos de dos años después logró el tercer grado penitenciario; desde entonces se le ha visto poco, últimamente en tres actos de Vox.
El pasado mes de marzo, en una comisión de investigación en Les Corts Valencianes, respondió al ser preguntado si él "mandaba" en Castellón: "Sí, si quiere que le diga la verdad, sí. Mucho".
Respecto a Rus, su gran influencia orgánica, local y provincial se vino abajo en mayo de 2015, cuando fue suspendido de militancia del PP y de la presidencia provincial del partido al hacerse públicas unas conversaciones sobre un supuesto cobro de comisiones.
Pocos días después abandonó temporalmente la presidencia de la Diputación y en enero de 2016 fue detenido en Xàtiva dentro de una operación anticorrupción (Taula) relacionada con el caso Imelsa, que él tachó de "complot" contra él mientras negaba que fuera su voz la que se escuchaba en unas grabaciones contando fajos de billetes procedentes de comisiones.
Quedó en libertad provisional tras depositar los dos millones de fianza de responsabilidad civil y mientras permanece investigado en varias piezas relacionadas con la Diputación, su presencia pública es prácticamente inexistente.
"Yo era un político de Segunda División hasta que subí a Primera, casi a la Champions, allá por 2010, cuando empecé a llenar locales con 10.000 personas. (...) Me escuchaban, yo era el mesías y empezaron a tenerme un poquitín de respeto", rememoró en marzo en esa comisión de investigación de Les Corts.
El declive de Ripoll comenzó diecinueve meses después de aquel congreso provincial de Orihuela, al ser detenido por la Policía Nacional junto a tres ediles de Orihuela durante una operación contra la corrupción.
Quedó poco después en libertad provisional, fue suspendido de militancia en el partido y aunque presidió posteriormente el Puerto de Alicante (de 2011 a 2014), figura como investigado dentro de la macrocausa del caso Brugal mientras se reivindica, alejado de todo foco público, como "honrado, honesto y trabajador".
