VALÈNCIA. La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado durante el primer semestre de 2020 cerca de 74 millones de euros para sufragar el coste de 11.779 plazas concertadas en centros de atención a la infancia y adolescencia, a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional, según ha informado la Generalitat.
Al respecto, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha recordado que el concierto social ha sido "una apuesta" del Consell, que quiso, ya en la pasada legislatura, "atender a una demanda histórica del tercer sector, que quería pasar de la subvención al concierto, logrando así una mayor estabilidad y una mejor calidad del sistema".
Este cambio en la fórmula de gestión, ha explicado Oltra, ha permitido también "mejorar" los modelos residenciales de aquellos ámbitos en los que se ha implantado, "centrando la atención en la persona y caminando hacia centros que se parezcan lo más posible a un hogar, fomentando la autonomía personal y mejorando las ratios de atención".
El concierto social ha mejorado las cuantías que la Administración destinaba al pago de plazas en centros de entidades sin ánimo de lucro, que son mayoritarias en la gestión de centros de sectores como infancia y diversidad funcional, lo que ha permitido a la Conselleria plantear un incremento en las plantillas que redunda en una mejor atención para las personas usuarias.
De este modo, los profesionales de los centros además de crecer en número, ha indicado la vicepresidenta, también han visto mejorar su estabilidad laboral, ya que el concierto social ha permitido "reducir al máximo los tiempos de pago, algo que está reconociendo el propio sector, que ve alcanzada una estabilidad financiera que venía reivindicando durante décadas".
Oltra ha destacado que, a pesar de la situación provocada por la pandemia, la Conselleria "ha seguido trabajando", lo que ha permitido hacer efectivo ya el pago de 73,9 millones de euros, de los que 28,7 millones de euros se han destinado a centros ubicados en la provincia de Alicante; 9,4 millones de euros, a la de Castellón y 35,8 millones de euros, para la provincia de Valencia.
Estos fondos han sufragado un total de 11.779 plazas, de las que 7.919 corresponden a residencias y centros de atención diurna para personas con diversidad funcional, con una inversión de 38,9 millones de euros; 2.087 corresponden al sector de personas mayores, en las que se han invertido 12,7 millones de euros, y 1.773 al de infancia y adolescencia, que se han subvencionado con 22,2 millones de euros.
La provincia de Alicante acoge 2.861 plazas para personas con diversidad funcional, a las que este primer semestre de 2020 se han destinado 15,3 millones de euros; 636 plazas en residencias y centros de día para personas mayores, que ha supuesto una inversión para el Consell de 3,9 millones de euros, y 573 para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se han subvencionado con 9,5 millones de euros.
En Castellón las plazas concertadas destinadas a la atención de personas con diversidad funcional son 1.080, con una inversión de 5,6 millones de euros; las destinadas a centros de atención diurna y residencial de personas mayores son 431, que han sido subvencionadas con 2,4 millones de euros, y en el sector de infancia y adolescencia vulnerable hay 123 plazas concertadas, con un coste de 1,3 millones de euros.
La vicepresidenta también ha recordado la decisión que se adoptó durante el estado de alarma decretado por la COVID-19 de mantener el pago de todas las plazas de los centros de atención diurna que tuvieron que suspender su actividad durante el confinamiento.
De esta manera, ha recordado, "se garantizó que las personas usuarias continuaran recibiendo atención domiciliaria" en aquellos casos en que era necesario, y también se aseguró que numerosos y numerosas profesionales pudieran "mantener sus puestos de trabajo", ya que el pago de las plazas se condicionó a que las entidades no realizaran un ERTE.
Oltra ha resaltado que el concierto social implica un doble beneficio: por un lado facilitará a los centros "recibir los recursos económicos en tiempo y forma, lo que afecta positivamente también a los profesionales de los mismos", y, por otro lado, implica la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención residencial que promueve "la defensa de los derechos de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad".
Asimismo, garantiza "la transparencia, la publicidad y la eficiencia para el interés público", y "pone fin al carácter subvencionador y graciable que tradicionalmente regía las convocatorias dirigidas a este sector, eliminando la incertidumbre que, año tras año, tenían las entidades y garantizándoles un marco de estabilidad de dos años prorrogables".
