VALÈNCIA. Edicions De Ponent ha sido desde los años 90 una de las principales impulsoras del cómic en España. Entre sus publicaciones y autores no solo hay premios nacionales, sino un catálogo de riesgos que tiene mucho que ver con su principal impulsor y el hombre que estuvo detrás del proyecto hasta el final de sus días: Paco Camarasa.
Cuando hace poco más de un año falleció, algunos autores alertaron a este diario de su situación de incomunicación con la editorial desde hacía meses. Por la enfermedad y la idiosincrasia de Camarasa, por la manera unipersonal en la que funcionó la compañía durante la mayor parte de su existencia, muchos de ellos habían perdido el rastro de liquidaciones impagadas y mantenían contratos de vínculo de cinco y diez años por los que quedaban en una situación de estancamiento.
Esa es la situación que aúna a distintos autores en un grupo de Facebook privado en el que, desde hace meses, comparten sus diferentes estados. También las comunicaciones que durante estos últimos 12 meses han tenido con los representantes legales de De Ponent. La editorial tiene una deuda próxima a los 70.000 euros y los herederos del alcoyano han decidido no hacerse cargo de este pasivo y de los activos que pudiera haber.
Esa es la principal novedad del caso: transcurridos 12 meses, los autores, en este momento ya pueden reclamar que la justicia intervenga para que la empresa vaya a liquidación. Sus bienes se repartirían en concurso de acreedores, aunque tanto la imprenta que trabajaba habitualmente con la editorial como la distribuidora (SD Distribuciones) se presumen como los principales benefactoras de la solución. No obstante, aunque este diario no ha logrado una confirmación sobre este extremo, la imprenta no prevé forzar la recuperación de los activos.
En ese estadio de hipotético concurso de acreedores, los autores cuentan con situaciones muy dispares. La mayoría de ellos ha tratado de saber más acerca del tema a través de la empresa Emilio Rico Assesors Tributaris, quien representa legalmente a la editorial. Desde la misma admiten que en la actualidad no hay comunicación con los creadores y que, por otro lado, les extraña que editores, distribuidores o inversores del sector no hayan mostrado interés en la comprar del patrimonio.
Así ha sido hasta la fecha, pese a las 300 obras editadas, premios, su fondo editorial e incluso el valor de la propia cabecera como marca. Sin embargo, fuentes conocedoras del caso aseguran que la situación económica de la empresa –de la que Camarasa era socio y administrador único– ha sido "muy complicada" durante los últimos años. Una fotografía que se funde con las dispares situaciones de liquidación y relación con los autores: a algunos se les adeudan 100 euros y a otros 1.000 o 2.000.
Fuentes del sector editorial que prefieren no ver implicado su nombre "por la estima que todos teníamos a Camarasa" apuntan que, "ya que están conectados a través de Facebook, lo mejor es que presenten una demanda colectiva para que se active la liquidación de la empresa". A partir de ese momento, se solventaría el stock y pertenencias de la editorial y se pasaría a pagar a acreedores en un proceso que, en cuestión de tiempos, no tiene unos plazos concretos.
No obstante, hay casos de autores que firmaron una relación con De Ponent por varios años: "nadie cree que los denunciarían si publicasen con otra editorial, pero esa otra editorial tampoco se la va a jugar por si acaso". En ese limbo se encuentran no pocos nombres, todos ellos activos en el citado grupo de Facebook. Algunos de los mismos, en esas conversaciones, han asegurado que muchos libros han aparecido en webs de saldos como Bibliostock, aunque el origen y el rastro de estas ventas es difícil de rastrear, incluso para ellos que en muchos casos no saben cuántos ejemplares hay de sus propios volúmenes.
Todas las partes coinciden en que las deudas con los autores no son económicas, pero si contractuales. Más allá de la imprenta y la distribuidora, el principal conflicto parece ser liberar firmas y títulos para que los creadores sigan operando con normalidad. Lo que sí está claro es que la empresa, una vez liquidada, revierte automáticamente los derechos sobre los autores. Camarasa acordaba cinco años en la mayoría de los casos, con alguna excepción de una década de relación contractual. Hay varios autores que mantienen contratos a los que todavía les quedan más de un lustro para expirar y por los cuales una empresa no operativa a ningún nivel posee los derechos.
Las mismas fuentes del sector contextualizan que esos márgenes temporales "son los habituales en España". En países como Francia y Bélgica esas relaciones son habitualmente por 10, 20 o 30 años, dependiendo del caso y el creador. Mientras los autores se deciden a tomar cartas en el asunto o aparece alguna empresa del sector interesada en absorber el legado, la web de la editorial también ha desaparecido.
Incluso los autores que tienen un mayor conflicto de relación contractual destacan su buena relación con el editor. Desde su representación legal a las fuentes del sector, pero también entre la mayoría de testimonios, todos destacan la labor del alcoyano al que recientemente se homenajeo en Castalla. "La relación fue inmejorable hasta hace uno o dos años. Y poco a poco". Fuentes del entorno familiar también recuerdan que durante ese periodo se acumularon un buen número de motivos personales que determinaron un final nada acorde al bagaje y aportación del editor durante las últimas dos décadas.