VALÈNCIA. (EP). El presidente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, firma el auto de admisión a trámite del recurso impulsado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) que ha dado lugar a la sentencia que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, conocido como impuesto sobre las hipotecas. La resolución tiene fecha del pasado 15 de enero, por lo que desde dicha fecha el presidente conocía que el tribunal estaba revisando este asunto.
El dato es importante para poder conocer qué ha pasado en la sede del alto tribunal para que, un día después de conocerse la sentencia que atribuye a las entidades bancarias el pago del tributo, Díez Picazo hiciera pública una nota informando que el próximo recurso sobre la misma materia será elevado al Pleno de la Sala, de 31 magistrados, dada la repercusión social de la primera sentencia, y advirtiendo que la nueva jurisprudencia puede ser revocada.
El pasado viernes fuentes del alto tribunal señalaron que el propio Díez Picazo se enteró por la prensa del fallo de la sección que falló sobre este asunto, y que dada la trascendencia de la decisión decidió que el siguiente caso fuera resuelto en Pleno para que lo validaran 31 magistrados en vez de los seis de la primera sentencia. Sin embargo, y según el auto de admisión, desde enero sabía que el asunto estaba pendiente y pese a ello no fue avocado al Pleno de la Sala.
Otras fuentes consultadas recuerdan la polémica que suscitó en 2015 la designación de este catedrático, que entró en el alto tribunal como jurista de reconocido prestigió, ya que su nombramiento rompió un regla no escrita por la que debería haberse dado continuidad a la presidencia por entonces del magistrado de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Sieira.
El nombramiento fue tan contestado desde sectores progresistas de la magistratura que un grupo de ellos dirigió un informe sobre el mismo a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, denunciando la existencia de presiones dirigidas a propiciarlo.
En dicho documento se criticaron las "continuas" injerencias del poder ejecutivo en el judicial, que a juicio de los denunciantes estaban "erosionando el principio de separación de poderes".
El Pleno del CGPJ eligió a Díez-Picazo como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con doce votos a favor frente a nueve que recabaron otros candidatos. La elección se llevó a cabo en medio de rumores que apuntaban a que los vocales del órgano de gobierno de los jueces podían haber sido presionados para no renovar en su cargo a hasta entonces presidente Sieira.
