El presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes,VALÈNCIA. El Tribunal Supremo ha convocado para el próximo 5 de noviembre el Pleno de la Sala Tercera que debe decidir si confirma el "giro jurisdiccional" del Alto Tribunal tras la sentencia del tribunal contencioso-administrativo de este órgano que falló la semana pasada que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el principal gasto en la suscripción de un crédito hipotecario, lo deben pagar los bancos y no los clientes, como sucedía hasta ahora.
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, justificó la necesidad de reunir al pleno para analizar el fallo por tratarse de un "giro radical" en la jurisprudencia y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social".
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha reunido este lunes a los seis miembros del tribunal contencioso-administrativo de este órgano que falló la semana pasada sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y al encuentro también asiste el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo. Se trata de hacer balance de daños y conocer lo sucedido después de que este último dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo.
La reunión es de carácter interno y no tiene trascendencia jurisdiccional, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, que añaden que el encuentro obedece a la necesidad de limar asperezas entre Nicolás Maurandi, presidente de la Sección que dictó la sentencia --que cambió la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el sujeto pasivo al que corresponde el pago del impuesto de hipotecas--, y el propio Díaz Picazo.
Tanto el fallo de este tribunal como la decisión de Díaz Picazo de dejar en suspenso la aplicación de la novedosa sentencia en espera de que el Pleno de la Sala --compuesto por 31 magistrados-- la confirme o anule en las próximas semanas ha creado una situación sin precedentes en el alto tribunal, que Lesmes trata de reconducir con la reunión de este lunes, dado su fuerte impacto económico y social.
Díaz Picazo emitió una nota el pasado viernes en la que señalaba que la sentencia podía acarrear un "giro radical" en la jurisprudencia y una "enorme repercusión económica y social", por lo que tomó la insólita decisión de que sea el Pleno el que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirma o no la nueva jurisprudencia.
La sentencia cuestionada anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
