Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda sigue adelante con sus planes para ampliar el parque público de la Generalitat Valenciana. Y, para ello, ha puesto en marcha diferentes mecanismos. Uno de ellos es el concurso para comprar de forma directa inmuebles a particulares para destinarlos al alquiler social. Un plan, presentado en septiembre del pasado año, con el que prevé adquirir unos 80 activos con los que engrosar la insuficiente cartera pública. Son varias las ofertas que ha recibido por parte de diferentes operadores, pero no todas cumplen con los requisitos fijados en el pliego de condiciones. Una situación que ha provocado que el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau haya tenido que descartar propuestas como las que han presentado la Sareb o el fondo Coral Homes por superar la antigüedad fijada o contar con okupas.
Así consta en un acta de la mesa de valoración de la propuestas a este concurso de compra, en la que se propone la exclusión de aquellas viviendas presentadas que no cumplen las condiciones fijadas en el pliego de condiciones. Entre los requisitos, Vivienda fijó que las viviendas debían estar en zonas de necesidad, no podían superar los 50 años de antigüedad, así como se admitían viviendas gravadas con derecho real de garantía, aunque con el compromiso del propietario de cancelación y también inmuebles, entre otros puntos. Además, los precios no podían superar el máximo de la vivienda protegida, en función del módulo correspondiente y su ubicación, que se fijó en unos 85.000 euros de media.
Pero no todas las propuestas han cumplido con lo exigido por la Administración. De esta forma, y según consta en el acta, Vivienda ha rechazado cerca de 44 inmuebles y ha pedido más documentación para valorar la compra de otros 18. También ha aceptado ya la adquisición de un paquete con 22 unidades a las que se les ha pedido la documentación necesaria para seguir adelante con el proceso.
En concreto, se han excluido del proceso siete inmuebles en la ciudad de Castellón de la compañía Promociones Levantino Aragonesas S.A por no disponer de cédula de habitabilidad, licencia de ocupación o calificación definitiva como vivienda protegida, en su caso. También otras siete de la Sareb, en diferentes puntos de la geografía valenciana, por estar okupadas, pese a que el pliego fijaba que debían estar libres de ocupantes.
Asimismo, Vivienda ha rechazado 14 pisos, también de la entidad que desde hace unos meses preside Javier García del Río, por tener una antigüedad superior a 50 años. Por este mismo motivo, también han salido del proceso 7 unidades de particulares. Del fondo Coral Homes, tres activos no han seguido adelante porque Vivienda no ha podido acreditar su titularidad, mientras que no se han admitido otros dos inmuebles por estar ubicados en Cerdà, una calidad que, de acuerdo con el catálogo de necesidades elaborado por la Conselleria, no cuenta con una urgente necesidad habitacional.
Pero, además, del total de ofertas recibidas se ha pedido un informe técnico al Servicio Territorial de Vivienda de Valencia sobre 18 viviendas por dudas sobre su régimen y la normativa a la que están sujetas.
Paralelamente y como ya informara este diario, Vivienda también se ha visto obligada a ampliar el plazo del concurso para revaluar algunas propuestas que exceden el valor de tasación de las viviendas efectuado por la Administración. Con ello, se persigue adquirir por esta vía el mayor número de inmuebles para el parque público.
En cualquier caso y pese a estos rechazos, desde este departamento destacan que han recibido hasta el momento cerca 123 propuestas, tanto de particulares como de grandes tenedores, en diferentes puntos de la geografía valenciana. De hecho, ya habría comprometido 2 millones de euros de los 6,2 millones que incluye el plan. Además, ya se ha propuesto la compra de un paquete de 22 activos a cuyos titulares se les ha solicitado la documentación necesaria para seguir con el proceso.
Desde Vivienda aseguran que si fuera necesario más presupuesto se haría una modificación de crédito para comprar todas aquellas viviendas que reúnan los requisitos. "Al final el objetivo es tener más vivienda pública", señalan desde la Conselleria.
