Curbelo (Cofides): "En la Comunitat hay 1.400 potenciales empresas elegibles para ser recapitalizadas"

VALÈNCIA. José Luis Curbelo, presidente de Cofides, fue uno de los destacados ponentes que participaron este miércoles en el 4º Congreso Nacional de CFOs de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que se celebró en València. Lo hizo para presentar el fondo de recapitalización de empresas afectadas por la covid-19, dotado con 1.000 millones de euros y cuyo periodo de solicitación se abrió el pasado 30 de junio dentro de la plataforma habilitada en la web de esta sociedad de capital mixto. En este sentido conviene recordar que el 53% está en manos del Estado y el resto entre varias entidades financieras. Este vehículo financiero, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, está contemplado en el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado en marzo por el que se movilizan 11.000 millones de euros en ayudas directas a las compañías mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital.

Tras la ponencia, Curbelo atendió amablemente la llamada de este diario para conocer más aspectos sobre dicho fondo y su importancia. "Me ha gustado mucho participar por la oportunidad que supone hablar ante un amplio grupo de CFOs o directores financieros, muchos de ellos con compañías que están en el nicho donde quiere llegar el fondo de recapitalización. Agradezco la oportunidad que me ha brindado APD para participar", así valoraba su participación en dicho congreso.

Pero, ¿en qué consiste? "Pretende fortalecer los recursos propios de las medianas empresas, que han sufrido un impacto severo por el coronavirus, pero que tienen modelos de negocio con amplias esperanzas de que van a sobrevivir. Las firmas seleccionadas podrán acceder a financiación entre los 3 y los 25 millones de euros, que se vertebran entre 3 y 15 millones para pymes, y entre 4 y 25 millones para no pymes. Se trata de aquellas que tuvieron ventas entre 15 y 400 millones en 2019, que eran viables entonces, y que su cifra de negocio cayó el pasado año en términos netos un mínimo del 20%. Las mercantiles, que no pueden ser del sector financiero, deben acreditar que eran viables a finales de 2019, certificar que han sufrido el impacto de la crisis pandémica y presentar un modelo de negocio a medio y largo plazo. Asimismo no tienen que estar en concurso de acreedores y si lo han estado tienen que haber salido ya".

Aunque uno de los objetivos del fondo es el mantenimiento del empleo, ello no significa que la empresa que reciba parte de los recursos deba acordar con Cofides su decisión de llevar a cabo un ajuste laboral, sino que deberá pactarlo con las partes interesadas dentro de la propia compañía. "No tenemos que certificar un ajuste laboral, pero obligaremos que cualquier ajuste se haga a través de un acuerdo interno entre la empresa y los distintos interesados. Nuestra posición es la de minimizar el impacto en la solvencia empresarial y el empleo", explica.

¿Y cómo se materializará esa financiación? "A través de inversiones de carácter temporal en forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y otros instrumentos financieros". Es ahí cuando este diario pregunta si estamos hablando de una especie de capital riesgo aunque con el Estado detrás. "Así es, pero el Estado asumiendo un papel complementario al del sector privado en un segmento de altísimo riesgo. Nos estamos dirigiendo a nichos de compañías que no tienen acceso a los mercados en ninguna de las condiciones. Somos financiación de último recurso pero no pretendemos sustituir al mercado".

Preguntado por los plazos establecidos en la utilización de dicho fondo, Curbelo señala que "tiene una duración máxima de 8 años, de modo que los precios de la inversión pública son crecientes en el tiempo; aportamos financiación que es muy barata en los primeros años pero que luego va subiendo y eso no le conviene al empresario, por lo que es una forma de 'invitarle' a salir una vez recapitalizada la compañía. Además, no hay ningún tipo de penalización por amortización anticipada sino todo lo contrario". Asimismo, el presidente estima que están en el radar unas 14.000 compañías en todo el territorio nacional para poder acceder; mientras que "en la Comunitat Valenciana hay 1.400 potenciales empresas elegibles para ser recapitalizadas".

El buen papel del IVF

¿Contemplan que no pocos empresarios -incluyendo a los valencianos- sean reacios a la entrada del Estado en su capital? "Sí, pero no solo en la Comunitat Valenciana porque las empresas familiares tradicionalmente han mostrado su desconfianza a la entrada de socios. La situación se acentúa si entra el Estado, pero de lo que se trata es ayudar en estos momentos. Ahí tenéis las experiencias modélicas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que tan buena labor está haciendo en vuestra tierra; o la del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a nivel nacional. Es un compromiso de todos (privado y publico) crear mecanismos de generar de inversión de capital con sus distintas modalidades.

Preguntado por si el Estado entrará en la gestión de la empresa, Curbelo no tarda en responder tajantemente. "No, para nada. Incluso cuando eventualmente participemos en el capital social. Podemos entrar en el capital participando en los consejos, pero no sustituiremos nunca la gestión porque debe ser el empresario el que tiene que seguir gestionándola". Las mercantiles que accedan a este fondo aprobado por el Gobierno no podrán repartir dividendos ni elevar la retribución del consejo de administración y de la alta dirección, que no podrá sobrepasar la vigente en 2019.

Respecto al tipo de financiación que se ofrece, los préstamos participativos, tienen dos componentes como explica Curbelo: "Uno variable indexado a la evolución de las ventas y otro fijo enfocado al riesgo; de modo que si las ventas no han vuelto a 2019 no hay un coste adicional y si suben por encima de lo que eran entonces significa que está saneada y el precio sube. Esto supone que la compañía 'empuje' a al Estado para que se salga y acuda a los mercados de forma más barata". 

Para terminar el presidente de Cofides recuerda que "el fondo ya existe y que el marco temporal de ayudas de los Estados de la Unión Europea está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Las operaciones que se puedan acoger tienen que ser aprobadas antes de esa fecha, pero ello no significa que la UE no amplíe el plazo". De ahí que deban presentar sus solicitudes como máximo hasta el otoño para proceder al posterior análisis estimado en dos o tres meses. "Nos hemos propuesto el reto de entre 8 y 10 semanas y de media calculamos que recibirán inversiones de unos 7 u 8 millones de euros; calculamos entre 100 y 120 las empresas que se acojan antes de final de año".

Las compañías que superen esta fase se someterán al análisis de 15 firmas de análisis financieros y 15 bufetes de abogados de prestigio. Las consultoras deberán hacer una 'due diligence' y dar 'luz verde o luz roja' a la operación que sea incontestable, para que después pueda pasar, en caso positivo, a un comité técnico de carácter interministerial que autorizará a Cofides otorgar los recursos. Este comité técnico estará configurado por altos funcionarios de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Hacienda, a través de la SEPI. Además, José Luis Curbelo ejercerá de secretario de dicho comité técnico.