¿Cuándo será Rajoy el nuevo Zapatero?

VALÈNCIA. "Estúpido nuevo rico". "Jefe de una banda de inútiles y francotiradores". "Quiere ser como Chávez". "Conspirador, enemigo de los valencianos". "Incompetente, ignorante, miserable, inmoral político". "Su mujer debe estar harta". Todas estas y muchas otras lindezas -ahí está la hemeroteca- salieron de la boca de primeros espadas del PPCV en referencia al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

En la Comunitat Valenciana, la formación liderada en esa etapa por Francisco Camps con el beneplácito de la todopoderosa Rita Barberá y con escuderos como Ricardo Costa, diseñó una estrategia basada en un poderoso mensaje victimista dirigido a Madrid. Un método de proceder basado en el efecto del enemigo común bajo el que los populares lograron cimentar buena parte de un éxito incontestable en las urnas en aquel período de tiempo. 

De hecho, cabe recordar que Camps cosechó una mayoría absoluta más que contundente en 2011 cuando ya había estallado Gürtel y él mismo estaba a punto de sentarse en el banquillo por el caso de los trajes del que, por otro lado, fue absuelto. En aquel momento de crisis económica y decadencia de los llamativos y costosos proyectos de la era popular, el ataque a Zapatero fue la bala de plata del partido de la gaviota para mantenerse en el poder. Y funcionó.

En una encrucijada con ciertas similitudes se encuentra ahora el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Las tornas han cambiado y en La Moncloa el inquilino pertenece al PP mientras el residente del Palau es el líder de los socialistas valencianos. Pese a la promesa esgrimida por Mariano Rajoy en la Conferencia de Presidentes de que reformaría el sistema de financiación en 2017, a día de hoy las noticias que llegan de la comisión encargada del proceso son desalentadoras. La negociación se encuentra bloqueada. No hay propuesta ni calendario por parte del Gobierno, quien juega al trile ya sea con la convulsa situación de Cataluña o con la cortina de humo de la comisión territorial del Congreso, donde no debería debatirse el contenido de reforma porque para ello está el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). 

Todo vale para seguir postergando la remodelación de un sistema caducado desde 2014 y que mantiene a la Comunitat Valenciana en situación de mendicidad respecto al Estado dado que apenas es capaz de cubrir las necesidades en Sanidad, Educación y Bienestar Social con los fondos que actualmente tiene asignados bajo un sistema que, tal y como suele recordar el PPCV, fue aprobado en 2009 con Rodríguez Zapatero al mando.

Por su parte, Ximo Puig, pese a estas circunstancias, ha mantenido hasta ahora una posición reivindicativa respetuosa. De hecho, más de lo que algunos de los suyos querrían. El presidente de la Generalitat ha salido en más de una reunión con Rajoy o con el ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, provisto de un tono conciliador que mostraba una voluntad de creer y dar por buenas las promesas que en aquellos encuentros se realizaban. Curiosamente, miembros de Compromís como el portavoz en Les Corts, Fran Ferri, ya aconsejaban prudencia al presidente de la Generalitat a la hora de celebrar estos acuerdos verbales. En esta línea, tampoco en Podem compartían el optimismo de Puig: de hecho, en noviembre ya pidieron desde Les Corts que se convocara otra Conferencia de Presidentes, una exigencia que el líder de esta formación, Antonio Estañ, reiteró este mismo martes.

El tiempo les viene a dar la razón: aunque en algunas cuestiones sí se ha avanzado y puede decirse que la relación ha mejorado, los asuntos fundamentales como la financiación o el estudio serio de una compensación -deuda histórica- siguen congelados. Que la Comunitat vea contempladas las inversiones conforme a su población -tal y como figura en la reforma estatutaria postergada 40 veces en el Congreso- o que el Corredor Mediterráneo, tras la implicación de todo el tejido empresarial valenciano, pueda ser una realidad a corto plazo, son otras cuestiones esenciales en el tintero. Con estos mimbres, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, venga a realizar promesas sobre infraestructuras solo vaticina un incremento de los agravios futuros para la Comunitat.

Este pensamiento, muy propio y habitual en Compromís, también ha comenzado a instalarse entre dirigentes del PSPV, que empiezan a preguntarse si Puig no sufre en ocasiones un pequeño 'síndrome de Estocolmo' con sus captores, dado su buena fe en los distintos encuentros con los máximos responsables del Gobierno central que, posteriormente, se concretan en... palabras. Mientras, otras fuentes socialistas recuerdan como hitos reivindicativos la manifestación realizada en noviembre -con el grueso de sociedad civil y los partidos políticos menos el PP- para reclamar la financiación o el acto previamente convocado en Madrid que, en realidad, tuvo nula acogida en el entramado político y mediático capitalino.

Un talante reivindicativo, pero dentro de unos parámetros de lealtad institucional, que para algunos dirigentes socialistas contrasta con la agresividad que el PPCV amasó contra Zapatero y que rentabilizó -aunque no sé puede cuantificar- en las urnas. En esta línea, la duda sobre si Puig debe adoptar una estrategia de endurecimiento del discurso -no solo verbal sino también simbólico- hacia Madrid está sobre la mesa: los detractores de una estrategia así puntualizan, no obstante, que un aumento de las hostilidades mimetizaría al PSPV con Compromís, que sí emplea un tono más duro y que, probablemente, estaría dispuesto a avanzar en posiciones más ofensivas hacia Rajoy y Montoro. 

Una radicalización  que no parece ajustarse al estilo de Puig, si bien lo cierto es que la paciencia reivindicativa -y las ideas- empiezan a agotarse. Mientras partidos, sindicatos y patronal discrepan sobre si el siguiente paso es acometer otra movilización, algunos en el PSPV ya comentan internamente que el objetivo debería ser convertir a Rajoy en un 'nuevo Zapatero'. "Es que ni siquiera nadie recuerda ni le dio el mérito de traer el AVE", subraya un cargo socialista como prueba de la efectividad de la campaña que supo orquestar el PPCV contra el entonces presidente del Gobierno.