Cuenta atrás para que los medios de comunicación retiren los anuncios de prostitución

VALÈNCIA. El pasado 9 de mayo Les Corts aprobaron la Ley de Publicidad Institucional que establece que no se financiará con dinero público a aquellas publicaciones y medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o fomenten la prostitución. Una norma que se publicó este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pero que no entrará en vigor hasta dentro de quince días. 

Aunque Compromís y PSPV fijaron en la redacción original de la norma que el plazo sería de tres meses, PP y Podemos aprobaron en el trámite parlamentario una enmienda que reducía este periodo a una quincena. Un tiempo que fuentes parlamentarias aseguran que se suele otorgar para "adaptarse"a la nueva normativa. 

Así, a partir del 12 de junio la ley impedirá que el Consell inserte publicidad en los periódicos que anuncien prostitución. Además, el Ejecutivo valenciano deberá desarrollar en el plazo de tres meses el reglamento de esta norma. 

La nueva Ley de Publicidad Institucional no tiene carácter retroactivo, por lo que la última campaña financiada con dinero público como la que el viernes pasado lanzó À Punt no ha tenido en cuenta este criterio. Esto es porque fue anunciada el 9 de febrero y adjudicada a Zenith el pasado mes de abril. No en vano, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) asegura a Valencia Plaza que esta será una cláusula que deberán tener en cuenta a la hora de repartir las subvenciones de ahora en adelante.

El periplo de la ley

La ley de publicidad institucional ha sido una de las normas que más ha costado que saliera adelante en la presente legislatura. Registrada por la diputada de Compromís Isaura Navarro, estuvo bloqueada en la comisión de Coordinación cuya presidencia, que es la que debe introducir los puntos a debatir en el orden del día, ostenta el PSPV. 

Tras casi tres años de tramitación, los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic se reunieron para dar forma a tres modificaciones de la norma esenciales que permitieron que su tramitación se desbloqueara: la eliminación de todo el capítulo de sanciones que solicitaban los socialistas, la supresión del órgano que debía controlar que se cumpliera la ley y la inclusión en el articulado de medidas correctoras que disuadieran a la prensa de incluir anuncios de prostitución entre sus páginas.

La redacción resultante de aquella primera reunión fijaba que la inserción de publicidad institucional debía "realizarse con preferencia" por los medios que no contuvieran "anuncios de prostitución". El texto, si bien establecía que debía hacerse "con preferencia" y, por tanto, ofrecía a las administraciones la posibilidad de realizar una elección entre los medios o de ordenarlos atendiendo a este criterio, no lo fijaba como principio excluyente. 

Esa preferencia no indicaba veto, lo que significaba que con ese artículo la Generalitat podría continuar insertando publicidad institucional en medios que publicaran anuncios de prostitución, en contra del Pacto contra la Violencia de Género y Machista.

Sin embargo, tras la publicación en este diario de esta enmienda, PSPV, Podemos y Compromís desvelaron que guardaban "en secreto" una segunda enmienda a la ley -una disposición adicional- que era más exigente y sí excluía a este tipo de medios de las subvenciones públicas. ¿Los motivos para no hacerla pública? Los grupos del Botànic explicaron que no se quiso comunicar hasta el día de su votación en la comisión "por miedo a posibles presiones". En el transcurso de la comisión, PSPV y Compromís endurecieron aún más la redacción de esta cláusula.