La diputada de Podemos en el Congreso, Àngela Ballester. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Como un déjà vú, pero en el plano de lo real. Sin ser imaginaria, sin que la protagonista de esta historia tenga la sensación de haber experimentado la situación antes porque, efectivamente, ya la ha vivido. La diputada de Podemos en el Congreso por Valencia, Àngela Ballester, volverá a vivir antes del 21 de agosto una situación por la que ya pasó tras el Vistalegre estatal: tener que decidir entre su cargo en la Ejecutiva Estatal del partido –Consejo Ciudadano Estatal– o la dirección autonómica de la Comunitat Valenciana –Consejo Ciudadano Valenciano–.
Una coyuntura derivada de la condición sine qua non de "una persona, un cargo" que quedó fijada en los documentos políticos de 'Podemos para todas' que salió vencedor de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. Una norma que quedó plasmada en el apartado de "No somos políticos, sino gente haciendo política" de los documentos de la candidatura que lideraba el actual secretario general de los morados, Pablo Iglesias.
Así, en el texto queda estipulado que los miembros de Podemos se deben blindar "contra la acumulación de cargos para evitar que el partido esté en manos de cargos públicos". "En Podemos nadie puede tener más de dos cargos de dedicación intensiva, uno interno y otro externo, salvo en los casos en los que tener un cargo implique tener otro antes (por ejemplo, miembros del Consejo Ciudadano en tanto que secretarios generales o senadores autonómicos)", detalla el documento.
Con esta redacción cuyo fin era renovar "la clase o casta política con gente cuyas expectativas no sean tener una biografía política de veinte o treinta años en cargos públicos", la diputada Ballester tuvo que poner una balanza y elegir entre CCE y CCV. El primero finalmente le ganó la partida al segundo: era importante tener representación valenciana en el órgano de dirección estatal para trasladar allí los problemas de la agenda valenciana, señalaban desde la dirección valenciana en su momento.
Ahora bien, a los pocos meses iba a tener lugar el segundo Vistalegre valenciano, para el que se integró en la candidatura que lideró Fabiola Meco, Més Morat, Més Podem, y que le daba opciones de volver a entrar de nuevo en la directiva autonómica, como al final sucedió.
Con esto, Ballester cuenta con un plazo de tres meses, que vencen el próximo 21 de agosto, para resolver esta imposibilidad de mantener dos cargos de dedicación intensiva que fija el código ético de los morados. Una circunstancia que también envolvió a la senadora Pilar Lima, quien dimitió del CCE inmediatamente después de la II Asamblea Ciudadana Valenciana.
Fuentes del partido morado aseguran, sin embargo, que en caso de no renunciar expresamente, una vez transcurrido el plazo otorgado "se produce la baja del cargo anterior en el tiempo". Esto sería, en el caso de Ballester, del CCE, donde obtuvo una plaza en febrero, ya que en el CCV lo obtuvo con posteriorirdad, en mayo.
No sería el caso de aquellos cargos que tuvieran representación en la Ejecutiva estatal y a la vez en la directiva local, es decir, en un Consejo Ciudadano Municipal, a quienes se les otorga un plazo más amplio de seis meses para dimitir de uno u otro. En esta tesitura se encuentran diputados autonómicos como César Jiménez, que, además de formar parte del CCV, también integra el CCM de Castellón.
