El ministro de Consumo, Alberto Garzón. Foto: EPVALÈNCIA. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, dio esta semana un paso adelante respecto a la posibilidad de aumentar la fiscalidad de las bebidas azucaradas para "atajar la obesidad infantil" y "mejorar la calidad nutricional de la población". Una iniciativa que, según aclaró el dirigente de Unidas Podemos, estará vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
La intención de avance por parte del ministro ha puesto en guardia a una parte del Gobierno valenciano. Desde 2017, Compromís ha venido reivindicando una tasa valenciana a las bebidas azucaradas -en primera instancia incluso se planteó que afectara también a otros productos de alimentación- que ha encontrado respaldo claro por parte de Podem pero no así del PSPV que lidera Ximo Puig y, obviamente, tampoco desde los empresarios de ese sector, que han contado con el apoyo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) con su presidente, Salvador Navarro, como punta de lanza.
Tras varios años de intentos tanto de Compromís como de Podem por sacar esta medida en la Ley de Acompañamiento, la coalición valencianista ha incluido de nuevo esta tasa en su última propuesta de reformas tributarias que puedan tener cabida en el apartado de enmiendas de este instrumento legislativo. No obstante, y tras tres años de ver cómo esta medida ha acabado diluyéndose cual azucarillo, desde Compromís alertan de que no actuar de inmediato puede llevar a la Comunitat Valenciana a verse superada por la legislación española.
Un problema en absoluto baladí si la promesa del ministro Garzón llega a plasmarse en los próximos meses con la correspondiente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dado que en este asunto el orden de los factores sí altera el producto. Si el Gobierno valenciano aprueba con anterioridad la citada tasa, el Ejecutivo central debería compensar a la Comunitat si impulsa posteriormente un impuesto estatal sobre la misma cuestión, que dejaría sin efecto el autonómico. En cambio, si el Gobierno de Sánchez saca adelante su tributo antes que el Botànic, sería la Hacienda española la que gestionaría lo recaudado mientras que la iniciativa del Consell se quedaría en papel mojado.
Así lo refleja en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), donde se expone que los tributos que establezcan las CCAA "no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado". Ahora bien, el texto prosigue recalcando que si el Estado establece "tributos sobre hechos imponibles gravados por las CCAA que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas".
Una situación que ya se dio en la época del PP al frente del Gobierno valenciano y de España con el impuesto sobre los depósitos bancarios. Las Comunidades Autónomas (CCAA) que habían tomado la iniciativa antes que el Gobierno de España se vieron beneficiadas por una compensación mientras que las regiones que no lo hicieron vieron reducida su capacidad de maniobra e ingresos en esta cuestión. De hecho, en 2012, el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro salió al paso para crear un impuesto sobre esta cuestión a tipo cero para evitar que las autonomías pudieran poner en marcha un gravamen por su cuenta. En aquel momento, tuvo que compensar a las CCAA que sí habían impulsado este tributo anteriormente como fue el caso de Canarias, Andalucía y Extremadura.
Apenas unos meses después, en abril de 2013, el ministro sí activó este impuesto a los depósitos bancarios con un 0,2%, precisamente para dedicarlo en buena medida a las autonomías que sí lo tenían aplicado con anterioridad. Es decir, las CCAA que no lo habían activado terminaron 'pagando' la compensación del resto.
Prueba de los problemas que puede acarrear no subirse a un tren en el momento adecuado es, precisamente, lo que ocurrió con el Gobierno valenciano que entonces lideraba el popular Alberto Fabra. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se sumó a la iniciativa del impuesto a los depósitos pero la Generalitat no llegó a tiempo y, pese a los litigios ante el Tribunal Constitucional con el Ejecutivo de Rajoy, los populares valencianos no consiguieron que se les reconociera su derecho a una compensación. La pérdida de ingresos para las arcas valencianas superan los 200 millones de euros anuales.
