ALICANTE. El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Alicante había solicitado un informe aclaratorio para dar por bueno el informe de fiscalización de la contabilidad del PP en los ejercicios 2015 y 2016. Y hasta que no lo tuviera, no iba a posicionarse sobre esta cuestión. Ahora ese informe ya existe, y eso provocará que Ciudadanos vote este miércoles en contra del recurso que ha presentado Compromís contra esos dos informes, que obligarían al PP a devolver una parte no justificada. Ese informe, según la formación naranja, viene a considerar la fiscalización como un trámite, del que debe darse cuenta, más allá de puedan ser impugnado con posterioridad por quien lo considere en la vía contenciosa.
Hay que recordar que la coalición valencianista vienen siendo muy crítica con las aprobación de esos informes, pues, a su juicio, dejan muchas dudas sobre la justificación de los fondos públicos que recibió el grupo del PP en los ejercicios 2015 y 2016. Según Compromís, parte de ese dinero fue a las arcas del partido, sin justificación alguna, y menos para actividades conjuntas entre el grupo y el partido, como exige la legislación. Compromís ve otras anomalías, como una posible falsedad documental en las certificaciones, que han sido denunciadas ante la Fiscalía.
En el caso de su recurso de reposición, finalmente, se ha impuesto el argumento de la visecretaría de la corporación, que estimaba que no se debía estimar la iniciativa de Compromís "por tratarse este acuerdo de un acto de trámite y, por tanto, no susceptible de impugnación". Un informe de la propia Secretaría lo ha avalado y Ciudadanos lo da por bueno, razón por la cual se opondrá a la iniciativa de Gerard Fullana.
No obstante, se dará la circunstancia de que el rechazo a ese recurso no habrá pasado por la comisión de Hacienda -quedó sobre la mesa en la última reunión- y el órgano no se ha vuelto a convocar.
La investigación a la contabilidad del PP tiene otras dos vías abiertas: la judicial, en la Fiscalía; y la administrativa, en el Tribunal de Cuentas, que sigue con la causa abierta. La Diputación de Alicante ha presentado un recurso, en el que se opone a esa investigación demanda por Compromís. A su vez, Compromís replica que ese recurso debe inadmitirse porque la diputación como administración no está denunciada. Los acusados, en este caso, son Matilde Prieto Cremades, como Interventora General de la Diputación de Alicante; Eduardo Jorge Dolón Sánchez como Secretario General del Partido Popular Provincial de Alicante, y contra Carlos Castillo Márquez como anterior portavoz del grupo del Partido Popular en la Diputación de Alicante. "La Administración debería ser considerada como perjudicada, y en este sentido actuar en pro de un correcto desarrollo del procedimiento, y no actuar, como es el caso, como asistencia letrada de las personas denunciadas", alega la coalición valencianista, que recientemente criticó que la defensa de los tres acusados se financiara con fondos públicos.
Por contra, el PP viene contrarrestando esos argumento con la situación del asesor de Compromís, Ximo Perles, al que acusa de no solicitar la compatibilidad para ejercer en otras causas judiciales y situar en su ficha colegial a la Diputación como la sede de su despacho, en la que, a su juicio, defiende a terceros, como el Ayuntamiento de Xaló y al Bloc. Los populares han insistido este miércoles que Perles está obligado a solicitar la compatibilidad y esgrimen la existencia de un informe de Recursos Humanos que revelaría que el asesor y concejal de Calp podría incurrir en una falta grave o muy grave. Por su parte, el afectado asegura que no tiene constancia de ese informe y que nadie se ha puesto en contacto con él para trasladarle la necesidad de tener que solicitar la compatibilidad.
