Cotino entregó 600.000 euros en efectivo para abrir la 'offshore' que pagó las mordidas a Zaplana

VALÈNCIA. La apertura de la última parte secreta del caso Erial, que mantiene como principal imputado al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y al exconseller Juan Cotino, ha desvelado toda la ruta internacional de las supuestas mordidas que Zaplana presuntamente blanqueó, así como la creación de las empresas fantasma u ‘offshore’ que se utilizaron para ello.
 
En un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los agentes explican cómo Cotino entregó 600.000 euros en metálico a Beatriz García Paesa, la mujer que según su propia declaración se encargó de mover el dinero que la familia Cotino le entregaba para que pasara a empresas offshore de los supuestos testaferros de Zaplana.
 
Así, el informe asegura que “se produce un abono en la cuenta de Imison Internacional por importe de 607.022 euros”. García Paesa declaró que “estos fondos en metálico fueron entregados en Luxemburgo por Juan Cotino, con la finalidad de llevar a cabo la constitución de las sociedades luxemburguesas Imison Internacional y Fénix Investments”.

Mecanismo

La UCO describe el mecanismo que utilizó la empresa familiar de los Cotino (Sedesa) para realizar transacciones desde España por 6.400.000 euros. Para ello, “se lleva a cabo una inusual compraventa de participaciones de una mercantil establecida en València –Inversiones Imison- vinculada a Sedesa”. Lo llamativo es que se compran “las mismas participaciones que cuatro años antes la propia Sedesa había vendido a Imison”, pero en este caso se abonan por esas participaciones “unas cuantías extraordinarias” muy por encima del valor inicial.
 
En este marco, se ordenó una primera transferencia por 4,4 millones de euros en septiembre de 2005, en la que se utilizaron “parte de los ingresos obtenidos por la venta de la empresa concesionaria de la ITV, así como una segunda transferencia en junio de 2006 por importe de dos millones de euros”.
 
Dentro de esta mangarrufa económica, lo más llamativo para la UCO es que, parte de los fondos recibidos por Imison Internacional, concretamente 1,4 millones de euros que se vinculan a las adjudicaciones de las ITV, días después de ser recibidos por Imison fueron transferidos a otra sociedad luxemburguesa, Fenix Investments, vinculada a Juan Francisco García, presidente de la mesa de contratación en el proceso de licitación del servicio de las ITV, y considerado por la UCO como el coautor de los delitos principales junto a Zaplana.
 
Dicen los policías que para realizar toda esta operativa se utilizó un “revestimiento legal carente de justificación real: reconocimiento de deuda y préstamo”, lo que permitió que García recibiera el dinero. Y añaden que “no se ha hallado evidencia alguna de que la transmisión patrimonial con origen Sedesa, y cuyo destinatarios fueron Zaplana, Francisco Grau y Joaquín Barceló (testaferro), tengan relación y/o se encuentre justificado en relaciones comerciales, actividad comercial o vínculos societarios”.
 
Y apostillan que la justificación de esta transmisión se encuentra en el hecho de que se trataría de “una compensación económica en atención a determinadas adjudicaciones públicas”. Es decir, que se pagaron mordidas a cambio de las adjudicaciones “a través de una perniciosa administración de las sociedades, conformando la persona jurídica en un instrumento con el propósito de satisfacer el pago de comisiones”.
 
La UCO afirma que la suma total de fondos que entraron en Imison Internacional entre los años 2005 y 2009, abonándose mediante transferencias bancarias desde España y Andorra fue de 11.209.028 euros.

Caso Erial

Zaplana pasó ocho meses en prisión tras ser detenido el 22 de mayo de 2018 como presunto cabecilla de una trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero B de varios contratos con la administración mientras él estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002).
 
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrearon el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.