VALÈNCIA. (EP). El abogado del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha destacado ante el Juzgado Central de lo Penal que es "absolutamente incomprensible" que se le acuse de un delito electoral relacionado con la campaña de las elecciones generales de 2008 cuando el PP no se encuentra presente en esta causa como partícipe a título lucrativo.
Así lo ha dicho el letrado Juan Casanueva durante las cuestiones previas del juicio por la presunta financiación irregular del PPCV, liderado entonces por Francisco Camps, en relación a la contratación de la empresa de la trama Gürtel Orange Market para elaborar los actos electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008.
Ha enfatizado que Costa no llevaba las finanzas de la formación política regional porque de ello se encargaban "otras personas". "Si ordenó algún pagó a Orange Market fue de gastos ordinarios, no de pagos electorales", ha añadido.
En este sentido, ha afirmado que es "absolutamente incomprensible" que el exdiputado de las Cortes Valencianas esté acusado de un delito presuntamente cometido en 2008, y que en su consideración está prescrito, y que los "supuestos actores principales del delito" no se encuentren sentados en el banquillo.
El PP no es partícipe a título lucrativo
En esta línea de defensa para librarse de responsabilidad de este delito ha señalado que no tiene sentido la acusación cuando el propio PP "no está llamado como partícipe a título lucrativo porque no ha habido delito electoral" y cuando a Costa se enfrenta a siete años y nueve meses de cárcel pero "ninguna cantidad de responsabilidad civil".
El abogado de Costa también ha hecho hincapié en que su cliente no ha tenido conocimiento de su acusación por un delito electoral en 2008 hasta que el juez instructor dictó auto de paso de diligencias previas a procedimiento abreviado con el que dio fin a la investigación de las piezas 1, 2 y 6 de la rama valenciana de la trama Gürtel. Es más, ha indicado que sólo ha prestado declaración como investigado por las campañas de 2007.
Además, ha señalado que los tres delitos electorales de los que la Fiscalía Anticorrupción le acusa ya han prescrito y ha agregado que el delito continuado de falsedad documental queda "subsumido" en electoral.
Falta de concreción de los hechos
Por último, ha reprochado que el ministerio público ha cometido "falta de concreción" de los hechos que relatan en su escrito acusación lo cual afecta a la defensa de los acusados. En el caso de Costa ha precisado que, por ejemplo, la Fiscalía hace referencia a correos electrónicos y documentos que "están fuera del periodo electoral".
Por su parte, el resto de miembros de la antigua excúpula del PP regional se adherido a estas cuestiones y también han solicitado su absolución al defender la prescripción de los delitos electorales. La exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez y el exvicesecretario de Organización David Serra se enfrentan a siete años y nueve meses de prisión.
En cuanto al exvicepresidente de la Generalitat, que también ha resaltado la indefensión al no conocer "en qué elementos, en qué facturas habría participado", su petición de pena por parte de la Fiscalía quedaría rebajada a seis años y medio de prisión al suprimir de la acusación uno de los delitos electorales.
Rambla ha solicitado, además, que se aporten a la causa como prueba documental las declaraciones como testigos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del presidente del Senado, Pio García-Escudero, prestadas en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) el pasado 26 de julio.
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