La recuperación económica no frena la desigualdad; si lo hace la asistencia del Estado, pero es solo un parche
En una semana de tantas noticias políticas, con la resaca de los congresos del PP y Podemos, y sobre todo judiciales, con el envío a prisión de los cabecillas de la trama Gürtel y la sentencia del caso Nóos, ha pasado inadvertida la publicación del Informe sobre la Pobreza en Valencia por parte, como cada febrero, de la Asociación Valenciana de la Caridad. Un balance basado en su actividad asistencial del que se deduce que hay un importante estrato de la población en el que las cosas no mejoran a pesar de que España, si nos atenemos a las cifras macroeconómicas, esté saliendo de la crisis.
El otro día fui con un amigo a cenar, sin reserva porque un lunes en Valencia seguro que hay sitio. Probamos en un conocido gastrobar por la avenida de Aragón que estaba casi lleno, pero al no sentirnos bien atendidos acabamos en La Principal, que también estaba lleno a pesar de no ser precisamente barato. Lo comenté con varias personas de las que pueden permitirse salir a cenar entre semana y coincidieron en que no solo los lunes —día de descanso de muchos restaurantes— se nota alegría. La gente sale, la gente va al cine, la gente consume, como demuestran los resultados de la campaña de Navidad en el comercio. Alguna gente.
Unos días antes había comido en Casa Caridad, donde Luis Miralles destacó dos cosas del Informe sobre la Pobreza en Valencia que estaba a punto de publicar: en primer lugar, que la pobreza no solo se cronifica, sino que cada vez gente más joven en edad de empezar a trabajar acude a Casa Caridad porque, igual que sus padres, no encuentra salida. Es pobreza y exclusión que se hereda. Según el presidente de Casa Caridad, "heredan no solo la situación que viven sus padres sino también el sentimiento de ser incapaces de lograr algo mejor".
En segundo lugar, aumenta el rechazo social hacia el colectivo de personas con riesgo de exclusión. De invisibles han pasado a ser molestos, en algunos casos hasta son agredidos. Recuérdense las protestas vecinales en plan not in my back yard (no en mi patio trasero) en el barrio valenciano de Benicalap cuando Casa Caridad abrió el año pasado un multicentro con un albergue para personas sin hogar en estado convaleciente, un albergue para familias y una escuela infantil para niños en riesgo de exclusión social. Como si fueran delincuentes.
Destaca además el informe, y no es la primera vez, el caso de los trabajadores mayores de 55 años a los que la crisis dejó en paro después de tres décadas de trabajo, a quienes se les ha acabado la prestación por desempleo y que tienen que vivir con la renta activa de inserción hasta alcanzar los 65 años y lograr una pensión reducida por los años de desempleo.
El documento de Casa Caridad ha coincidido con la publicación del número 13 de la publicación Esenciales por parte del Ivie y la Fundación BBVA, que revela la causa de ese aumento de la desigualdad en España que hace que los ricos sean cada vez más ricos mientras el peso de las familias pobres en el conjunto de la población no deja de crecer. La causa hay que buscarla en el mercado de trabajo.
El informe trae una buena noticia, y es que el crecimiento de la desigualdad que se viene produciendo desde 2007 se ha frenado gracias al aumento del empleo y, sobre todo, a las políticas públicas de transferencias sociales, impuestos y prestación de servicios que han contribuido a paliar las desigualdades, aunque no han conseguido evitarlas.
Resulta preocupante, sin embargo, la deriva que lleva España desde el estado de bienestar que aspiramos a ser a un estado cada vez más asistencial y con menos trabajadores para sostener el coste de la ayuda a los necesitados.
Crece la preocupación por las pensiones del futuro, que más pronto que tarde habrá que pagar con impuestos además de con cotizaciones sociales. Y el trabajo de la Fundación BBVA y el Ivie alimenta la incertidumbre: “Nuestro sistema fiscal parece insuficiente para financiar determinados niveles de gasto público de forma sostenible en el tiempo, lo que puede ser particularmente preocupante en el futuro si hacemos descansar la capacidad redistributiva del sector público sobre la vertiente de los gastos”.
Alerta también el informe sobre la reducción durante la crisis de gastos públicos que contribuyen a redistribuir la riqueza, especialmente sanitarios. En este sentido, cabe aplaudir la reciente decisión de la Conselleria Sanidad de evitar el copago de medicamentos de niños para familias en riesgo de exclusión o ya directamente excluidas, como en su día fue un acierto la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
Pero eso no son más que paliativos. Según el citado trabajo, casi el 80% del aumento de la desigualdad se debe a la disminución en la intensidad de trabajo en muchos hogares, principalmente por la combinación de un fuerte incremento del desempleo y un aumento del trabajo a tiempo parcial y de los empleos temporales.
La solución, la única solución, como también apunta el trabajo, es la recuperación del empleo y que este sea estable y de calidad.
La regulación que se ha hecho del derecho de los partidos políticos a aparecer en la nueva televisión pública valenciana, bajo control del Consell Rector, es tan ambigua que da miedo. Y la defensa que del artículo 20 del Mandato Marco hizo el diputado socialista Manuel Mata, tras denunciarlo la Unió de Periodistes Valencians, es aún peor: "Es calcado del mejor Mandato que hay, que es el de TVE de 2006".
Lo dijo el día que los profesionales de esa televisión presentaban 2.225 firmas para exigir que la televisión pública "sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental". Debe de haber algún Mandato mejor que ese.
