VALENCIA. Fruto de la ley de transparencia que creó el PP en 2015, el Consejo de Transparencia se constituye formalmente en diciembre cuando los populares ya habían perdido la Generalitat. Si bien desde el principio estuvo integrado únicamente por cuatro miembros -tal como señalaba la ley-, con el cambio de Gobierno en la Comunitat y la entrada en Les Corts de dos nuevos grupos parlamentarios –Ciudadanos y Podemos–, se decidió modificar la norma para que cada partido con representación en la Cámara pudiera proponer un candidato dentro del órgano. Sin embargo, a sus cinco componentes no les gusta que les identifiquen con un signo o color político. Se definen independientes como juristas que son y su actividad y dictámenes, dicen, no vienen motivados por ninguna presión política.
El miembro propuesto por el PP, Carlos Flores, es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED y profesor en la Universidad de Valencia (UV), facultad en la que también imparte clases el candidato propuesto por Ciudadanos, Lorenzo Cotino. Por su parte, el presidente del Consejo de Transparencia –propuesto por Podemos fue quien obtuvo más votos en Les Corts en el proceso de elección, 64 concretamente–, Ricardo García Macho, es catedrático de Derecho Administrativo e da clases en la Universitat Jaume I de Castellón. E Isabel Linfante, propuesta por Compromís, lo hace en la Universidad de Alicante.
La única miembro que no es jurista es la propuesta por el PSPV, Emilia Bolinches, periodista que imparte también clases en la Universidad de Valencia. Una representación equilibrada de género y de las tres provincias de la Comunitat. Valencia Plaza se reúne con tres de ellos –dos no pudieron acudir– un año después de haberse constituido en una de sus reuniones mensuales en la que resuelven los expedientes que les llegan.
-Un año después de que se formara el Consejo de Transparencia, todavía sigue siendo muy desconocido, ¿cuáles son las tareas o actividades que desempeña?
-Emilia Bolinches: Se nos plantean conflictos de particulares e incluso de la propia administración que puedan afectar a la transparencia. Cada uno de nosotros tiene asignado un número de expedientes determinado que va estudiando y una vez finalizada esa primera parte, envía por correo al resto de miembros una propuesta de resolución. Así el día que nos reunimos, dirimimos sobre cuestiones de tipo jurídico hasta que llegamos a resolver el conflicto plateado en cada caso.
-Carlos Flores: Nuestro cometido es principalmente garantizar la transparencia en el funcionamiento de la administración pública en los términos previstos por la ley. Para alcanzar ese objetivo partimos de conflictos que nos plantean particulares o entidades que desean acceder a la información de la Administración y se han encontrado una negativa. Así, cuando a alguien no se le facilita lo que ha solicitado, puede acudir a nosotros para que resolvamos ese conflicto. Y, entre otras cosas, determinamos si esa información debe ser proporcionada o si hay motivos que lo impiden porque puedan prevalecer otros derechos.
-Ricardo G. Macho: Pero también tenemos otras atribuciones, como resolver dudas que tenga la propia Administración sobre si publicar determinados documentos o no, dictaminamos los proyectos de ley que va a aprobar el Gobierno autonómico, los decretos que afecten a la transparencia de la Adminsitración, velamos por que cumplan con sus obligaciones de publicidad activa... No sólo hablamos de consellerias, también llevamos esta tarea a nivel provincial –diputaciones-, local –ayuntamientos- e incluso empresas e instituciones públicas.
-¿Cómo la habéis desarrollado en este primer año?
-Emilia Bolinches: Cuando llegamos el 22 de diciembre del año anterior ya teníamos muchos expedientes esperándonos, alrededor de una treintena.
-Carlos Flores: Además de que ya había 28 casos esperando ser resueltos el primer día porque Ciudadanos había planteado determinadas dudas en el momento en el que leen en la ley que va a haber un Consejo pese a que todavía no estuviese ni formado, este año se suman 103 expedientes más. Pero a la gran cantidad de trabajo debemos sumar que hemos tenido que hacer frente a problemas adicionales más allá de nuestras tareas como: definir cómo íbamos a organizarnos –dividir el trabajo, discutir entre nosotros-, fijar los criterios interpretativos y resolutivos ante casos complejos, afrontar los problemas derivados de que la gente desconociera la institución, pues todavía hay mucha confusión y no se distingue Consejo de Transparencia de Conselleria de Transparencia y a veces nos piden cosas disparatadas, cosas que no están en nuestras manos ni son nuestra competencia y, para terminar, por supuesto, la falta de medios. Hasta ahora hemos trabajado sin medios.
-¿Qué mejoras en los medios humanos y técnicos necesita el Consejo de Transparencia que hasta ahora no ha tenido?
-Ricardo G. Macho: Nuestra situación es muy precaria. Tenemos muchas competencias, mucho trabajo pero no estamos dedicados en exclusiva. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo: seguimos dando clases, Emilia es periodista, etcétera. Esto está dificultando mucho nuestro trabajo.
-Emilia Bolinches: Claro, mantenemos nuestro empleo porque no cobramos nada de esto. De momento trabajamos por amor al arte. Ahora queremos hacer una campaña para que la ciudadanía sepa, en primer lugar, que existimos y, en segundo lugar, para que conozcan para qué servimos, dónde estamos, qué hacemos o qué es lo que la ley nos manda que hagamos.
-Carlos Flores: El Consejo se constituyó sin que hubiera un presupuesto asignado para él en 2016. Para el año que viene ya nos han dicho que tendremos una dotación y que cobraremos indemnizaciones por las reuniones que tengamos, pero llevamos trabajando un año sin cobrar nada. Tampoco tenemos jurista ni un letrado en el Consejo que pueda preparar los temas de las reuniones. Sin embargo, un órgano como el Consell Jurídic Consultiu, que está compuesto por juristas también, tiene un equipo de letrados como en Les Corts. En nuestro caso no es así. Nosotros recibimos los expedientes y, tal como llegan, somos los que redactamos las resoluciones de principio a fin. Con lo que esa combinación diabólica de muchas competencias pero pocos medios materiales unida a una cierta ignorancia respecto a lo que el Consejo es, hace que nos lleguen casos disparatados. Además, tampoco tenemos un consejo asesor a pesar de que la ley lo contempla. Un año después la comisión consultiva no se ha creado y tampoco se ha dado pasos para constituirla. Y es una comisión fundamental para el buen funcionamiento del Consejo de Transparencia.
esa combinación diabólica de, muchas competencias pero pocos medios materiales unida a una cierta ignorancia respecto a lo que el consejo es, hace que nos lleguen casos disparatados
-¿De quién depende que se conforme esa comisión?
-Carlos Flores: La Conselleria de Transparencia es quien debe instar a las entidades que tienen derecho a proponer miembros a crearla y a que los nombre.
-Ricardo G. Macho: Al no tener independencia orgánica nosotros estamos muy limitados en nuestro trabajo. No en el sentido intelectual, pero sí por lo que respecta a la organización porque es esencial. Es una manera sutil o perversa de influir sobre nuestra actuación.
-En el resto de consejos de transparencia autonómicos, ¿tampoco hay dedicación exclusiva?
-Ricardo G. Macho: Para nada. Hay consejos como el estatal, el andaluz, catalán o el canario en el que sus miembros están dedicados en exclusiva a él. De hecho, el catalán es el que más se acerca a nosotros porque también lo componen cinco miembros.
-Emilia Bolinches: Sin embargo, el Consejo de Transparencia valenciano que nosotros integramos tiene 14 competencias diferentes y los miembros nos reunimos dos veces al mes porque no vivimos de esto. Eso, evidentemente, influye en que nosotros partimos con desventaja para poder realizar desempeñar nuestras funciones.
No hay voluntad política para mejorar nuestra situación sustancialmente y van poniendo parches
-Ricardo G. Macho: Nuestra situación es muy precaria y políticamente somos una institución muy molesta. Aunque la ley tiene cuestiones muy positivas en relación al Consejo, políticamente se crea con muchas competencias que luego se sabe que no van a poder cumplir porque es imposible. Por ejemplo, con el tema de la publicidad activa, nosotros tendríamos que controlar a más de 500 instituciones contando ayuntamientos, organismos autónomos, empresas públicas, órganos de la Generalitat, universidades... Y si no tenemos medios económicos, cinco personas que no se dediquen en exclusiva a ello no pueden acometer esas tareas. No hay voluntad política por mejorar nuestra situación sustancialmente y van poniendo parches.
-¿Por qué creen que no hay voluntad política para que funcione un órgano que precisamente ha sido el parlamento quien le ha dado vida con una ley?
-Ricardo G. Macho: La Conselleria de Tansparencia es un órgano de la Administración, por tanto si el ciudadano acude a él no va a conseguir nada. El órgano que tiene que decidir ante una situación de conflicto a través de criterios jurídico-técnicos es el Consejo de Transparencia. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos, es un tema muy complejo. Pero lo que está claro es una garantía de que el ciudadano puede tener una mayor información. Con mayor información, va a tener una mayor capacidad de participar y, evidentemente, información es poder. Está bastante claro que por una parte, eso no se quiere que funcione de una manera adecuada.
-Carlos Flores: La transparencia es un arma de doble filo. Si tu promueves la transparencia, trasladas una imagen de gobierno abierto, gobierno democrático y respetuoso, pero a la vez, cuanto más promueves la transparencia, más sujeto estás a las consecuencias que esta pueda tener. La Conselleria de Transparencia tiene la misión de promover la transparencia, pero la misión de garantizarla nos corresponde a nosotros. La conselleria lanza propuestas, promueve leyes, lleva a cabo campañas, genera debates en torno a su razón de ser, por lo tanto, crea expectativas sobre transparencia. Pero cuando los ciudadanos se encuentran con que la Administración es un poco más refractaria de lo que ellos pensaban, acuden a nosotros.
-¿Cómo un órgano que debe velar por la transparencia y fiscalizar a las consellerias está inserta y depende de una de ellas?
-Ricardo G. Macho: esa es una de las grandes contradicciones. Por ejemplo, en el consejo andaluz o el catalán, tienen independencia funcional como nosotros, pero también tienen independencia orgánica. No obstante a nosotros no nos han dado ese carácter. Nosotros estamos insertos dentro de la Dirección General de la Conselleria de Transparencia y como se puede comprobar esto es la ceremonia de la confusión. Dependemos de una conselleria a la que debemos controlar, algo totalmente contradictorio.
-De hecho, incluso la web del Consejo está dentro de la propia página de la Conselleria de Transparencia. ¿No genera esto demasiada confusión como para que la gente sepa distinguir qué es una cosa y qué es otra?
-Carlos Flores: Es que es una posición muy inestable y problemática. La ley nos da independencia de criterio. Nunca hemos recibido ningún tipo de presión por parte de ninguna institución para que resolvamos en un sentido o en otro, pero presupuestariamente y organizativamente dependemos de la administración a la que debemos fiscalizar.
-Ricardo G. Macho: Por lo tanto ellos en realidad al final están marcando y limitando en gran medida nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser independientes y neutrales políticamente.
-Emilia Bolinches: ¿Qué es lo que pasa con otros órganos como el CJC, el Síndic de Greuges, o el Sindic de Comptes? Tienen su independencia incluso materializada en sus propios edificios.
-¿Qué cambios en su funcionamiento han tenido la publicación del Código de Buen Gobierno o la reciente ley de cuentas abiertas para la Generalitat?
-Ricardo G. Macho: En primer lugar ten en cuenta que se ha hecho cuatro reformas de la ley y ninguna de ellas nos ha afectado positivamente. De hecho una de ellas nos ha aumentado las competencias. Y luego han venido el resto de nuevas normativas, códigos que tienen que ver con transparencia.
-Emilia Bolinches: Antes de poner en funcionamiento, por ejemplo, el Código de Buen Gobierno nos pidieron un informe en relación con el decreto que habían dictado ya que una de nuestras funciones es informar preceptivamente sobre cualquier norma que dicte la Generalitat que afecte a la transparencia, acceso a la información o buen gobierno. Así que nuestras funciones se han ampliado en los últimos meses con la creación de todas estas nuevas normas.
-¿Cuál es su relación con los partidos que los propusieron?
-Ricardo G. Macho: La opinión pública puede creer que somos una correa de transmisión de los partidos políticos porque fueron ellos quienes nos propusieron, pero no es así.
-Carlos Flores: Por fortuna esa imagen no se corresponde con la realidad. Cada uno de nosotros hemos sido propuestos por cada grupo parlamentario, pero desde que nos hemos empezado a reunir, todas las decisiones se han tomado por consenso entre los cinco y nunca ha habido posicionamientos dentro del consejo marcados por la adscripción política.
-Emilia Bolinches: Quizá se ha vinculado erróneamente el número de miembros con el de partidos.
-¿Ha atendido el Consell o Les Corts sus reivindicaciones? ¿Incluirán en 2017 un presupuesto para el Consejo?
-Ricardo G. Macho: Inicialmente nos iban a dar 60.000 euros pero finalmente Podemos ha presentado una enmienda para que sean 90.000. Aún así, este presupuesto es ridículo.
-El Consejo de Transparencia canario cuenta con 500.000 euros anuales y el andaluz con 1,2 millones, ¿qué pueden hacer con 90.000 euros durante todo un año el Consejo de Transparencia valenciano?
-Carlos Flores: Limitarnos a resolver el número de expedientes que nos lleguen, porque como estos se multipliquen, llegará un momento en el que desempeñar nuestras funciones será misión imposible.