VALÈNCIA (EP). El presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha reclamado a las administraciones que se tomen "muy en serio" la venta ilegal y las falsificaciones, un problema que afecta al 10% de las ventas del comercio legal. "Si estamos gobernados por un Ayuntamiento, como hay muchos en la Comunitat, no solo el de València, que miran hacia otro lado, resulta que se hace bien poco", ha lamentado.
Cuando se habla de una bajada de ventas de cerca del 4% se habla de crisis, ha recordado Torres: "y aquí estamos hablando de un 10%, eso es una enorme crisis por sí sola", ha alertado en una entrevista a Europa Press, en la que ha expresado su preocupación porque "la lucha de la venta ilegal dependa de la voluntad política de cada ayuntamiento", a pesar de haber normativa estatal, autonómica y local.
"No vemos intención real de acabar con el problema", ha insistido. Como ejemplo, ha mencionado a la ciudad de València, donde según ha dicho, se anunció una unidad especializada para controlar la venta ilegal en la campaña navideña pero "se puso operativa en enero y no se hizo absolutamente nada. Las calles peatonales y los mercadillos estaban llenos de mantas y al final, el Día de Reyes, intentaron llamar la atención mal y tarde".
El representante del pequeño comercio ha dejado claro que "nadie quiere acabar con los manteros", su intención es "acabar con la actividad que realizan". "Estas personas están en manos de mafias y lo que hay que hacer es atacar a las mafias, el origen, y a esas personas ayudarlas con recursos, programas de inserción en la sociedad, formación, papeles, etc." pero "lo último que se debe consentir es que lo tengamos que pagar los de siempre sufriendo esa competencia ilegal".
Torres se ha referido también a la campaña 'Di no a las falsificaciones. Por un consumo responsable y sostenible: Sé original' impulsada el pasado mes de diciembre por la Conselleria de Economía Sostenible, la CEV, Avacu y Confecomerç. A su juicio, "no parece que esté haciendo demasiado ruido".
Si se demuestra insuficiente, Confecomerç volverá a plantear "medidas alternativas más coercitivas" como ya apuntó a finales del año pasado, cuando habló de la posibilidad de "multar al comprador" de productos falsificados, al igual que se hace en ciudades como Mallorca, Barcelona o Peñíscola.
En todo caso, confía en que en el ámbito estatal, la ministra de Comercio, Reyes Maroto, retome el compromiso que adquirió cuando estaba en funciones de poner en marcha una 'Mesa contra el Intrusismo' --con la participación de la Confederación Estatal del Comercio (CEC), en la que se integra Confecomerç-- para pedir medidas al respecto.
También reclamará una nueva fiscalidad para las plataformas de venta online, en su mayoría radicadas en paraísos fiscales y que no pagan impuestos en el país. En este momento, "tienen una ventaja competitiva inaguantable", ha subrayado.
El presidente de Confecomerç cree que las administraciones "no son conscientes" de la importancia que tiene el sector" del comercio, que supone el 13% del PIB nacional y el 17% de la afiliación a la Seguridad Social, el 77,5% con contrato indefinido, y en la Comunitat Valenciana, la actividad de mayor contribución al nacimiento de empresas.
En su opinión, "se presta mucha atención a la industria y demasiada poca atención al comercio y no hay más que ver los presupuestos", a pesar de que la incidencia del comercio sobre la actividad y el empleo totales equivale al 30% del valor añadido bruto y de la ocupación. El incremento de un euro en la demanda final de comercio genera un aumento de la producción final de 2,50 euros sobre el conjunto de la economía española, ha recordado Torres.
Ante esta situación, urge a la administración a dotar de "más recursos" al sector, especialmente en lo que se refiere a los programas de ayuda a la digitalización del pequeño comercio.
Si estos establecimientos no se digitalizan, "lentamente el mercado va a ir expulsándolos", ha alertado. El último programa de Confecomerç impulsar su digitalización ha llegado a 300 comercios, "si tenemos una base asociativa de 15.000, ¿cuantos años tenemos que estar para llegar a todos? ¿Estarán abiertos?", se ha preguntado.
Para Torres, ahora mismo lo que da la administración son "pipas". "El pequeño comercio existe y existirá y tiene capacidad para ser igual de profesional o más que el gran comercio, pero hay que dotarle de armas, por ejemplo para compensar la fiscalidad". De este modo, ha pedido "protección" y "no freírnos a impuestos como está ocurriendo tanto a nivel local como nacional, pagamos tasas e impuestos por absolutamente todo", ha concluido.