El síndic de Compromís, Fran Ferri. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado mes de junio, entró en vigor el gravamen para las bebidas azucaradas en Cataluña. Apenas unos días después, Compromís registró una Proposición No de Ley en Les Corts para que se siguieran los mismos pasos en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ésta ampliaba su espectro a todos los "productos azucarados y con exceso de grasas", que soportarían un incremento de su precio de hasta un 20%. Ahora, unos meses después y ante las reticencias y preocupaciones de los empresarios, la coalición la ha retirado.
La iniciativa ya nació rodeada de polémica. Tras algunos contactos informales –como el del presidente de la Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunitat (Fedacova), Federico Félix, con miembros del Govern del Botànic– para abordar esta cuestión, fuentes del grupo parlamentario Compromís advertían que el texto era una "propuesta de máximos", pero se mostraban partidarios de "rebajar el alcance de la PNL y, por tanto, transaccionarla" antes de que llegase al pleno –ya que fue registrada con "carácter urgente" y, por tanto, no pasaría por ninguna comisión–. Entendían que el amplio ámbito al que afectaba "haría complicado" que saliera adelante. Mientras, la propia diputada firmante de la iniciativa, Isaura Navarro, se oponía a limitar la Proposición No de Ley.
Ahora bien, en Compromís no tiran la toalla. Fuentes de la formación indican que ya trabajan en un nuevo texto "más realista" y con mayor capacidad de generar consenso. Esto es, ante la diversidad de alimentos a los que afectaba la redacción anterior –no sólo bebidas, también otros productos azucarados o con exceso de grasa como la bollería–, la nueva redacción se centra en aplicar esta tasa sólo a los líquidos. Aún así, Navarro asegura que la propuesta será "amplia".
La intención de Compromís era que todo lo recaudado con el nuevo gravamen fuera destinado a desarrollar programas de mejora de los hábitos alimenticios de las personas o a incrementar la concienciación social ante los problemas de salud derivados de una mala alimentación. Con ello, querían combatir el aumento de los índices de obesidad que reflejaba el último informe la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, la patronal autonómica CEV se ha posicionado desde el principio en contra de esta iniciativa, por lo que ha maniobrado a distintos niveles con el objetivo de paralizarla. Para ello, la organización que preside Salvador Navarro creó antes del verano un grupo de trabajo interno para detallar en un informe su radical oposición a la iniciativa y abrir una ronda de contactos con los diferentes grupos políticos. Los empresarios cuestionaban que, tal y como estaba planteada, la propuesta tenía un fin recaudatorio antes que enfocado en la salud y penalizaba una serie de productos.
Los contactos se han intensificado a la vuelta del verano; en particular, con Compromís, por ser el partido que lidera la propuesta. Al frente de la defensa de la postura empresarial han estado dos empresarios con mucho peso en el sector alimentario: Federico Félix, presidente de la patronal Fedacova y de Helados Estiu, y Rafael Juan, consejero delegado de Dulcesol.
Según explicaron a este periódico fuentes de la organización empresarial, las gestiones han desembocado en los últimos días en una promesa de los partidos que forman el Consell de poner sobre la mesa una propuesta "razonable" y alejada de la impulsada en Cataluña, que se plasmará en una nueva iniciativa parlamentaria.
Los empresarios se mostraron en contra de castigar a determinados alimentos con una tasa y, como alternativa, propusieron abrir una la línea de trabajo similar a la emprendida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), que está colaborando con la industria alimentaria en el sentido de mejorar la composición nutricional de los alimentos.
"Nuestra propuesta es trabajar de acuerdo como lo está haciendo la acosan; más que penalizar, porque no se trata de denominar ningún alimento, queremos que desde el ámbito público se ayude a posicionar mejor a los alimentos que tienen una composición nutricional más adecuada", resumieron.
Pese a la adaptación de la propuesta de Compromís en Les Corts, en el Congreso de los Diputados los nacionalistas sí que han conseguido dar un paso más en el control a las empresas proveedoras de este tipo de productos. La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó la Proposición no de Ley de Compromís en la cual se instaba al Gobierno a que en el etiquetado de los productos se especifique la cantidad de azúcar añadido que estos tienen. La propuesta de la coalición contó con los votos favorables de Unidos Podemos, ERC y del PSOE. PP y Ciudadanos se abstuvieron.
La diputada de la coalición en el Congreso de los Diputados, Marta Sorlí, ponente de la propuesta, justificaba la necesidad de especificar los azucares añadidos por el debate "muy polarizado" que existe en la industria, "que busca minimizar los efectos perjudiciales del azúcar y habla de la importancia del balance energético y los expertos que consideran el azúcar casi como una sustancia adictiva que ha provocado serios problemas de obesidad y diabetes en una gran parte de la población".
