Compromís reprocha al Gobierno que niegue a los valencianos sus Papeles de Salamanca y lo estudie para Euskadi

CASTELLÓN. Los senadores valencianos de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete exigen al Gobierno socialista un trato igualitario en la devolución de los Archivos de Salamanca a sus ubicaciones de origen. Lo hacen después de las declaraciones del ministro de Cultura, José Guirao, donde se abría a estudiar la devolución de dichos archivos correspondientes al País Vasco. Anteriormente el Gobierno, a través de respuestas escritas a Compromís, negó la devolución de dichos archivos correspondientes al territorio valenciano expoliados durante la Guerra escudándose en un Real Decreto que tuvo un plazo exprés que finalizó en 2010.
 
Por este motivo los senadores Mulet y Navarrete han presentado nuevas preguntas al Gobierno donde se le exige "igualdad en el trato", además de exigir que se estudie también la devolución de los Archivos de Salamanca pertenecientes a la Generalitat y ayuntamientos valencianos. "Si ya de por sí es cuestionable poner plazos a reclamaciones que son justas, como devolver lo robado a sus propietarios, más lo es que se ignore la petición de Les Corts Valencianes de 2004, que exigieron por unanimidad la devolución", ya que, según Mulet, "abrirse a estudiar la posibilidad de retorno para otras autonomías y no para el País Valenciano supone ahondar en un trato desigual, que no podemos aceptar de ninguna manera".
 
El representante valenciano ha añadido que "es el momento de reparar el expolio patrimonial que sufrieron los valencianos y valencianas después de la Guerra Civil, ya sea mediante medidas generales o mediante otro Real Decreto que permita actualizar el sentir y reclamaciones de la sociedad actual y el cumplimiento de la legalidad frente a las incautaciones de documentos por motivos ideológicos por parte de la Dictadura".

La Generalitat y los pueblos expoliados

A partir del 26 de abril de 1938 el bando franquista creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, encargada de requisar toda la documentación de organismos republicanos, partidos y sindicados desafectos al Movimiento nacional y susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos. De esta forma, la Generalitat o decenas de ayuntamientos valencianos "sufrieron el expolio de sus papeles a toneladas", entre ellos Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, Sant Joan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, València, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva, Xàbia y Chiva, particulares, entidades políticas y sindicales, han destacado los senadores.