Compromís aprovecha los 'incumplimientos' de Marina Salud para desmarcarse del PSPV y exigir la reversión de Dénia 

DÉNIA. La empresa Marina Salud, formada por DKV y Ribera Salud, es la encargada de la gestión del servicio público de la sanidad en la Marina Alta. Con un contrato firmado en 2009 y tras 12 años de gestión y numerosas promesas incumplidas de reversión del servicio. Todo sigue igual.

En ese contrato la conselleria fijó una serie de prioridades, la principal, la construcción de un nuevo hospital comarcal, construido este, había otros compromisos que por una razón u otra no se han cumplido. Son dos intervenciones recogidas en el pliego de aquel contrato, y que siguen esperando en el cajón del olvido de la concesionaria, pero también de la Conselleria de Sanitat.

Se trata de la construcción de un segundo centro de salud en Dénia, y la ampliación del de Calp, la localidad más al sur de la comarca, cuyos vecinos a veces incluso prefieren desplazarse a Benidorm para ser atendidos.

En Dénia, con 42.000 habitantes, el ayuntamiento cedió una parcela para que fuera levantado. En Calp, hace unas semanas, la alcaldesa, la popular Ana Sala, reclamó la ampliación del centro “está concebido para 9.000 vecinos” y en Calp son oficialmente 23.000 (el triple en épocas como el verano). Otra promesa no cumplida, es la construcción del nuevo centro en Pedreguer. En la parcela cedida, mucho antes que la gestión de la sanidad fuera encargada a Marina Salud, aun se ve el cartel que anunciaba la obra. Este año, tras muchas presiones políticas, la Conselleria ha presupuestado la obra.

El incumplimiento del pliego y del plan de inversiones, con los gobiernos del PP en el Consell pero también con los del Botànic. Y es el punto de partida de la movilización de los alcaldes de Compromís en la comarca. Este viernes, se concentraron a las puertas del hospital comarcal, para presentar la plataforma Som Marina Alta, con la que pretenden exigir al Consell primero que haga cumplir el pliego de condiciones a Marina Salud, que “fiscalice correctamente” el servicio que se presta, y por último exigir la reversión del servicio la propia Generalitat, quizás espoleados por cómo se resolverá el de Torrevieja, en la que Compromís y Podem han abortado la idea de los socialistas de crear una empresa pública.

Sin Chulvi, Grimalt.. pero tampoco los alcaldes del PP de Benissa, Teulada y Calp

En esa concentración el portavoz de la plataforma y alcalde de Gata de Gorgos, Josep Signes, de Compromís, ha explicado que la entidad “nace de la honda preocupación” de muchos alcaldes que se sitúan “a la izquierda del PSOE” ya que no avanzan los grandes asuntos que afectan a la Marina Alta como la reversión de la concesión sanitaria -anunciada en 2016 por el president Ximo Puig en un acto en Pedreguer y que también ha caído en el cajón del olvido-, las carencias en materia de transporte público en el conjunto de las 33 localidades; la “cada vez más lejana solución al tren de la Costa” o la “infrafinanciación” que sufre la Marina Alta.

Signes ha expresado que pretenden que “se incorporen más alcaldes”, ya que es evidente que por lo menos hasta ayer ninguna de las cinco localidades más grandes se hayan sumado. Ni Dénia ni Xàbia (Vicent Grimalt y José Chulvi), ni los de Teulada-Moraira, Benissa y Calp (del PP).

En este sentido, Signes aseguró que en el caso de los dos socialistas, Chulvi además es portavoz adjunto en les Corts y secretario provincial, “muchas veces se ponen de lado” en estos temas, cuando “debería estar al frente”.

Otro de los alcaldes que se sumó la concentración es Miquel Angel García de Mes Benitatxell (y exedil de Compromís). García defendió que esta plataforma nace “para defender a los ciudadanos de la comarca y reivindicar el municipalismo”. García concretó que tanto los alcaldes han detectado “diversos incumplimientos en el plan de infraestructuras y en el personal” y se lamentó que hay “una cierta inactividad en la parte de fiscalización” del servicio que presta Marina Salud por parte de la Conselleria de Sanitat. “Hay que mirar -afirmó- los intereses de los ciudadanos y defender el derecho a la sanidad pública”.