Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana ha manifestado su desacuerdo respecto a la exlcusión en el 'Bono Viatge' de los pequeños operadores de viviendas turísticas que no están constituidos como empresas. Así lo manifiesta en un informe del 2 de noviembre, en el que analiza el decreto 156/2020 donde se aprueban las bases reguladoras de esta ayuda de Turisme Comunitat Valenciana para incentivar la demanda interna de servicios turísticos por la covid.
Unos bonos que permiten a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana recuperar hasta un 70% del coste de un alojamiento hasta un máximo de 600 euros y que, según el ente dependiente de la Conselleria de Economía, estarían restringiendo el acceso a una parte del mercado. El decreto y las instrucciones solo permiten adherirse a establecimientos hoteleros, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, campings, casas rurales, albergues y empresas gestoras de viviendas de uso turístico.
En este sentido, el reproche desde Competencia viene al establecer el decreto una limitación que deja fuera de este alojamiento subvencionado a todos los propietarios de viviendas turísticas que no estén inscritos como empresas. Además, éstos deben estar inscritos en el Registro de Turismo, cuestión que solo es posible si se tiene al menos cinco viviendas, por lo que todos los pequeños operadores que no cumplen esta cuestión también quedan fuera.
El programa, pensado para dinamizar al tejido empresarial del sector turístico, cuenta con un presupuesto de 14,3 millones de euros y permite disfrutar de las ayudas del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2021. En la primera semana del programa se emitieron 7.166 bonos y 1.192 empresas se adhirieron la mismo.
"Les impide competir en igualdad de condiciones que el resto de operadores incluidos en el programa, situándoles en una situación de desventaja competitiva respecto de aquellos. Ello supone una distorsión no justificada de la competencia en el mercado de los servicios turísticos, provocada por los poderes públicos de los que emana la normativa, lo cual choca con los principios de buena regulación", apunta Competencia.
Desde la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) ya habían denunciado la discriminación en este sentido, al excluir en base a esta normativa a un 44% del total de las viviendas turísticas existentes en la Comunitat Valenciana, lo que supone más de 35.000 alojamientos. Ante esta cuestión, la comisión considera que tanto el decreto como la instrucción, respecto a las viviendas de uso turístico, no se ajustan a lo requerido por los principios de buena regulación que deben regir la actuación de la Administración.
"En la línea de la mayoría de informes de las autoridades de competencia, este tipo de normativa limita la presión competitiva en el mercado y puede generar una pérdida de bienestar para la sociedad como precios más elevados, menor calidad, menor variedad y menor fomento de la innovación", recoge el documento de la CDCCV, quien se pone a disposición de los poderes públicos para asesorarles en el desarrollo de la labor regulatoria.
Mientras, fuentes de Turismo señalan que este tipo de gestores que controlan un número reducido de apartamentos se han quedado fuera por la complejidad de un proceso en el que agencias y compañías han dispuesto cuestiones como la firma digital a los ciudadanos beneficiados. Además, insisten en que era muy complicado controlar que todos gestores que se sumaran al programa estuvieran dentro de la legalidad. No obstante, no descartan que ante una futura repetición de estas ayudas dichas compañías sí puedan ser incluidas y recalcan la premura con la que fue puesto en marcha el proceso. Por otro lado, también insisten en que que se trata de un programa pensado para favorecer y dinamizar el tejido empresarial.
