Son músicos, ilustradores, bailarines o profesionales audiovisuales que cobran poco y de forma esporádica, pero tampoco quieren trabajar en negro. Las cooperativas como Factoo parecían ser la solución perfecta para ellos… hasta que una carta de la Seguridad Social les sacó de su error a golpe de multa
VALÈNCIA. Después de vivir durante varios años en Londres, donde trabajaba contratada en una empresa como editora de videos, Nuria regresó en 2016 a su ciudad natal, València, sin tener claro si su estancia sería transitoria o definitiva. La proverbial inestabilidad laboral de los profesionales del sector audiovisual en España le hacía desconfiar. Pero tuvo suerte, y pronto llegó a sus manos un encargo puntual como freelance. Se abrió ante ella un dilema: ¿le convenía darse de alta como autónoma por un solo trabajo? “Entonces me topé con unos anuncios y programas en radio y televisión que hablaban de que en España los trabajadores freelance tenían ahora otra manera de facturar legalmente sus trabajos esporádicos: las cooperativas”, relata Nuria (que utiliza un nombre ficticio por consejo de sus abogados). Entre todas las que habían aparecido en el mercado, una de ellas –precisamente radicada en València- destacaba sobre las demás: Factoo.
La fórmula era aparentemente sencilla: pagas una cuota fija para darte de alta como trabajador asociado, y después la cooperativa factura por ti, a cambio de una comisión, y te da de alta como trabajadora por cuenta ajena. “Yo no tenía ni idea de derecho laboral, y además me inspiraba mucha confianza que incluso en TVE se citara esta alternativa con toda normalidad. Me pareció maravilloso y completamente lógico que hubiesen dado con una solución para situaciones como la mía, que son muy comunes”.
Puede que tres mil euros sea una cantidad asumible para algunas personas, pero es un verdadero drama para otras. El caso de Nuria no es el más llamativo. “En estos momentos hay personas que deben 10.000 euros y les están embargando directamente las cuentas, sin esperarse a que la persona se defienda”, denuncia esta afectada por el llamado Caso Factoo. “En su inmensa mayoría, los denunciados somos personas que no tenemos ingresos grandes ni estables. Todos tenemos en común que no queríamos trabajar en negro, sino hacerlo de forma limpia y legal”.
Independientemente del “Caso Factoo” y la legitimidad del Ministerio de Trabajo para iniciar los procesos sancionadores, existe cierto consenso acerca de que el marco laboral en España fuerza a salirse del sistema a muchos profesionales. Y los profesionales del sector artístico —uno de los principales afectados por las recientes denuncias— constituyen uno de los eslabones más débiles de esta cadena. Un ilustrador que no sabe si ese mes le van a encargar tres dibujos o diez; un grupo de música de cuatro miembros que cobra 700 euros brutos por un concierto a 600 kilómetros de su casa, y al que el promotor les exige darse de alta para poder tocar en su festival; un músico de cierto prestigio y varios discos en el mercado que rechaza actuaciones en festivales los fines de semana porque su trabajo como funcionario le impide percibir contraprestaciones por actividades secundarias; un periodista al que despidieron de su trabajo estable en un periódico, y escribe con pseudónimo porque los escasos 200 euros que recibe por escribir cuatro colaboraciones al mes no le dan para pagar el alta de autónomo. No son casos ficticios; detrás hay nombres y apellidos. Sienten desamparo por parte de un sistema para el que ellos parecen no existir. Reclaman cuotas progresivas y flexibles en función de los ingresos reales (como las tienen en otros países del entorno europeo).
“Estoy planteándome muy seriamente dejar la música porque, si soy sincero, no sé cómo hacerlo de forma legal sin perder dinero”, afirma otro artista que prefiere quedar en el anonimato. Hace poco saldó su deuda con la Seguridad Social, después de perder tres recursos a la penalización abierta contra él por haber facturado a través de Factoo. Además de formar parte de dos veteranos grupos de música de relevancia nacional, Alejandro (nombre ficticio) ha grabados discos y actuado –nunca de forma estable- con algunos de los artistas internacionales más importantes de la escena independiente del siglo XX. Un tanto muy importante para el currículo, pero poca cosa si atendemos al cómputo de ingresos anual que ha percibido por ello. El porcentaje de músicos profesionales en España que se ganan la vida holgadamente –y que por tanto no tienen problemas para pagar una cuota de autónomo íntegra todos los meses- es irrisorio. La inmensa mayoría realizan su actividad en “negro” –atemorizados ante la posibilidad de que irrumpa en el local una inspección de Trabajo- o facturan a través de una cooperativa de músicos (cuyo funcionamiento en básicamente el mismo que Factoo).
“Han querido dar un golpe ejemplarizante a Factoo, y como ellos estaban dilatando el proceso judicial, el Ministerio de Trabajo ha ido a por sus clientes, que somos mucho más débiles”, opina Alejandro. “Somos víctimas por partida doble. Por una parte, Factoo nos aseguró que todo era perfectamente legal, incluso cuando empezamos a recibir las primeras cartas de la Seguridad Social reclamando cuotas atrasadas y recargos. Nos decían que no nos preocupáramos, que dejáramos el tema en manos de su gabinete jurídico, y que ganaríamos el caso con una probabilidad del 99%. Por la otra parte, el Estado debería habernos protegido, impidiendo la existencia de estas cooperativas o informándonos (antes de denunciarnos y embargar nuestras cuentas) de que estábamos llevando a cabo una actividad irregular. No se nos ha dado la oportunidad de reaccionar, de salir de todo esto antes de que se nos cayera encima”, lamenta. Aunque ha pagado su multa, sigue preocupado. Asegura que está encontrando problemas para darse de baja como trabajador asociado a Factoo: “Ya no quiero tener ninguna vinculación”.
La “escabechina”, como lo denominan entre ellos, comenzó a raíz del expediente de descalificación iniciado el verano pasado por la Inspección Provincial de Trabajo de València contra Factoo, impulsada por Chema Escrivà. La mayor cooperativa de trabajo asociado de España, que acaba de presentar un concurso de acreedores voluntario, continúa en estos momentos su actividad, y ha promovido en los últimos meses la creación de dos cooperativas “hermanas”: Tecnicoo y CoopArt, esta última con base en Andalucía y destinada específicamente a músicos, intérpretes y otras actividades artísticas.
Preguntamos a la empresa matriz en qué se ha modificado el sistema de facturación que utiliza en CoopArt con respecto al anterior. “No se diferencia en nada. El proceso es igual —reconocen fuentes de la cooperativa—. Nos estamos dividiendo por sectores porque nos acusaban de que estábamos facturando a personas con actividades muy diferentes entre sí. Estos “mini-Factoos” responden a nuestro interés por hacerlo todo legal”. Insisten en que su actividad no es irregular: “En otros países existen cooperativas como nosotros y no pasa nada, pero aquí hay un vacío legal que tiene que resolverse”.
“No es cierto que la Seguridad Social haya reclamado multas a muchos de nuestros asociados. Son de hecho muy pocos, pero es cierto los que hay llaman mucho la atención. Los atacan para asustarles”, aseguran las mismas fuentes.
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto nuevas esperanzas en ese sentido. Hace apenas unos días, la ministra socialista de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció su intención de igualar la cotización de la Seguridad Social de los autónomos con sus ingresos reales, al entender que el modelo actual hace que unos estén “sobrecotizando” y otros “infracotizando”. Pero no concretó cómo ni cuándo.
Sin embargo, el inesperado cambio de interlocutores en el Ministerio de Trabajo no es positivo para los intereses de las personas que tienen procesos judiciales abiertos por el “Caso Factoo”. “El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, nos había asegurado que estudiaría uno a uno cada uno de los expedientes abiertos, pero todo eso ahora se ha quedado en nada —explica a Cultur Plaza Francisco Ferrera, presidente de la confederación de asociaciones de autónomos Uatae—. El nuevo Gobierno no tiene responsabilidad directa en ello y no la va a asumir”.
Mientras los políticos dirimen la cuestión y el Estatuto del Artista avanza a paso de caracol en el Congreso de los Diputados, miles de profesionales freelance españoles continúan huérfanos. Trabajando cada día en el filo de la precariedad y la incertidumbre jurídica. Preguntándose por qué narices no nacieron con una vocación un poco más convencional y lucrativa. “Debería haberle hecho caso a papá”.