Caso Azud: el PSPV, envuelto en la trama urbanística de mordidas de la época de Barberá 

VALÈNCIA. La presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en el caso Azud relata unos hechos ocurridos durante la etapa del PP al frente del Ayuntamiento de València pero con un componente transversal: el PSPV se encuentra salpicado de lleno, al igual que varios empresarios. La segunda parte de la operación que arrancó el pasado jueves se ha saldado con 14 detenciones de dos cargos vinculados a los socialistas (Rafael Rubio y José Luis Vera). A ellas se une la investigación al que fuera financiero del partido, Pepe Cataluña. 

Esta parte de las indagaciones se centran en las presuntas comisiones y regalos a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público entre 2005 y 2010 desde el consistorio. En el centro, el empresario Jaime Febrer, propietario de la mercantil Construcción Valencia Constitución, matriz de la que salen otras empresas dedicadas a los diferentes proyectos urbanísticos en la ciudad.

Con él aparece relacionado Cataluña, quien habría realizado el papel de conseguidor de contactos o mediador entre Febrer y ayuntamientos gobernados por el PSPV en la Comunitat durante esos mismos años. Faltará por saber si, aparte de su implicación personal en el asunto, existió algún tipo de lucro para el partido, algo que por el momento no queda claro. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer viernes el domicilio del exsecretario de finanzas de los socialistas en Gilet. Aunque se trata de un veterano que ya no figura entre los que ostentan responsabilidades dentro del PSPV, aún le quedan muchas amistades y capacidad de influencia en el partido que lidera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. De hecho, durante años era conocida la comida anual que organizaba en su municipio y en la que se congregaban los principales referentes de la formación, especialmente los más próximos al ex jefe del Consell Joan Lerma.

Cataluña, además, ya figuró en la investigación abierta en 2016 por un juzgado sobre una supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007. El presunto delito electoral ya se encontraba prescrito, por lo que no se pudo seguir adelante pese a la existencia de indicios. Respecto al resto de delitos como prevaricación, malversación o falsedad documental, la jueza se inhibió debido a que los hechos no tuvieron lugar en Valencia, por lo que la causa acabó en tres juzgados que archivaron finalmente las actuaciones. 

Entre las detenciones conocidas este viernes se encuentra la del empresario valenciano Federico Ferrando, hermano del que fue presidente de la patronal valenciana, Rafael Ferrando, y la empresaria Mónica Montoro. Ambos estarían relacionados con operaciones urbanísticas vinculadas a Febrer y se les atribuye el supuesto pago de sobornos en ellas. 

Por otra parte, también fueron arrestados la exalcaldesa de Xixona Rosa Verdú (PP) y un exconcejal por haber favorecido a Febrer en la adjudicación de un PAI en el municipio que afectaba a la posible recalificación de 7,5 millones de metros cuadrados. Un plan que nunca se llegó a realizar y por el que en 2007 se investigó a Verdú tras una denuncia del PSPV en la que también le acusaban de haber beneficiado a familiares en la operación. 

Todos ellos pasarán previsiblemente a disposición judicial hoy sábado junto al exvicealcalde de València y mano derecha de Rita Barberá Alfonso Grau –quien podría haber cobrado mordidas por un millón de euros– y su hija, el propio Jaime Febrer y el director de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera. Este último habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, también habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama y estuvo como apoderado en 2007 y 2008 de Construcciones Valencia Constitución.

Precisamente por estas sospechas, la UCO registró el despacho de Vera en Divalterra, de la que, curiosamente, también es director de prevención de riesgos penales; y se personó en el despacho del conocido penalista Virgilio Latorre, de quien era socio, para realizar comprobaciones sobre una empresa de Vera que estaba allí domiciliada. Por el momento, sigue ocupando todos sus cargos en la Diputación de Valencia que preside Toni Gaspar, a la espera de la celebración de un Consejo de Administración extraordinario que está fijado para el lunes. 

Caso Azud

La operación desarrollada por los agentes se trata de la segunda dentro de esta causa abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias que todavía permanece secreta. La investigación se lleva a cabo desde 2017 en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y estalló en abril de 2019. Momento en el que se detuvo al considerado como principal investigado de la causa: el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, quien ingresó preventivamente en prisión, pero pocas semanas después fue puesto en libertad. 

Según los investigadores, tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Es decir, una suerte de pago por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal. La sospecha es que Corbín no únicamente cobró en efectivo, sino en 'especie'. Concretamente, con pisos o con la adquisición de inmuebles muy por debajo de su valor real después de mediar en diversas recalificaciones y reclasificaciones de suelo municipal.