Caso Alquería: La Policía abre una línea de investigación por el desvío de fondos a partidos

VALÈNCIA. La Operación Alquería, se saldó este miércoles con seis detenidos y una línea de investigación nada halagüeña para el PSPV. Según ha podido saber Valencia Plaza, los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF), están investigando si el presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez; su jefe de Gabinete, Ricard Gallego; dos asores, y los dos cogerentes la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa-, Agustina Brines y Xavi Simón, desviaron fondos públicos con la finalidad de aumentar la financiación del PSPV y de Compromís.

Al parecer, Rodríguez habría creado diversos puestos de alta dirección dentro de la empresa pública y, a posteriori, habría distraído dinero público vía "el impuesto revolucionario" que todos los políticos pagan de su sueldo a los partidos para incrementar el capital de cara a futuras elecciones. Este es tan solo uno de los hilos de los que la Policía está tirando, ya que la operación desarrollada este miércoles en València parte de la UDEF y no del juzgado.

El otro gran ‘hilo’ es el enchufismo. El magistrado abrió una causa a raíz de la denuncia de varios trabajadores de Divalterra, porque presuntamente se habrían creado puestos de alta dirección que se adjudicaron a colegas del partido.  

Compromís se ha visto envuelto en el último escándalo del PSPV ya que una de las cogerentes de la empresa, Agustina Brines, pertenece a este partido. En el tema de la financiación, Compromís tiene bastantes menos papeletas que el PSPV de salir ‘trasquilado’ ya que Brines ni tan siquiera tiene mando en plaza dentro de la coalición de izquierdas.

Los delitos por los que se ha arrestado a los seis dirigentes y asesores de la Diputación son prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos con administración desleal, lo que abriría la puerta a la investigación por financiación irregular.

La operación se desató después de una ardúa investigación de seis meses por la presunta creación de contratos de alta dirección, hechos ad hoc para tener puestos ficticios en los que colocar a personas afines al PSPV y a Compromís, lo cual comprometería el dinero de las arcas públicas valencianas.

De hecho, Rodríguez recibió hasta 12 informes contrarios a sus pretensiones de ‘enchufar’ a una decena de personas en cargos de alta dirección en Divalterra. Sin embargo, finalmente consiguió que el secretario del Consejo de Administración de Divalterra y ahora detenido, Jorge Cuerda, realizara uno favorable a las pretensiones del presidente.

Las basuras

Además de la financiación y el ‘enchufismo’ se investigan diversas adjudicaciones al Ayuntamiento de Ontinyent, entre ellas presuntamente la exención de la tasa de basuras del consistorio, que habría generado un agujero en la Federación de Municipios y Provincias de más de un millón de euros.

La Operación Alquería se inició este miércoles a las siete y media de la mañana. La UDEF realizó registros tanto en los domicilios de los detenidos como en el Ayuntamiento de Ontinyent, de donde es alcalde Rodríguez, así como en la sede de Divalterra y en la Diputación de Valencia.

Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Policía Nacional terminaron sobre las 22.00 horas el registro que estaban llevando a cabo en la Diputación de Valencia, en el que estuvieron presentes su presidente, Jorge Rodríguez, y su jefe de Gabinete, Ricard Gallego.

Ambos habían sido trasladados desde Ontinyent, donde habían asistido a un registro en el Ayuntamiento, del que es alcalde Jorge Rodríguez y que duró unas seis horas, desde las 12,00 a las 18,00 horas.

Tanto Rodríguez como Gallego, así como los otros cuatro detenidos, pasaron la noche en las dependencias policiales del Cuartel de Zapadores, según Efe.