CSIF cree que 3.500 empleados de firmas públicas podrían tener que examinarse para salvar su empleo

VALÈNCIA. La futura Ley del Sector Público, que definirá el futuro de los cerca de 5.500 empleados de las sociedades que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat, continúa provocando la reacción de los sindicatos, incluso de los que no forman parte de la comisión creada por el Consell para negociar los detalles de la norma.

Uno de ellos es CSIF, que ha interpretado que la norma, de la que por el momento solo existe un borrador abierto a alegaciones, puede suponer una amenaza para los actuales empleados de empresas, funciones y consorcios de la Generalitat, ya que puede provocar que los actuales trabajadores de las entidades afectadas "deban superar una oposición para mantener sus puestos de trabajo".

"Desde CSIF estamos absolutamente en contra de que se obligue a los empleados a superar una oposición para seguir en unos puestos de trabajo donde están realizando sus funciones y tareas de forma eficiente desde hace muchísimos años: como empleados con los derechos que les otorga el Estatuto de los Trabajadores, deben disfrutar de una estabilidad y carrera profesional en su relación laboral, sin verse afectados por una decisión arbitraria", refleja el sindicato en una circular interna en la que fija su postura respecto al borrador entregado por la Conselleria de Hacienda.

Aunque el texto no recoge expresamente esa posibilidad, tampoco la descarta. La sospecha de CSIF se basa en el criterio expresado por los representantes de los sindicatos que sí forman parte de la comisión de diálogo para la reforma del sector público y, por lo tanto, tienen voz en la versión definitiva del texto. Al respecto, el secretario general de la FeSP-UGT, Luis Lozano, manifestaba en una reciente entrevista en Valencia Plaza que habrá que ver cómo accedieron a sus puestos los casi 3.500 empleados catalogados como "fijos sin proceso de selección" según la información que la Conselleria de Hacienda ha ido recopilando de las diferentes empresas.

"No estamos a favor de que se haga tabla rasa. Lo que nosotros pedimos es que se mantenga el número de puestos de trabajo y, si es verdad que hay 3.467 fijos sin proceso de selección, evaluemos cómo han entrado; qué entorno legal había en el momento en el que entraron que justificase esa entrada. Lo primero es ver de qué manera entraron y la gente que no ha pasado ningún proceso selectivo, tendrá que pasarlo. Tendrá que hacer una prueba como todos los ciudadanos. Los que retorcieron la legislación para quedarse como fijos deberían ir todos a la calle porque evidentemente eran cargos políticos camuflados en un puesto de trabajo estable", aseguraba el líder de la FeSP-UGT, el sindicato mayoritario en el sector público valenciano.

CSIF, que ha recurrido ante el TSJ su exclusión de la comisión de diálogo de la que forman parte UGT-PV, CCOO-PV e Intersindical, aspira a que la garantía del mantenimiento del empleo para los actuales trabajadores quede recogida expresamente en la ley y no abierta a una decisión que dependa de la voluntad política del Consell, que debería "respetar los derechos adquiridos de los trabajadores, y no apoyarse en sindicatos afines para vulnerarlos".

La formación que dirige Daniel Matoses cree que obligar a los actuales integrantes de las plantillas a superar una prueba objetiva para mantener su empleo equivaldría a "criminalizarles" por los "desmanes cometidos por los políticos". "Los empleados no tenemos culpa alguna, de una forma similar a los expedientes de regulación de empleo que sufrimos a partir de 2012", agregan.

Personal laboral no temporal "a extinguir" 

A falta de ver cómo queda redactado finalmente, el borrador de la Ley del Sector Público Instrumental que el Consell ha entregado a los sindicatos establece que el personal laboral no temporal a cargo de las sociedades mercantiles o fundaciones de la Generalitat conservará su puesto, incluso en caso de transformación o fusión de la entidad a la que pertenezca, en cuyo caso su puesto se declarará "a extinguir".

El personal que quede en esta situación solo perdería su empleo si el puesto que ocupa se cubriera mediante un proceso selectivo, al que podría presentarse, o si la empresa optase por amortizar su puesto previo abono de la indemnización que le correspondiera.

CCOO, también en contra de 'reválidas'

No obstante, la postura defendida por CSIF respecto a los actuales empleados no difiere en exceso de la manifestada por otros sindicatos que sí forman parte de la negociación con el Consell. Sin ir más lejos, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO manifestó recientemente que la regulación del personal de la futura ley "sí recogen una parte importante de las pretensiones sindicales respecto a garantía de estabilidad en el empleo y mantenimiento de las condiciones de trabajo del personal que actualmente presta servicio en este sector".

Además, este sindicato lanzó una advertencia a la Generalitat al advertir que considera "inasumible" cualquier tentación de aprovechar esta nueva ley "para llevar a cabo una depuración ideológica" del personal empleado en el sector, pretendiendo obligarles a pasar un proceso selectivo para poder mantener el empleo.

Por su lado, fuentes de UGT-PV consultadas al respecto se manifiestan en el mismo sentido. Tras analizar el borrador con detenimiento, consideran que no se puede someter a un examen a los trabajadores del sector público con contrato de laboral fijo, con independencia de cómo accedieran al puesto, porque existe jurisprudencia del Supremo al respecto.

Según explican estas fuentes, el personal de una empresa que ya tiene reconocida la condición de fijo no puede ser puesta en cuestión por una nueva ley. UGT-PV, no obstante, considera "lógico" el cambio previsto en la ley para las futuras contrataciones, que se harán previa superación de una prueba objetiva mediante oposición o concurso oposición.