CCOO y UGT acusan a Bonig de castigarlos con su propuesta de ley de participación institucional

VALÈNCIA (EP). Los sindicatos CCOO PV y UGT-PV han considerado que la propuesta que realizó este miércoles la sínidca del PP en Les Corts, Isabel Bonig, de modificar la ley de participación institucional para "que no quede limitada a las organizaciones más representativas" no "atiende al mandato constitucional".

Según han informado las organizaciones sindicales mediante un comunicado conjunto, la Ley de Participación Institucional supone un reconocimiento formal a la función social que la Constitución Española confiere a los sindicatos, y que la Ley Orgánica de Libertad Sindical otorga a los más representativos.

"La subvención, que de la misma se desprende, va destinada fundamentalmente a compensar los costes derivados de la participación en los más de 600 organismos públicos donde se trabaja para la mejora del marco legal y por la defensa de los intereses de la sociedad valenciana", han señalado.

Para los sindicatos, esta propuesta resulta "sorprendente", pero, para ellos, todo apunta a que "solo el éxito de la manifestación del 18 de noviembre explica la reacción de Isabel Bonig, que se excluyó a ella y a su partido de la convocatoria".

"Solo así podemos entender el castigo a las entidades convocantes mediante la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, para que recorten una parte del presupuesto destinado a tareas específicas de la CEV, CCOO PV y UGT-PV", han destacado.

"Alto grado de incoherencia"

Este gesto muestra un "alto grado de incoherencia", al actuar contra una ley promovida por su propio partido en la pasada legislatura. "Entendemos, por otra parte, que en el PPCV sigue habiendo muchas personas sensatas que valoran el papel constitucional de los sindicatos y la patronal valenciana", han indicado.

Desde los sindicatos han señalado que las subvenciones son la compensación por gastos ocasionados de asistencia a reuniones, preparación de informes, difusión posterior, todo situado "dentro del correcto funcionamiento democrático de un país donde se trabaja desde el conjunto de sus instituciones y con el necesario apoyo de los agentes sociales y económicos".

"Huelga decir, pero las circunstancias nos obligan, que los gastos asociados a esas subvenciones están sujetos al control de la Administración que audita nuestras cuentas conforme a la Ley General de Subvenciones, como debe ser, cuestión por otra parte, que no se exige tan exhaustivamente a las subvenciones que reciben los partidos políticos", han destacado.

"Altamente irresponsable"

Por ello, han considerado que es "altamente irresponsable hacer demagogia" con quitar estas ayudas para "darlas a las personas más vulnerables cuando han sido sus políticas de recortes y normas antisociales las que han incrementado la desigualdad y la exclusión social".

Además, hay que tener en cuenta que los Presupuestos de este año "han reducido la partida destinada a la participación institucional", y se ha destinado una parte a la colaboración, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, por lo que creen que esta enmienda "no tiene más sentido que el de un juego político que no beneficia el buen funcionamiento de las instituciones ni el de la sociedad en general".