La consellera de Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha accedido esta mañana tras una reunión con los sindicatos mayoritarios a que un máximo del 30% de los funcionarios de cada conselleria puedan teletrabajar desde casa. La decisión supone un cambio de criterio del departamento responsable de los empleados públicos de la Administración valenciana, ya que hace apenas dos días descartaban que los funcionarios volvieran al trabajo no presencial porque los índices de contagios, aseguraban, no eran los de la primera oleada de la pandemia y no existía "ninguna recomendación de las autoridades sanitarias".
La respuesta de esta área del Consell, sin embargo, despertó fuertes críticas entre los sindicatos. No en vano, la Generalitat Valenciana acababa de adoptar medidas adoptar medidas por su cuenta para tratar de frenar la propagación del virus como el toque de queda a partir de la una de la madrugada. El mismo sábado la autonomía alcanzó récord absoluto de contagios desde que estalló la crisis sanitaria de la covid-19; Sanidad notificó entonces un total de 1.690 nuevos casos positivos.
Con este escenario, CSIF reclamó a la Conselleria de Bravo que autorizara de nuevo el sistema de teletrabajo entre los empleados públicos a pesar de que el nuevo decreto en el que trabaja actualmente Función Pública no estuviera listo. La Central Sindical Independiente de Funcionarios denunció que las últimas medidas de restricciones en los contactos sociales y en lugares cerrados contrastaban con "servicios públicos en los que se aglomeran trabajadores". Una petición a la que horas después se sumó el sindicato UGT-PV.
La petición fue rechazada por Bravo, pero dos días después y tras una reunión con las organizaciones sindicales, la Conselleria ha cambiado de criterio por la nueva declaración del estado de alarma y las nuevas medidas restrictivas que recomiendan evitar al máximo la concentración de personas. De esta manera, Función Pública convocará esta tarde a la comisión de seguimiento de los planes de contingencia por la covid-19 para dar luz verde a las subsecretarías que quieran activar el teletrabajo para el 30% de su plantilla y así reduzcan la presencialidad en las consellerias.
Durante la reunión de este miércoles, Bravo ha trasladado además a los sindicatos que en la próxima Mesa General instará al Gobierno central a acabar con las tasas de reposición. Una propuesta que ha tenido una buena acogida por parte de las principales organizaciones sindicales. Asimismo, en la Mesa General del 18 de noviembre, plantearán la subida salarial del 0,9% a los funcionarios.
Del mismo modo, la Conselleria ha avanzado que se encuentran a la espera de que la dirección general de Presupuestos apruebe el informe económico sobre el nuevo decreto de teletrabajo y, a continuación, este será remitido al Consell Jurídic Consultiu para que el órgano consultivo elabore su dictamen. Una vez el CJC dé su visto bueno, Función Pública espera que la normativa, que actualiza el decreto aprobado por el primer Botànic en 2016, pueda ser aprobada por el Consell antes de final de año por procedimiento de urgencia.
