La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo licitó este miércoles un contrato de 15,9 millones de euros para implantar un nuevo sistema de gestión procesal en los juzgados de 2020 a 2024 que sustituirá al programa Cicerone. Una licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado cuya intención es digitalizar la Administración de Justicia hasta lograr el objetivo del 'papel 0' que no se consiguió en la legislatura pasada.
En este sentido, el nuevo sistema deberá conseguir la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), el archivo electrónico en todos los órganos judiciales y oficinas fiscales de la Comunitat Valenciana, facilitar la tramitación de procedimientos judiciales, o conseguir la interconexión y la interoperabilidad de los órganos judiciales de la autonomía y toda España, entre otras funciones.
¿Los motivos de este nuevo contrato? Según reconoció el Gobierno valenciano el pasado mes de febrero -cuando fue autorizada la contratación- en un pleno del Consell, "las carencias de Cicerone" ponían de manifiesto que no era "un sistema adecuado para desarrollar utilidades para la gestión diaria en los órganos judiciales". "Se trata de un sistema tecnológicamente antiguo, cuya arquitectura y tecnología condicionan sus funcionalidades y evolución y, por consecuencia, los procedimientos de trabajo diario de los funcionarios", especificaba el acuerdo del Consell.
Ahora bien, Cicerone no es el único programa que ha dado problemas a la Conselleria de Bravo para conseguir desterrar la imagen del funcionario de Justicia rodeado de pilas de papeles para sustituirla en favor de la doble pantalla, los expedientes digitales o la presentación telemática. El camino para que la Justicia llegue al 'papel 0' comenzó en 2015 y desde entonces se han probado distintos sistemas, pero todavía no se ha logrado acertar uno definitivo que resulte eficaz.
El plan Justicia Digital: Papel Cero, puesto en marcha en mayo de hace cinco años por el Gobierno de Mariano Rajoy, quería ser la panacea a la lentitud en los procedimientos. Su objetivo principal era impulsar LexNet, el sistema de comunicación electrónico ideado para las notificaciones entre profesionales del Derecho. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, se arrojó como fecha límite enero de 2016. Dos meses después, comenzó a funcionar en la Comunitat Valenciana, pero no sin dificultad. Todos los operadores jurídicos alertaron de que la autonomía no estaba preparada para ello porque no era compatible con los programas de otros niveles de la Justicia, como Cicerone o Fortuny.
Por ello, en abril de 2016, la Conselleria de Justicia y la de Hacienda que dirige Vicent Soler lanzaron un plan de choque para "atajar la emergencia informática en juzgados y fiscalías" ante la "falta de medios heredada" del Ejecutivo del PP. Este plan contemplaba la instalación de más de 6.000 ordenadores en distintas sedes judiciales y del programa Ágora, cuya inversión fue de 3,2 millones de euros. El objetivo de este sistema era acabar con la incomunicación a nivel informático entre jueces, fiscales, abogados y forenses derivada de la incompatibilidad que existía entre Cicerone (utilizado por jueces), LexNet (empleado por abogados) y Fortuny (usado por fiscalías). La promesa era que todos podrían acceder a toda la documentación incluida en un procedimiento judicial "con un solo clic". Pero esto sería posible a partir de la versión Cicerone 19 y 20.
Sin embargo, apenas un año después, la cuestión seguía encallada. En mayo de 2017, la Dirección General de Justicia se vio obligada a paralizar la implantación del sistema informático Cicerone 19 en el partido judicial de Valencia tras detectar "fallos" en la base de datos que implicaban desde bloqueos en ordenadores cuando los secretarios introducían su firma digital, como incompatibilidades de firmas de jueces y secretarios con la aplicación o tiempos de espera de diez minutos para abrir en el ordenador documentos de demandas recibidas en lápiz de memoria.
La parálisis impidió cumplir el calendario que la Conselleria de Justicia se había fijado para implantarlo de manera escalonada en toda la Comunitat (estaba previsto que estuviera activo al 100% el 11 de mayo de aquel año). Con todo, el Gobierno valenciano intentó resolver estos problemas a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), dependiente de la Conselleria de Hacienda. Pero los problemas iniciales se resolvieron a medias.
En agosto 2018, tras los sucesivos tropiezos de Cicerone, la Generalitat Valenciana decidió firmar un convenio con el Gobierno de Navarra para poder utilizar el sistema informático que la comunidad foral utilizaba: Avantius. La Conselleria de Justicia entendió que era el que mejor se adaptaba a las necesidades de los juzgados y podría, por fin, digitalizar de una vez la administración de justicia. El programa ya se utilizaba también en otras comunidades autónomas como Aragón o Cantabria.
Pero dos años después, el pasado mes de febrero el Consell del Botànic II autorizó en un pleno la contratación del servicio de desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Gestión Procesal de la Comunitat Valenciana. La legislatura dirá si la empresa adjudicataria logrará desarrollar un programa definitivo.
