Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Si el final de curso fue movido para la Conselleria de Hacienda, la vuelta al trabajo se adivina extraordinariamente complicada. La siempre difícil tarea de elaborar el presupuesto autonómico, que cada año marca el inicio del curso político, cuenta esta vez con varias dificultades añadidas que amenazan con elevar la tensión en la negociación con las consellerias para repartir los siempre insuficientes recursos.
La mayoría de los altos cargos del departamento que dirige Vicent Soler se reincorporan a su puesto en los próximos días tras el descanso vacacional con una instrucción clara: sumergirse en la preparación del presupuesto más incierto y complicado de los últimos años por muchos motivos. Estos son los principales.
El cambio más evidente respecto a la negociación de los presupuestos de la primera legislatura es la entrada de un tercer socio al Gobierno. Hasta ahora, Podemos había participado en la negociación de los presupuestos anteriores sin los condicionantes de formar parte del Ejecutivo. Ello le ha permitido ejercer una posición de mayor contundencia a la hora de negociar algunas partidas, hasta el punto de que algún año ha llevado la negociación al límite. Ahora, una vez dentro del Consell, está por ver si mantendrá el perfil duro o tendrá que mostrarse más flexible en una negociación en la que también se juega pelear las partidas presupuestarias de sus cargos, desde la vicepresidencia de Dalmau hasta la última dirección general.
Los equilibrios se juegan también internamente en cada una de las tres patas que sostienen en Consell, porque ya existen ejemplos pasados de cómo han surgido tensiones entre corrientes internas de Compromís cuando ha habido que pelear por contar con recursos. Ahora hay que añadir a la ecuación la variable entre Podem y EU.
Pero, además, la incorporación de la confluencia entre morados y la formación comunista ha ido acompañada de un significativo aumento de la estructura institucional que habrá que dotar. Más socios para negociar y mucha más estructura que dotar –la estructura total, entre altos cargos y asesores, crece nada menos que 47%–, pero casi los mismos recursos a repartir.
Esta hipertrofia institucional, necesaria para poder encajar el mestizaje entre los tres socios del Ejecutivo, ha obligado a crear nuevos departamentos y a desdoblar algunos preexistentes con criterios cuando menos discutibles bien porque se ha generado duplicidad de funciones o bien porque no quedan claras cuáles serán las competencias de algunos de estos departamentos. Lo que resulta indiscutible es que todos van a aspirar a gestionar el máximo de recursos posibles, porque sin presupuesto difícilmente podrían justificar su razón de ser.
A ese condicionante se suma otro sobrevenido en las últimas semanas: la exigencia de recortes. El propio presidente de la Generalitat reconoció hace pocos días que el hecho de que el Gobierno central esté gobernando en funciones y con las cuentas de 2018 prorrogadas le está ‘costando’ a la Generalitat alrededor de mil millones de euros. En realidad son recursos que la Generalitat esperaba recibir y por ello los incluyó en el presupuesto autonómico, pero el bloqueo político para formar el gobierno central los mantiene congelados y sin visos de que puedan llegar a corto plazo.
Por ello, todas las consellerias ya se fueron de vacaciones con la consigna de examinar el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente para ver de qué partidas se puede recortar en el tramo final del año dada la falta de ingresos. El planteamiento general es no comprometer más gasto del que no esté ya iniciado a menos que sea estrictamente inevitable. Para ello, en las próximas semanas la Conselleria de Hacienda tendrá que ir pactando con cada departamento retenciones de crédito sobre partidas de gasto aún no comprometido para trasladarlos al año siguiente. Luego ya será asunto de cada departamento hacer que los proyectos que se arrastren del año anterior no suenen a viejo.
Ahora bien, para determinar la dificultad de esta tarea basta con recordar las palabras de Puig sobre cómo será esa suerte de cuadratura del círculo que consiste en gastar menos sin recortar nada. El jefe del Consell habló de una tarea de "cirugía fina" para defender que no se tocará nada que afecte a los servicios públicos fundamentales, pero la Conselleria de Hacienda, controlada por el PSPV, tendrá que emplearse a fondo en la negociación de los ajustes con cada departamento, especialmente con las consellerias bajo la órbita de Compromís.
Tal y como publicó Valencia Plaza, el Ministerio de Hacienda ya instó al término del primer trimestre a la Comunitat a adoptar medidas para reconducir el gasto desmedido con el que arrancó el año o de lo contrario el déficit se dispararía.
Pero las consecuencias sobre las cuentas autonómicas del bloqueo político que se sufre en Madrid no acaban en la insuficiencia de ingresos y la exigencia de ajustes. Al no haberse celebrado en julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar el techo de gasto, la Comunitat y el resto de autonomías van a tener que comenzar a elaborar sus cuentas de 2020 sin conocer datos esenciales como el techo de gasto o el dinero que recibirán del Estado en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación.
Además, al no haber podido sacar adelante en el Congreso su proyecto de PGE para 2019, la pretendida flexibilización del objetivo de déficit que quería aplicar el Ejecutivo de Pedro Sánchez se fue al traste. Para la Comunitat, el hecho de que el objetivo para este mismo año se mantenga en el -0,1% del PIB –el que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que los socialistas pretendían suavizar hasta el -0,3%– ya supone reducir su capacidad de gasto en 237 millones. Pero el objetivo para el próximo año es aún más exigente, ya que la senda de déficit en vigor, la del periodo 2018-2020, obliga a las comunidades a cerrar el ejercicio con déficit 0.
Con todos esos interrogantes en el aire, la deseada reforma del sistema de financiación autonómica, que desde hace años castiga a la Comunitat como la autonomía peor tratada aún se presenta poco menos que como una quimera.
Así las cosas, el veterano conseller de Hacienda, Vicent Soler, se enfrenta a un tremendo dilema. Si se sigue un criterio de prudencia financiera, el presupuesto autonómico debería ser restrictivo por todos los condicionantes anteriores. Si, por el contrario se antepone el criterio político al rigor contable para poder satisfacer las aspiraciones de todos los departamentos del Consell, Hacienda no tendrá más remedio que cuadrar las cuentas a martillazos.
Ya ocurrió con el Presupuesto de este año, donde además de la tradicional partida "reivindicativa" de 1.325 millones de ingresos del Estado no asegurados, el Consell tuvo que incluir alrededor de 1.500 millones en otros ingresos más que discutibles. Entre ellos estaban los 644 millones por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades, de los cuales solo han llegado algo más de 250 pero ni un euro de los 300 en los que el Consell sitúa la deuda histórica del que se conoce como Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), y otros 255 millones de euros previstos por las liquidaciones de les concesiones sanitarias, que están judicializadas.
Por si fuera poco el punto de partida no es nada cómodo, pues el hecho de que el presupuesto de 2019 fuera extraordinariamente expansivo, puesto que previera un aumento del gasto del 9,9% en año electoral, deja ahora un margen nulo para ser más ambicioso en 2020.
El broche a esta suerte de misión imposible lo pone el escenario macroeconómico. A pesar de que ya en la elaboración de las cuentas del año pasado el Consell admitió una ralentización del crecimiento, las previsiones de la Conselleria de Economia Sostenible en el informe económico que acompañaba a las cuentas apuntaban a un avance del PIB regional del 2,3% en 2019 y del 2,1% en 2020. En base a ella, Hacienda estimó que la recaudación por impuestos directos crecería este año un 11,6% hasta 4,38 millones de euros; la de indirectos un 8,6% y las tasas un 75%.
Las últimas estimaciones sobre el cierre del ejercicio sitúan la previsión de crecimiento en el 2%, tanto BBVA Research como el consenso de Funcas. Para 2020, este mismo servicio de estudios apunta a un aumento del 1,9% en el PIB regional.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
