VALÈNCIA. En un ejercicio de oposición vehemente, la portavoz del PPCV en el parlamento valenciano, Isabel Bonig, criticó con dureza este jueves -tras aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos de 2018- el supuesto rechazo de los grupos parlamentarios a respaldar la proposición de ley para modificar la norma de Participación Institucional. La propuesta de Bonig buscaba cambiar la actual ley, que fue aprobada por el PP en 2015. El objetivo era instaurar un reparto de las ayudas a sindicatos y patronales mediante concurrencia competitiva y no por subvenciones directas, en el cual se pudiera abrir el espectro y que también pudieran optar a estas ayudas las organizaciones empresariales y sindicales con menor representación.
La decisión de rechazar la iniciativa, a juicio de la popular, respondía a una mera cuestión de "ideología" que envuelve las cuentas del próximo ejercicio y que "mantienen privilegios franquistas con subvenciones directas a la patronal y a los sindicatos más representativos en lugar de a Cáritas o Cruz Roja", tal y como propuso su grupo en el trámite parlamentario de enmiendas. Y como la popular ha venido censurando desde hace semanas.
Pero el envite de la síndica del PP no se quedó huérfano de contestación. El portavoz socialista en la Cámara valenciana, Manolo Mata, puso negro sobre blanco verbalizando lo que su grupo, y también los que sustentan el Botànic, piensan de este viraje que, de hecho, genera división entre las filas populares. "Este no es un presupuesto vengativo ni rencoroso", le espetó Mata.
Las declaraciones de la presidenta regional del PPCV, no obstante, no son baladí. Aunque con sus palabras buscaba cuestionar al Gobierno del Botánico, la síndica del Partido Popular también golpeó con estas afirmaciones a su propia formación. Atribuyó al gobierno del cual formó parte el otorgamiento de estas prebendas a los agentes sociales, ya que la norma fue impulsada y aprobada hace dos años por el propio Gobierno popular de Alberto Fabra del que la misma Bonig formó parte como consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente.
El pasado 28 de noviembre, diez días después de que se produjera la manifestación que reivindicaba una financiación justa para la Comunitat Valenciana, la síndica del Partido Popular en Les Corts Valencianes sorprendió con el anuncio de querer modificar la ley de Participación Institucional para hacer las ayudas accesibles a las organizaciones sindicales y empresariales minoritarias.
Una iniciativa que fue interpretada por el resto de fuerzas parlamentarias como una "venganza", ya que tal maniobra se produjo tras la participación de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en aquella marcha a la que el PP fue la única fuerza política que no acudió. Así, previo anuncio a la propuesta de cambiar la norma, el partido de la gaviota registró dos enmiendas que restaban las cuantías que el Consell destinaba a la patronal valenciana presidida por Salvador Navarro, así como a los sindicatos UGT y CCOO.
Tras quedar en nada esta iniciativa -pues no recibió los votos suficientes para salir adelante-, la presidenta del PPCV tomó este miércoles la delantera y registró una proposición de ley que impregnaba ya el cambio legislativo necesario para que las subvenciones a sindicatos y patronales empresariales fuesen repartidas mediante concurrencia competitiva, y no por subvenciones directas. Es decir, enmendó lo que el ejecutivo al que perteneció aprobó hace dos años y reconoció que habían "hecho mal". Una propuesta que ahora, como demostró en el discurso de este jueves, se ha convertido en uno de sus proyectos estrella desde la oposición.