María Jesús Montero sonríe a Ximo Puig en una imagen de archivo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La intrascendencia nacional a la que está acostumbrado el Gobierno valenciano respecto a sus reivindicaciones territoriales –incluso cuando acude a Madrid a exponerlas– ha tenido su excepción. Si bien es cierto que, seguramente, no a gusto de la Generalitat. Fue el pasado 21 de julio cuando el jefe del Consell, Ximo Puig, planteó durante un desayuno informativo de Europa Press la posibilidad de un impuesto específico para las rentas altas de Madrid con el objetivo de "armonizar la fiscalidad en todos los territorios". En su discurso, acusó a la comunidad de competencia desleal por impulsar, aprovechando el efecto capitalidad, una política de impuestos bajos que el resto de autonomías no podrían igualar. Motivo por el que consideraba que era un buen momento para introducir este asunto con ocasión de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno para que Madrid "reparta con todos su plus de riqueza".
La cascada de reacciones desde entonces ha sido constante, especialmente desde el PP con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza en el rechazo a esa idea. Pero ahora se han añadido las de su propio partido (el PSOE). La respuesta oficial del Gobierno llegó este viernes en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en forma de portazo para atajar definitivamente una posibilidad abierta solo un día antes por su colega de Gobierno José Luis Escrivá. Mientras, autonomías de diferente sigo político también la desdeñan.
Montero fue contundente en sus declaraciones: "Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca. Creo que he sido bastante clara", zanjó. En su opinión, sería "contraproducente" que un Gobierno, sea del color que sea, trabajara en esa dirección. "La hoja de ruta en política autonómica es que nunca enfrente. Las iniciativas se encaminan a buscar el consenso, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan comparaciones, agravios, para que unas personas no piensen que tienen menos oportunidades que otras por el hecho de vivir en un territorio o en otro", señaló.
Sus palabras no sólo suponen una bofetada a Puig dos semanas después de que expusiera la propuesta, sino que además lo hace en la cara de un ministro de su propio Ejecutivo, José Luis Escrivá, quien este mismo jueves daba respaldo al jefe del Consell después de reunirse con él en el Palau de la Generalitat. El responsable de Seguridad Social defendió que el impuesto a las rentas altas de Madrid "es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido". 24 horas después, Montero lo desautorizaba, evidenciando la falta de coordinación que existe en el Gobierno central, y descartaba la tasa.
Tampoco los líderes autonómicos, ni siquiera los socialistas, han salido al rescate de Puig. Cantabria, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, aunque con ciertos matices, han expresado su rechazo. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha llegado a calificar de "ocurrencias que crean confrontación" el planteamiento de la tasa. Desde Aragón, un territorio de importancia por ser representativo de la llamada 'España vaciada', Javier Lambán sí cree necesario valorar el efecto de la capitalidad de Madrid sobre la economía y estudiar alternativas aplicadas en otros países, pero considera que la solución no pasa por "imponer tasas específicas a ninguna comunidad autónoma, sea la que sea". Del mismo modo, el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha liderado por Emiliano García-Page ve con buenos ojos hacer un "esfuerzo" de armonización fiscal, pero se muestra contrario a que "se imponga una tasa a un territorio concreto".
Las autonomías 'populares' tampoco difieren. El presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, valora la propuesta de Puig como una "evidente equivocación" e incluso duda de su "constitucionalidad". Mientras, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tampoco ve acertado impedir que se incrementen los impuestos en otras comunidades, pero al igual que Aragón sí demanda al Gobierno nacional una política fiscal favorable al medio rural. Por su parte, desde Cantabria, Miguel Ángel Revilla manifiesta su desacuerdo con las rebajas fiscales que aplica Madrid y aboga por que se pague la misma cantidad de tributos en todo el país.
El Ejecutivo central y los territorios se desmarcan, ¿pero qué ocurre con los socios de Puig y sus partidos aliados? Al parecer, más de lo mismo. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), sí le ha echado un capote en diversas ocasiones a la hora de criticar la competencia desleal de Madrid o el efecto capitalidad, pero tampoco comparte la solución de la tasa a las rentas altas. Su preferencia sería "establecer una legislación básica que no permita a ningún territorio hacer 'dumping fiscal' al resto", según expresó este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell. "Si hay una fobia contra los madrileños y madrileñas es la de su Gobierno, que prefiere cuidar a empresarios que se instalan ficticiamente para evadir impuestos antes que cuidar a la gente que vive allí", apuntó sobre las críticas por la 'madrileñofobia'.
El pronunciamiento acerca del asunto llegó hasta Más Madrid, cuyo diputado en la Asamblea Pablo Gómez Perpinyà indicó que hace falta "afinar y aclarar" la propuesta de Puig para "tratarlo con algo más de rigor". "El discurso de regiones ricas y pobres es incompleto. El coste de vida en Madrid es el más alto de todo el país y tenemos el metro cuadrado más alto, las tasas universitarias más elevadas, las tasas entre ricos y pobres mas grandes de toda Europa y un millón de personas en riesgo de pobreza. No caigamos en la trampa de hablar del conflicto territorial, cuando lo que hay es una guerra abierta de los grandes patrimonios contra la gente sencilla", indicó. Poco ha calado, por lo visto, el último planteamiento estrella del presidente de la Generalitat en su papel de barón federalista.
