Barracones: vuelta al cole de chapa y plástico 

VALÈNCIA. En el libro negro de Educación, edición agotadora, figuran dos asuntos en negrita: el decreto de plurilingüismo y el paisaje de chapa y plástico que siguen dibujando los barracones en toda la Comunitat. Juntas, estas preocupaciones sumaron buena parte de las 5.259 quejas que recibió el Síndic de Greuges durante 2016, solo en el apartado educativo. Si la política es transitar por las obsesiones propias y evitar las ajenas, este tampoco será el curso en el que las aulas prefabricadas desaparezcan.  

Hasta ahora, el Consell ha repetido que se trata de un problema heredado, como todo, del anterior gobierno del PP. Una fiebre que de repente explota. Y aunque el conseller Vicent Marzà marcó como "objetivo prioritario" la eliminación de estos módulos durante esta legislatura, ha tenido que rebajar el entusiasmo y reconocer que los problemas flotan pese a su tonelaje: "Hay una parte que asumimos, no está al ritmo que querríamos, es algo incuestionable, un hecho, y lo que vemos es que evidentemente la Administración no es tan rápida como querríamos".

Curiosamente, el PP valenciano, un partido que ha amnistiado tantas veces su pasado que ya solo puede mirar al futuro, ha sido el primer partido en criticar esta lentitud. Para la portavoz de Educación de los populares en Les Corts, Beatriz Gascó, carencias como esta son "el botón de muestra de la ineptitud de unos políticos del Botànic irresponsables que desconocen cómo gestionar, incumplen sus promesas y actúan con opacidad en los presupuestos y en las decisiones que adoptan".

La pérdida de protagonismo institucional del PP, sin embargo, no conlleva la desaparición de sus protagonistas. El expresidente Francisco Camps, convencido de que si habla bien de sí mismo (a veces, incluso en tercera persona) gana en razones, compareció en la Comisión de Les Corts que investigaba los sobrecostes y mordidas en la construcción de colegios (1.000 millones de euros) para asombrar con una de sus habituales volteretas, mitad olímpica, mitad etimológica: "Si hubiese seguido gobernando el PSOE, la Comunitat Valenciana sería Barraconlandia, la tierra de los barracones".

Cabía pronosticar un grado más de temperatura cuando el cantante Francisco llevó el tema, que cae bajo su jurisdicción, a la mesa de debate en Telecinco. A los excesos que permite la Comunitat con la infrafinanciación consecutiva, se suma con peso creciente el agobio que provocan algunas de las actuaciones recientes de las administraciones local y autonómica. De ahí la inevitable pregunta del dos veces ganador de la OTI: "¿Qué es más importante, eliminar barracones o el carril bici?".

Podemos, que en la Comunitat gallea pero no muerde, vigila pero no gobierna, también instó al conseller Marzà a acelerar los trámites para la adjudicación e inicio de las obras de varios centros. El de los barracones fue, precisamente, uno de los temas que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, acordaron abordar este mes de septiembre, en cuanto se reúna la comisión de seguimiento del Acord del Botànic.

En enero de 2016, el Consell presentó el Mapa de Infraestructuras Escolares, en el que las prioridades eran la eliminación de los barracones escolares y la construcción de 124 centros nuevos (423 millones de euros), además de la adecuación de otros 116, con un presupuesto de 60 millones. A falta de que Educación recopile la información para ofrecer datos concretos, que prevé hacerlo nada más empezar el curso, el mayor problema para la Administración era y es la falta de dinero. El alquiler, no obstante, tampoco alivia las cuentas: cada uno de los módulos cuesta entre 6.000 y 8.000 euros al año. La Comunitat llegó a tener 1.700 módulos instalados en 163 centros, lo que equivalía a justo la mitad del total de barracones en toda España.

En algunos casos, las demoras para dar soluciones a unas familias abismadas en la paciencia sirven para presenciar fenómenos inexplicables como si fueran inevitables. Es el caso del Colegio Público Padre Manjón, situado en la pedanía de la Torre. El centro lucía en su fachada hasta hace bien poco el escudo franquista (ya retirado) y aún conserva placas de uralita en la zona del gimnasio. Mientras se retira el amianto, los niños deberán trasladarse a las instalaciones que se levantan en un solar frente a Sociópolis. 

Otro de los casos paradigmáticos es el del Colegio Santo Angel de la Guarda (120.000 euros), que empezará el curso en un emplazamiento distinto mientras duren las obras del nuevo centro, previstas para julio de 2018 hasta finales de 2019, y que no tendrá listos ni los barracones provisionales para el inicio del curso, el 11 septiembre.

Según datos de la Conselleria de Educación, de los 1.391 centros del mapa educativo, 703 requieren algún tipo de actuación en infraestructuras. Es decir, la mitad de los centros, a los que acuden unos 270.000 alumnos afectados. En el caso de los nuevos colegios, antes de instalar las aulas, hay que montar los sistemas de seguridad, las cubiertas o la climatización, por ejemplo.

En la cola de actuaciones programadas, algunos de los colegios son el famoso 103 de Valencia, un conjunto de barracones emblema de la mala gestión de los populares, al que el Ayuntamiento ha instalado este agosto un toldo desmontable que proporcionará 70 metros cuadrados de sombra; acumulan retraso el IES Playas de Orihuela, el CEIP Poeta Miguel Hernández y La Encantà de San Fulgencio; Regina Violant, de Almassora, que encadena 11 años con aulas prefabricadas; el centro de Educación Especial La Encarnación, de Torrent, para el que se han destinado 416.227 euros. Después de casi 10 años de espera, avanzan las obras del Colegio Villar Palasí, de Sagunt, pero no las del Cremona, de Alaquàs.